Ana María Aragonés

Más argumentos para negociar

E hecho de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos haya aceptado la matrícula consular como forma de identificación es una victoria absoluta, pues si bien queda claro que se trata de una identificación que no juega en ningún sentido para la obtención de la residencia legal, sí facilita la vida a los migrantes y, por supuesto, a los indocumentados. Por lo pronto, van a poder abrir una cuenta de banco, lo que disminuirá los riesgos de asalto, enviar el dinero de manera más segura y más barata que con los usureros de Electra, por ejemplo; podrán sacar licencia de manejo y tener un seguro -que por otro lado es obligatorio- pero que sin el requisito de la licencia no podían comprarlo; en fin, vivirán un poco más tranquilos. De eso se trataba.

Empiezan a caer por tierra algunos (no muchos desafortunadamente) de los argumentos que están impidiendo que los migrantes indocumentados empiecen a ser reconocidos como parte de una sociedad en la que viven y trabajan con creces.

Hay que seguir insistiendo, como hacen algunos reconocidos senadores de Estados Unidos, como el demócrata Edward Kennedy y el republicano Larry Craig, quienes están presentando una propuesta de ley para legalizar a 500 mil migrantes indocumentados agrícolas, y si bien son muchos más -pues como señala el Departamento del Trabajo, de un millón 600 mil trabajadores agrícolas la mitad son indocumentados- y está limitada a trabajadores del campo, es considerada un "evento histórico" que da enorme credibilidad, porque se trata de una posición conjunta de dos representantes de partidos distintos.

Esto se une a propuestas de otros congresistas, como hemos reseñado en ocasiones anteriores. Ojalá tomen nota nuestros representantes en el Congreso.

Hay que seguir enfatizando en aquellos argumentos que son útiles para la negociación y ponen en cuestión algunas de las posiciones más conservadoras, a veces racistas, en contra de la posible amnistía o regularización de los migrantes indocumentados. Una tiene que ver con el supuesto de que después del 11 de septiembre hay que cambiar los términos de la negociación. Yo pregunto, Ƒpor qué? Los migrantes indocumentados son exactamente los mismos ahora que antes de la nefasta fecha, llevan a cabo el mismo trabajo ahora que antes, y su situación irregular es la misma ahora que antes. Se trata de un fenómeno laboral que deriva en una injusticia jurídica, ya que los indocumentados lo son por puro accidente y, sin embargo, producen grandes ganancias a patrones, empresarios, dueños de restaurantes y la sociedad en general; curiosamente uno de los que se beneficia con creces de esta enorme cantidad de indocumentados es el gobierno de Estados Unidos, al recibir los impuestos que pagan estos trabajadores. Y no sólo los impuestos derivados del pago de renta, del consumo, etcétera, sino se trata de pagos multimillonarios que hacen a la seguridad social y que les son descontados directamente de sus cheques.

En un extraordinario artículo de The Washington Post, autoría de Mary Beth Sheridan, se señala que en 1990 las contribuciones de los indocumentados al seguro social fueron calculadas en mil 200 millones de dólares (mmd), en tanto que para 1998 habían aumentado a 4 mmd, con la terrible injusticia para los trabajadores de que, a pesar de tener derecho al rembolso, los migrantes no lo solicitan por temor a ser descubiertos, ya que laboran con papeles falsos, lo que supone millones de dólares por este concepto y es el gobierno el que los tiene en sus arcas.

Se argumenta en contra que gastan más en servicios sociales que lo que pagan por impuestos, pero habría que recordar que desafortunadamente después de la ley de 1996, éstos han sido cada vez más recortados, pues para tener acceso a esos derechos hay que ser migrante legal. Y una vez más queda claro, parafraseando el slogan de la enorme manifestación que se dio cita el primero de octubre en Washington, DC, cuyo objetivo es presionar en favor de la amnistía: quitarle derechos a uno es quitarle derechos a todos.

Una ironía más en la que viven estos trabajadores porque, por un lado, al gobierno no le importa si quienes pagan esas sumas multimillonarias son indocumentados, violadores de la ley supuestamente, pero se niega a darles el crédito, que pasa, sin ninguna duda, por otorgarles los papeles.

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