Se les acusa de despojo en la toma de módulos

Dictan auto de formal prisión a líderes aliancistas de Ruta 100

LAURA GOMEZ FLORES

El juzgado 61 en materia penal dictó auto de formal prisión en contra de los representantes de la Alianza de Trabajadores de Ruta 100, Jorge Cuéllar, Felipe Domínguez y Ernesto Monroy, y su asesor jurídico, Jorge García Ramírez, por despojo en pandilla, durante la toma de los módulos de Canal de San Juan y Santa Marta.

La defensa de los dirigentes, encabezada por Miguel Angel Velasco, informó que promoverá un amparo en el juzgado sexto B de distrito, que lleva su causa, para que continúen en libertad y se realice un juicio ordinario para aportar pruebas y demostrar que "no existe base legal para encarcelarlos" mediante un procedimiento sumario.

Agregó que antes del 17 de octubre, cuando vence el plazo establecido, se presentará en el juzgado con pruebas de descargo, como el acta notarial rubricada por Héctor Trejo Arias, de la asamblea celebrada el pasado 26 de julio en la Plaza de Armas de la Magdalena Mixhuca, cuando se decidió la toma de los módulos 13, 41 y 51 del Grupo Metropolitano de Transporte (GMT).

Asimismo, presentará la minuta de la reunión que sostuvieron el 27 de julio con el subsecretario de Gobierno, Martí Batres, para entregar dichas instalaciones, con el entendido de que se trataba de un conflicto entre particulares, en el cual la administración local sólo fungiría -de solicitársele- como mediadora entre los representantes de la alianza y del GMT, encabezado por Gabino Camacho y Fernando García.

Indicó que también presentará las declaraciones de Antonio Ortega Sánchez, Cristina Olvera Torres y Angel Santiago García, quienes afirmaron que los acusados no se encontraban en el lugar cuando se consumó la toma de los módulos.

Con estas pruebas, consideró Velasco, "se echarán por tierra los argumentos esgrimidos para dictarles auto de formal prisión, pues no participaron en los hechos como señala la gente del Grupo Metropolitano". Además, dijo, "vamos a continuar con el proceso", mientras se determina quién tiene la titularidad de la comisión liquidadora de Ruta 100, para "iniciar la distribución de bienes y acabar con siete años de injusticias".