Miguel Concha

Democratización de las labores legislativas

El pasado 23 de septiembre las organizaciones civiles DECA Equipo Pueblo y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad entregaron al Senado, por conducto del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organizaciones No Gubernamentales Inter- nacionales, una propuesta ciudadana con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 72, 75, 82, 84, 86 y 93 de la Ley Orgánica del Congreso General, con el propósito de lograr su aprobación en el presente periodo de sesiones, una vez hechos los ajustes de técnica jurídica necesarios. La propuesta tiene por objeto instituir, delimitar y transparentar, por un lado, los mecanismos de definición de la agenda legislativa, y los de participación ciudadana en el proceso de desarrollo y enriquecimiento de las iniciativas en el seno de las comisiones por otro, como respuesta a una de las demandas más importantes de la sociedad y uno de los elementos fundamentales de los trabajos para la reforma del Estado.

El punto de partida del contenido y orientación de la misma fue el seminario Propuestas de reforma al marco jurídico nacional, celebrado en el contexto del foro El Senado de la República y la sociedad civil, hacia una nueva relación, convocado en junio del año pasado por 18 organizaciones, la UAM-Xochimilco y la comisión antes mencionada, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Legislativas del propio Senado y la participación de 80 ONG. En él se hizo una revisión de la Ley Orgánica del Congreso General, de su reglamento para el gobierno interior, de las legislaciones estatales, otras legislaciones nacionales y ordenamientos de organismos multilaterales, con el propósito de fundamentar, entre otras, las siguientes propuestas:

1. Establecer mecanismos jurídicos de participación de la sociedad civil o de ciudadanos en el proceso legislativo, que hagan obligatoria su consulta por parte de las comisiones, por lo menos en los siguientes casos: a) cuando lo soliciten por escrito organizaciones civiles especializadas en el tema que se discute; b) cuando se discutan iniciativas presentadas por organizaciones de la sociedad civil o particulares, y c) cuando se discutan iniciativas de ley sobre materias en las que no existe consenso en el seno de las comisiones o cámaras.

2. Difundir con oportunidad la agenda del Senado, especialmente respecto de las iniciativas que están en proceso de dictamen o las que se pondrán a consideración del pleno, con el objetivo de estar en posibilidad de encontrar puntos de convergencia con la sociedad civil

3. Establecer mecanismos para que la sociedad civil pueda dar seguimiento a las iniciativas de su interés. En dicho foro se acordó además una agenda común de 11 puntos, presentada también al Senado el pasado 13 de febrero, en la que se parte de la coincidencia "en la necesidad de dar un mayor impulso a las relaciones entre el Congreso, en este caso el Senado de la República, y la sociedad civil, en beneficio de nuestra democracia".

Con el criterio de la llamada "rendición vertical de cuentas", que alude a la capacidad de los ciudadanos para discernir entre gobiernos representativos y no representativos, sancionándolos apropiadamente y reteniendo en el cargo a quienes tuvieron un mejor desempeño, con profundas raíces en procesos de cambio que se están dando en el ámbito global, pero sobre todo a escala de la evolución de la participación de la sociedad en México, se propone -entre otras cosas- por primera vez la obligación de las comisiones de contar con una agenda legislativa y de trabajo pública, que además de considerar las propuestas de los grupos parlamentarios, de la Junta de Coordinación Política y de los senadores miembros de la comisión, prevea las propuestas escritas y oportunas de los grupos de interés, asesores, peritos o personas que puedan aportar conocimientos y experiencias, para quedar constituidas.

Se propone igualmente establecer como atribución de la Junta de Coordinación Política hacer pública la agenda legislativa de cada periodo de sesiones, y extender a su presidente la atribución de recibir y desahogar ante la misma las propuestas de estos últimos para la elaboración de la agenda legislativa. Se establece además en la

iniciativa que las reuniones de las comisiones sean públicas cuando así lo acuerde su mesa directiva por iniciativa propia, o en respuesta a solicitud expresa y por escrito de algún grupo de interés, así como que sus sesiones de información y audiencia también se lleven a cabo por invitación de los representantes de éstos, asesores, peritos o personas que puedan aportar sus conocimientos y experiencias.