68/ EXPEDIENTE ABIERTO

La intención es desprestigiar el movimiento, aseguran

El gobierno infiltró a los provocadores: líderes del 68

Pretendían también provocar a la policía del DF, dicen

Integrantes del Comité 68 pro Libertades Democráticas condenaron los "actos provocadores" que protagonizó un grupo de seudoestudiantes durante la marcha conmemorativa de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, e indicaron que se trató de un grupo de "mercenarios" que fue contratado por "las fuerzas más oscurantistas del gobierno federal" para "desacreditar a nuestra organización".

Francisco Martínez Marcué y Carlos Aquilino Pereyra precisaron que esos "grupos de choque" pretendían además provocar a la policía capitalina para que la opinión pública se quedara con la idea de que "la izquierda también es represora".

Agregaron que el gobierno del Distrito Federal actuó con prudencia y no cayó en las provocaciones, pues de haberlo hecho "se hubiera generado un enfrentamiento terrible".

Entrevistados después de su reunión con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José de Jesús Gudiño Pelayo y Humberto Román Palacios, los miembros del Comité 68 coincidieron en que existió una intencionalidad política de generar zozobra e incertidumbre entre la opinión pública, y "hacernos ver (a los que participaron en la marcha) como una bola de revoltosos y vándalos".

Refirieron que entre el grupo de "provocadores" había personas que venían preparadas para el enfrentamiento, y por ese motivo traían consigo piedras y palos para agredir a la gente que encontraban a su paso. Además, indicaron que fue notorio que los supuestos estudiantes se ubicaron en distintos segmentos de la marcha, todos ellos con mochilas en las espaldas.

Para Francisco Martínez Marcué es claro que los actos vandálicos del jueves fueron provocados por varios motivos: "en este momento coyuntural del país convergen varios problemas, no sólo el de la exigencia de algunos sectores de pedir justicia ante los crímenes del pasado, sino también el intento del gobierno federal de privatizar la industria eléctrica y la auténtica lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas por defender los intereses de todos los mexicanos.

A su vez, Aquilino Pereyra, de origen chiapaneco y quien formó parte del Consejo Nacional de Huelga en 1968, aseguró que: "todos los movimientos sociales con características progresistas que hay en el país siempre se van a ver denostados por la actitud de provocadores contratados por gente de derecha en el poder".

Finalmente indicó que cuando ellos realizaban marchas contra la represión de que fueron víctimas, "jamás actuamos de manera similar, siempre fuimos respetuosos de las normas".

Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Edgar Cortez, señaló que a 35 años de la matanza estudiantil, prevalece la impunidad y son "francamente pobres" los resultados de la fiscalía especial para movimientos sociales y políticos del pasado.

Señaló que al mismo tiempo que se creó dicha fiscalía en México (hace casi dos años), también se constituyó en Perú una comisión de la verdad que ya entregó resultados sobre las investigaciones de los crímenes cometidos entre 1980 y 2000.

"Llama la atención que esta experiencia en dos años logre un avance sustantico del derecho a la verdad de la sociedad peruana, mientras en México en el mismo tiempo los resultados son francamente pobres", afirmó.

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

68/ EXPEDIENTE ABIERTO

Analizan en foro el legado de las movilizaciones populares de hace 35 años

Instan ex activistas a unir esfuerzos para solucionar problemas nacionales

La coherencia del movimiento estudiantil debe impulsar hoy la participación social, señalan

JOSE GALAN

A 35 años de los sucesos del 2 de octubre de 1968, el gran legado es considerar estrategias y proyectos de interés nacional y buscar soluciones a la realidad mexicana mediante la unificación de esfuerzos, la organización y la disciplina que caracterizaron el trabajo del entonces Consejo Nacional de Huelga (CNH), como se ha hecho ahora en los juicios de responsabilidad penal contra quienes causaron la matanza de Tlatelolco, coincidieron ex activistas del CNH en el foro A 35 años del 2 de octubre de 1968, su legado, organizado por La Jornada y Casa Lamm.

Las vanguardias y movimientos políticos actuales, herederos en gran medida de las movilizaciones populares del 68, deben buscar la unificación de fuerzas con un propósito claro: construir un programa de transformaciones y cambios en áreas, como la energética, del agua, la salud y la educación. Fue la coherencia demostrada por una generación entera, la de 1968, la que debe impulsar de nuevo la participación social en México.

