Antonio Gershenson

ƑA cuál política se va a privilegiar?

Cuando el presidente Fox dijo, al anunciar algunos cambios de funcionarios después de la derrota electoral del partido que lo llevó al poder, que se trataba de privilegiar a la política como medio para resolver los problemas, quedaba por verse a qué política se refería. Una posibilidad incluiría la búsqueda de lograr consensos reales, lo cual implicaba la disposición de abandonar los frustrados intentos de imponer al país la entrega de los energéticos; gravar con el IVA a alimentos y otros bienes y servicios básicos, y el sacrificio de los derechos laborales. La otra posibilidad principal era el uso de recursos, más que políticos politiqueros, buscando nuevamente la imposición de estas medidas, eufemísticamente bautizadas como reformas. En este momento, aparece en primer plano la cuestión de los energéticos.

Por lo menos hasta el momento, parece claro que se trataba de esta segunda posibilidad. Se ha aprovechado la posición de lo que alguien podría llamar la derecha del PRI, para lograr apoyos a las iniciativas que, una y otra vez, habían sido rechazadas. En unos casos los legisladores, en otros la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en todos la opinión pública, habían frenado, y luego descartado, esos intentos. Y esto no viene de ahora, del actual gobierno. Ya en el pasado sexenio fracasaron, primero, la privatización de la petroquímica de Pemex, luego la reforma constitucional en materia eléctrica.

Los líderes priístas que han aceptado entrar a este juego, más que ser derechistas, carecen de principios. Si se trata de adoptar una posición para lograr determinadas ventajas, la adoptarán aunque sea contraria a su propio discurso anterior. Pero el costo político les está resultando bastante elevado. Aunque no sea sólo eso, en el trasfondo de la actual división del PRI está también la definición de la candidatura priísta para la elección presidencial de 2006. Y esa combinación de factores les hace aún más difícil salir adelante.

Los portavoces del gobierno federal anuncian una iniciativa de reforma constitucional. De hecho, ahora se persigue no sólo la entrega de la parte de la industria eléctrica que queda en manos de la nación, y la destrucción de lo que queda de planeación en el servicio público de energía eléctrica, sino también la entrega del petróleo, empezando por el gas natural no asociado al petróleo crudo. Están claros los intereses que se mueven detrás de esta iniciativa. Las empresas gasero-eléctricas y gasero-petroleras tienen, para los gobiernos recientes, prioridad absoluta, inclusive frente a las empresas que están cerrando por las altas tarifas eléctricas, y las que cerraron en 2001 por los altos precios del gas natural. Pero con un mínimo de objetividad, los funcionarios involucrados hubieran notado el pantano en el que se están metiendo.

A estas alturas, está claro que la mayoría de los senadores priístas no entra a este jueguito. Tampoco lo harán decenas de diputados de esa misma filiación política. Y una reforma constitucional requiere de la mayoría de dos terceras partes en cada una de las dos cámaras legislativas y, luego, de la ratificación por la mayoría simple de las legislaturas de las entidades federativas.

Esto es imposible en la actual situación. Y el paso del tiempo les complica las cosas aún más, porque se irá acercando 2006. Ya les pasó lo mismo a Zedillo y a Téllez con su pretendida reforma constitucional. De ahí que se esté discutiendo -entre los legisladores que se oponen a la entrega de los energéticos- si se presenta una iniciativa o el arribo a una posición común en ese sentido.

Los puntos básicos de esta alternativa, en los que aparentemente habría consenso, son: autonomía de gestión de las empresas públicas, para que los tecnócratas de la Secretaría de Hacienda dejen de manejarlas desde fuera y de limitarles y recortarles el presupuesto; pleno restablecimiento de la planeación de largo plazo para asegurar el servicio en las mejores condiciones; suficiente inversión pública en las industrias estratégicas; diversificar las fuentes primarias de energía y reducir la dependencia, hasta lograr su desaparición en materias estratégicas, y uso eficiente de los recursos.

Tampoco es fácil que se apruebe una iniciativa que no cuente con el acuerdo del gobierno federal; sería deseable que lo hubiera, pero de todos modos es correcto impulsar esta alternativa para que se pueda realizar más pronto o más tarde.

Si se vuelve a llegar a un empantanamiento, el país será perjudicado, pero si este gobierno se conforma con demostrar que puede pasarse otros tres años sin ningún resultado, es obvio que el electorado los volverá a repudiar, y en mayor escala que la que se vio en julio pasado.