Sólo tres entidades tienen leyes de ciencia y tecnología

Se mantiene el centralismo en la investigación estatal

JOSE GALAN

Sólo tres entidades del país cuentan con leyes estatales de ciencia y tecnología, y 22 con consejos locales sobre estas materias. Es decir, se mantiene la centralización de las decisiones sobre investigación y desarrollo regionales, ya que las universidades públicas de los estados del país dependen para sus programas de los escasos fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la voluntad política de los gobernadores en turno, y de la apreciación a distancia de los legisladores al momento de diseñar los presupuestos y subsidios federales para esas instituciones.

Las cifras hablan por sí solas del poco interés que los mismos gobiernos estatales han brindado al desarrollo de la planta local de investigadores y científicos que, si bien en algunas partes del país realizan una labor silenciosa pero importante, no tienen acceso a mayor financiamiento para proyectos de desarrollo vinculados directamente con la zona en la que se ubican, y que en muchas ocasiones se realizan en condiciones precarias, sin laboratorios o infraestructura adecuada. Los tres únicos estados que cuentan con una ley de ciencia y tecnología son San Luis Potosí, Puebla y Sonora.

Por ello, no es raro que la investigación y el desarrollo se realicen, de manera fundamental, en las llamadas universidades públicas federales; es decir, en primer lugar la Universidad Nacional Autónoma de México y, posteriormente, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana. En ellas también se concentra la máxima expresión de la difusión cultural y deportiva. De allí la necesidad, según planteará el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCT) en el seminario que celebrará lunes y martes en Los Cabos, Baja California Sur, de impulsar no sólo la creación de consejos estatales de ciencia y tecnología en las entidades que aún faltan por hacerlo, sino también de crear condiciones para que los congresos locales destinen recursos etiquetados precisamente para esos rubros.

Los representantes de cerca de 89 instituciones públicas también buscarán diseñar estrategias para acercar la iniciativa privada al financiamiento de investigación y desarrollo en las regiones donde tienen mayores inversiones, más allá de la idea de desdén hacia la ciencia y la tecnología que permanece entre los empresarios. El sustento de esta idea está en que no ha crecido el interés de las empresas por modernizarse y por crear grupos de desarrollo tecnológico.

El seminario, organizado por el FCCT, la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, subrayará el papel fundamental de la universidad pública en el desarrollo de México, pero abogará por incluir el uso de nuevas tecnologías, alentar mayor vinculación de las universidades con su entorno social -ante el interés que los avances científicos despiertan en diversos sectores sociales-, e insistir en la necesidad de desarrollar la investigación a pesar de los costos, para lo cual sería necesario sacrificar otras áreas, como la matrícula.

El seminario también buscará construir propuestas de mecanismos que repercutan en el crecimiento de la planta científica y tecnológica del país, la modernización de las universidades públicas, así como fortalecer la competitividad académica de las instituciones.