Ante un auditorio lleno, Raúl Alvarez Garín, Félix Hernández Gamundi, Sergio Zermeño y Raúl Jardón recordaron que el movimiento estudiantil de entonces estaba constituido por base y no cúpula, en un verdadero ejercicio democrático que partía de hasta dos o tres asambleas por aula, y en el que los 265 delegados transmitían verdaderamente el sentir de los estudiantes, y no las políticas de cúpula.

Alvarez Garín narró que al término del movimiento, luego de Tlatelolco, había un desgarre interno, conflictos, y no se sabía por dónde actuar: "Estábamos confrontados. Era una situación muy difícil. Los que estábamos en la cárcel teníamos una visión muy limitada, y quienes estaban en la calle sufrían presiones enormes". Recordó que el primer balance del movimiento se hizo "luego luego", y que el manifiesto que elaboraron Roberto Escudero y Gerardo Estrada "fue el más completo".

Luego surgieron cuatro corrientes de balance -prosiguió-, gracias a que el movimiento produjo "decenas de miles de militantes": un sector que afirmó que el movimiento fracasó por la falta de participación obrera, por lo que era necesario retomar el trabajo dentro de los sindicatos; otro sostuvo la necesidad de ir al pueblo y organizar el trabajo de los campesinos; otra corriente política expuso que el movimiento fue derrotado porque no concitó apoyo popular y calificó al movimiento estudiantil de "democratoide" y que desarrolló los grupos de lucha armada, formado en parte por miembros de las juventudes comunistas o de las barriadas.

Y otro -concluyó-, sin gran éxito organizativo, que pretendía recoger la reciente experiencia para actuar en grandes frentes, con una organización política dirigente. "Estas grandes corrientes se despliegan durante mucho tiempo para emprender diversos proyectos estratégicos. Su momento más importante es cuando se forman las grandes centrales, por ejemplo la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular.

Para Raúl Jardón el legado se divide en dos ramas: los militantes que participaron en los movimientos populares, de resistencia, de masas, y quienes se incorporaron a las estructuras del poder. Pero las formas democráticas, directas y participativas del movimiento "hicieron de un conjunto de cientos de miles de estudiantes una comunidad". Agregó que la coherencia fue el resultado de la lucha hacia afuera en combinación con sus formas de organización interna, y que más allá de las cúpulas, lo que dio homogeneidad al movimiento fue el impulso de esa comunidad desde abajo, es decir, desde las bases, "y aquí hay un paralelismo con el movimiento zapatista".

Sergio Zermeño, quien tomó la palabra en primer lugar, advirtió que "el movimiento no fue unificado sino heterogéneo", y que ligó a la juventud universitaria con la de prevocacional y vocacional, "lo que generó una gran potencia de ruptura", buscando algún tipo de democracia libertaria al ligarse a la manifestación del 26 de julio de 1968 que iba al Zócalo capitalino, donde se generó una gran reyerta y cuatro días de violencia, en la que los granaderos se vieron rebasados y tuvo que intervenir el Ejército.

Luego de hacer un repaso de los actores clave, habló de las corrientes surgidas del movimiento: el sindicalismo universitario; los partidos políticos de los años 70 y 80 como el PARM y, lo más importante, un movimiento maoísta de políticas populares, que terminó en las corrientes Línea de Masas y Línea Proletaria, que posteriormente fueron a trabajar con el pueblo, en las colonias populares. Y se preguntó: "¿El 68 fue ruptura o terminó siendo un adecuador del sistema político mexicano?"

Hernández Gamundi afirmó que falta analizar la visión de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de otros sectores de esa casa de estudios, que tuvo que combatir por su propia sobrevivencia. Recordó las luchas de alumnos de escuelas agrarias, como la Hermanos Escobar, en Chihuahua, a modo de antecedente de lo que vendría después, cuya organización permitió en 68 la coordinación del movimiento estudiantil y una dirección estudiantil colectiva totalmente democrática. 

