El empresario dijo al juez Balderas: "¡Eres un hijo de la chingada; te voy a matar!"

En la Plaza México los toros no son el único peligro; también lo es Herrerías

Amagó a El Glison y advirtió que acabará con López Obrador y la Comisión Taurina

ENRIQUE MENDEZ

En la Plaza México el riesgo de morir no es sólo para los toreros, en el ruedo. Al juez de plaza Ricardo Balderas Bernal la amenaza contra su vida le llegó en los pasillos del coso, directamente del empresario Rafael Herrerías Olea: "¡Eres un hijo de la chingada! ¿Y sabes qué? Que yo te voy a matar".

El amago ocurrió en diciembre de 2002 y se repitió en febrero de este año, pero la denuncia que por "ultraje, amenazas y lo que resulte" presentó Balderas Bernal, de 80 años, ante la agencia 50 del Ministerio Público (MP) fue apenas consignada ante un juez, y eso sólo cuando el procurador capitalino, Bernardo Bátiz, instruyó al subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Renato Sales Heredia, que acelerara el procedimiento.

Durante casi nueve meses la demanda estuvo congelada y en el mismo estado se encuentran otras dos, presentadas por Víctor Juárez, secretario técnico de la Comisión Taurina del Distrito Federal, y el matador Jorge de Jesús Gleason -también amenazados de muerte por Herrerías Olea-, así como otra que, por fraude, interpusieron en abril pasado los tenedores de tarjetas de derecho de apartado.

La única denuncia que se ha seguido, ante la insistencia del español Enrique Martín Arranz, representante de los matadores José Tomás Román Martín y José Miguel Arroyo, es la iniciada por la falsificación de su firma en un contrato apócrifo, de los 33 que la empresa Plaza México SA de CV presentó a la delegación Benito Juárez para que se le autorizara la venta de derechos de apartado para la temporada 2002-2003.

El 24 de septiembre, Arranz se presentó ante la Fiscalía de Delitos Fiscales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para depositar su firma en el expediente FDF/513/03-05, de cuya resolución judicial depende la cancelación de la licencia de funcionamiento de la plaza.

Tres requerimientos a la Benito Juárez

En la fiscalía, Arranz ojeó un abultado expediente, en el cual se incluyeron fotografías de los contratos, como garantía de su existencia ante su eventual "desaparición". Y es que la semana pasada, y luego de tres requerimientos, la delegación Benito Juárez respondió a la PGJDF que no tiene en su poder los contratos originales.

La administración de José Espina von Roëhrich, ex delegado panista en Benito Juárez, autorizó a Herrerías vender el derecho de apartado con documentos apócrifos, como demostraron los ciudadanos Eduardo Salvador Gallegos y Miguel Martínez Rosas, quienes presentaron una denuncia, acompañada de un peritaje en el cual se concluyó que son falsas 13 de las firmas estampadas en los 33 contratos de la temporada.

El perito que comparó las firmas de los contratos con las originales, Octavio Solís Flores, concluyó: "provienen de un mismo origen gráfico, esto quiere decir que una misma persona las realizó... y recomiendo que se tome muestra de escritura a la persona que usted sospecha" hizo la falsificación.

Al final del cuadro comparativo, se incluyó la firma de Juan Castañeda Bardales, gerente de Plaza México SA.

Ante la gravedad del caso, el 14 de abril las autoridades de la delegación, el presidente de la Comisión Taurina del Distrito Federal, Carlos Mendoza Aupetit, y el director de Concertación Política del Gobierno capitalino, César Cravioto Romero, suscribieron un acuerdo para agilizar el procedimiento administrativo contra Herrerías, "que llevará a considerar las sanciones que se aplicarán a la empresa".

El punto dos del acuerdo precisa: "si se comprueba la falsedad de los contratos, se aplicará la sanción más severa posible, que será acordada entre el Gobierno del Distrito Federal (GDF) y la delegación".

En agosto pasado -durante una reunión con la Comisión Taurina- el procurador Bernardo Bátiz se comprometió a acelerar la investigación.

Honestidad y transparencia

Dos horas antes de la cuarta novillada de la temporada, el domingo 21 de septiembre, en una fonda donde come todos los domingos, el juez Ricardo Balderas conviene: "¿Sabe qué es lo que creo? Que me están cuenteando".

El gobierno capitalino le ha ofrecido agilizar la investigación y respaldarlo para que cumpla con el párrafo uno del artículo 6 del Reglamento Taurino del Distrito Federal: "ejercer el carácter de autoridad superior dentro del espectáculo taurino".

Pero la evidencia es de lo contrario. En la plaza de Mixcoac -catalogada de "primera categoría"- la fuerza que se impone es la del equipo de seguridad de Herrerías, aunque Cravioto afirma que el GDF ignora que ese cuerpo opera en el coso.

Después de las amenazas de muerte, al juez se le asignó una escolta de policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, que cada tarde de toros resguarda el palco.

