El 20 de octubre, audiencia en Washington; también irá la fiscal Margarita Guerra

Familia de Digna Ochoa impugnará ante la CIDH dictamen del suicidio

La Cejil documentará fallas en la investigación, "independientemente de la causa del deceso"

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

Familiares de Digna Ochoa y Plácido acudirán el próximo 20 de octubre a una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la ciudad de Washington, para documentar presuntas irregularidades en la investigación sobre la muerte de la defensora de derechos humanos, que -aseguran- ponen en duda la conclusión de que la defensora de derechos humanos se suicidó.

El director del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) en Mesoamérica, Juan Carlos Gutiérrez -quien representa a la familia ante la CIDH-, explicó que el caso seguirá litigándose en el ámbito internacional, debido a las "graves deficiencias" en las indagaciones.

Indicó que en la audiencia ante la CIDH se van a presentar los resultados de la investigación que realizó un equipo de peritos contratado por los familiares, los cuales demuestran que hay indicios de que la abogada no se suicidó, sino que pudo haber sido asesinada.

Dijo que entre las anomalías más graves que van a denunciar ante la CIDH es que el informe de la necropsia omite una serie de lesiones en el cadáver de Ochoa, y que pudieron haber sido ocasionadas por un agresor, la desaparición de pruebas y que a la familia no se le ha permitido aportar elementos en su calidad de coadyuvante en la investigación.

Gutiérrez aseguró en entrevista que el caso de Ochoa -quien apareció muerta en un despacho de abogados el 19 de octubre de 2001- es de gran relevancia, porque puede demostrar que los ciudadanos mexicanos no tienen la garantía judicial de investigaciones independientes e imparciales.

Aclaró que el papel de la CIDH no es determinar si Ochoa se suicidó o no, sino la responsabilidad de funcionarios estatales en este hecho o si ha existido una investigación acorde con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Señaló que uno de los aspectos más cuestionables de la indagación es que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en su afán de demostrar resultados rápidos, ha negado a la coadyuvancia la oportunidad de presentar pruebas, lo que es una violación a las leyes mexicanas y a la convención americana, que en su artículo octavo señala que el juez debe ser independiente e imparcial en el análisis de las pruebas y la aplicación de la justicia.

Dijo que si la procuraduría capitalina insiste en archivar el expediente y en consecuencia se agotan los caminos legales en México, buscarán que la CIDH recomiende al Estado mexicano la reparación de los daños ocasionados a la familia Ochoa por las deficiencias en la investigación, que se reabra el caso y que se nombre un fiscal idóneo que garantice independencia e imparcialidad.

-¿Por qué consideran que este caso puede representar un símbolo de las anomalías en el sistema judicial mexicano?

-Es un caso paradigmático, y así lo dice el primer informe de los expertos de la CIDH. A pesar de la atención internacional y de los fiscales especializados, se han cometido errores graves en la investigación, como la desaparición de pruebas, la destrucción de la cadena de custodia, una diligencia de necropsia que no fue practicada con rigor científico. Si eso ocurre en un caso así, qué puede esperar un ciudadano mexicano cualquiera.

-Cuando la procuraduría concluyó que Ochoa se había suicidado, algunos pensaron que el caso estaba cerrado.

-Como Cejil queremos demostrar que independientemente de la causa de la muerte, hubo graves deficiencias estructurales en la indagación, y que el Estado no está cumpliendo su responsabilidad de investigar una violación a los derechos humanos. De nada sirve que se haya nombrado una fiscal especial (Margarita Guerra) si no garantiza independencia e imparcialidad para conocer las pruebas de la coadyuvancia, o que haya investigado con base en una sola hipótesis. El Estado mexicano ha manifestado que está colaborando, pero su obligación no se queda en nombrar un fiscal especial, sino en hacer todos los esfuerzos para llegar a la verdad.

-¿Cuáles son las principales irregularidades que detectaron en la investigación?

-Por ejemplo, la diligencia de necropsia, que omite el señalamiento de heridas diferentes a lo manifestado por la hipótesis del suicidio, y la afirmación de la coadyuvancia de que han desaparecido pruebas, lo que es muy grave en el marco de una investigación de ese tipo.

-¿En cuánto tiempo puede la CIDH dar una resolución?

-Estamos en la etapa previa a la admisión del caso. Vamos a tener la audiencia del día 20, a la que van a acudir los representantes del Estado, la fiscal Margarita Guerra y los familiares. Vamos a plantear las irregularidades, y estamos seguros de que se van a demostrar las graves deficiencias.

-Cuando se conoció la conclusión de la procuraduría capitalina hubo desconcierto en el ámbito de los organismos no gubernamentales. ¿Cuál es su opinión?

-La sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales siguen analizando el expediente. No creo que la sensación sea la de avalar la hipótesis del suicidio, y mucho menos aceptar que no ha habido irregularidades en la investigación. Es importante aclarar que ni la comisión ni Cejil están avalando hipótesis alguna, porque su papel no es ese, sino el de demostrar que se han respetado o violado las garantías de una víctima.