68/ EXPEDIENTE ABIERTO

Analizarán fotografías y videos para identificar a involucrados; prevén más detenciones

Gente entrenada, responsable de los desmanes del jueves, dice Sales Heredia

Participaron 250 personas que actuaron simultáneamente; "buscaban la confrontación"

MIRNA SERVIN, SUSANA GONZALEZ Y LAURA GOMEZ

En los desmanes ocurridos durante la marcha conmemorativa del 2 de octubre participaron unas 250 personas divididas en células que actuaron simultáneamente, con cambios de ropa y peinados, y que buscaban la confrontación, por lo que es de suponer que se trata de gente entrenada para actuar de este modo aseguró Renato Sales Heredia, subprocurador de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Seguridad Pública local, expresó que esos hechos fueron "una provocación contra la ciudad", por lo que luego del análisis del material fotográfico y videográfico se podrían producir más detenciones.

Sin embargo, el número de personas detenidas este jueves representó casi la mitad de los jóvenes que la policía aprehendió el año pasado en las manifestaciones efectuadas con el mismo motivo, pese a que los desmanes ocasionados entonces fueron menores y ni siquiera hubo daños en edificios públicos.

En la conmemoración de 2002 por la matanza de Tlatelolco participaron unas 13 mil personas pero fueron detenidos 120 jóvenes, principalmente por el "secuestro" de camiones de la Red de Transporte de Pasajeros y daños a comercios, sucursales bancarias y vehículos particulares. En 2001 y por los mismos motivos, la policía detuvo a un centenar de presuntos manifestantes, de los cuales más de la mitad fueron liberados por falta de pruebas al anochecer del 2 de octubre.

Este año, los detenidos fueron 75, pero Sales precisó que sólo 19 permanecieron bajo investigación en el Ministerio Público, porque 50 fueron enviados al Consejo Tutelar por ser menores de edad y el resto quedó a disposición del juzgado cívico.

No obstante, explicó que para la investigación de los actos de vandalismo, así como para la identificación de más involucrados, se revisarán las videograbaciones de la policía y de televisoras, de igual manera en que la PGJDF procedió tras el zafarrancho entre comerciantes ambulantes en la calle de Bolivia, y el enfrentamiento de vecinos y comerciantes del barrio de Tepito con la policía capitalina.

Dijo que hasta ayer por la tarde únicamente seis dueños o representantes de los comercios y empresas afectados por los actos de vandalismo habían presentado querella ante la 50 agencia del Ministerio Público -entre ellos Televisa, Oxxo y la mueblería Viana-, cuyas pérdidas se calculaban de manera preliminar en más de 10 millones de pesos.

Por su parte, los presidentes de las cámaras de Comercio de la Ciudad de México y Comercio en Pequeño (Canacope), Juan Manuel Arriaga y Alfonso Dueñas, respectivamente, estimaron en 100 millones de pesos las pérdidas del comercio organizado durante la manifestación del 2 de octubre, derivado de los daños físicos al patrimonio de particulares y comerciantes, la paralización de la actividad económica y el saqueo de enseres domésticos, ropa y alimentos.

Por separado, exhortaron a los comerciantes afectados a presentar la denuncia corresponiente para dar celeridad a las investigaciones y se castigue a los culpables. Expresaron que la policía no previó ningún mecanismo para evitar que se cometiera tanto vandalismo, pues había una clara intención de perjudicar a la ciudadanía, de dañar edificios públicos y privados y "robar lo más que pudieran".

La Canacope, precisó Dueñas, solicitará al jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, que cubra la totalidad de los daños ocasionados a 6 mil 500 negocios que cerraron sus puertas durante más de cuatro horas, 2 mil 500 que no abrieron todo el día y 250 comercios saqueados, o dañados, así como la pérdida de 50 mil horas-hombre, por la omisión de los cuerpos policiacos.

Se le conminará -dijo- a analizar la posibilidad de reducir la edad penal para que se castigue a los menores infractores con toda severidad, mientras que a la Asamblea Legislativa se solicitará la reglamentación de marchas y plantones, "de tal manera que ni la ciudadanía ni la vida económica se paralice por culpa de quienes, abusando de un precepto constitucional, violentan los derechos al libre tránsito y al ejercicio de la libre empresa".