Aun así, en las corridas del 9 y el 10 de diciembre del año pasado, los empleados de la empresa impidieron a Balderas cumplir con sus funciones de recepción, pesaje y reseña de los toros que debían lidiarse en el séptimo festejo de la temporada.

Nueve meses después, la presión continúa y el resguardo policiaco en el palco del juez es permanente.

El acoso de Herrerías comenzó el 24 de noviembre. Esa tarde -como consta en la averiguación previa FACI/50T2/1950/02-12- el empresario sostuvo una discusión con el ganadero Teófilo Gómez sobre el orden de salida de los bureles. Herrerías ordenó finalmente a un torilero abrir la puerta de toriles y el astado entró en el ruedo, sin que el juez ordenara su salida.

El torilero había bebido, como corroboró el inspector autoridad, Eduardo Moreno, quien fue instruido por Balderas a remitir al primero ante el juez cívico de la delegación. Minutos después sonó el teléfono del palco. Del otro lado de la línea, Rafael Herrerías espetó: "Mándame a mí detener, porque yo le ordené a mi empleado que abriera la puerta de toriles". El juez le pidió que no se involucrara. La respuesta fue: "¡Esta es mi casa y mando yo!"

Por eso Balderas presentó una queja ante el juez cívico de la delegación y solicitó girar un citatorio al empresario de la plaza para dirimir el conflicto.

El jueves 5 de diciembre, Herrerías interceptó a Balderas en los pasillos de la plaza y lo amenazó: "¡Eres un hijo de la chingada! ¿Y sabes qué? Que yo te voy a matar, porque tú me quieres meter a la cárcel".

Balderas le pidió que se tranquilizara, pero el representante de Plaza México SA sostuvo su advertencia de muerte. Agregó: "¿Y sabes qué? Al ratero de (Andrés Manuel) López Obrador me encargo de acabarlo. También esa Comisión Taurina se va a la chingada porque les voy a dar en la madre".

Esos testimonios están en la averiguación previa radicada en la agencia 50 del MP, consignada ante un juez, pero frente al secretario de Gobierno, Alejandro Encinas, Herrerías negó todo.

En marzo se descubrió la falsificación de contratos y la delegación Benito Juárez inició un procedimiento administrativo. El 13 de ese mes, mientras se realizaba uno de los interrogatorios a los que la demarcación sometió a asesores técnicos, médicos, veterinarios, los jueces de plaza y los integrantes de la Comisión Taurina, en el coso eran bajados los toros para la lidia del domingo 16, sin la presencia de la autoridad.

Avisado de la irregularidad, pues el reglamento taurino obliga a que "en plazas de primera categoría, las reses a ser lidiadas deberán estar en los corrales del coso cuando menos cuatro días antes del espectáculo", Balderas se inconformó. El argumento que le ofrecieron fue que el desembarco de los astados se había hecho ante notario público, cuando en la plaza es él y nadie más la máxima autoridad.

Javier Vallejos Dellaluna, director de Gobierno de la delegación, y Evamaría Aviña Cerecer, subdirectora de Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos en Benito Juárez, le ofrecieron una secretaria para que redactara una carta, dirigida al gerente Juan Castañeda, para informarle que por esa violación al reglamento se suspendía la corrida del 16 de marzo, la llamada de La oreja de oro.

Y ante la molestia de Balderas por la maniobra con el notario, Aviña Cerecer le respondió: "Ya ve, matador, a lo que se prestan algunos notarios".

A pregunta expresa, y tras contar ese episodio, Balderas asume que las irregularidades cometidas por la empresa y el propio Herrerías son suficientes para revocarle la licencia de funcionamiento.

Expresa su decepción por lo que considera una falta de apoyo del GDF a su labor, sobre todo porque las agresiones en su contra se derivan precisamente de que, como juez de plaza, sólo ha cumplido con su obligación. "Mi nombramiento dice que debo actuar con honestidad y transparencia".

En la México, "un mugrero"

Jorge de Jesús Gleason, El Glison, está vetado para torear en la Plaza México, por instrucciones precisas de Rafael Herrerías. A él, el empresario también lo amenazó de muerte y El Glison presentó una demanda como "seguro" para impedir que la advertencia se cumpliera.

Sin embargo, no se presentó a ratificar la denuncia. "No tiene sentido ir a perder el tiempo. ¿Para qué, para que no pase nada? Este es un atento aviso y aunque crean que nadie se da cuenta, la gente sabe: en la plaza hay un mugrero, los toreros están sometidos, la mayoría tiene miedo y por eso los aficionados ya no van".

Jorge de Jesús, a quien el veto no le impide presentarse en otras plazas, pues recientemente toreó en Tlaquepaque, Pachuquilla y Mexicali, redondea: "El Gobierno del Distrito Federal está coludido, con miedo, y qué triste, porque esta es una gran mancha para la administración de Andrés Manuel López Obrador. Pero ojalá que haga algo para que la fiesta pueda renacer".