La Comisión de Fiscalización del IFE la sanciona con 545 millones 169 mil 649 pesos

Multa a Alianza por el Cambio

No está en duda la legalidad de la elección del Presidente de la República: Alonso Lujambio

ALONSO URRUTIA

La Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó anoche sancionar a la Alianza por el Cambio con 545 millones 169 mil 649 pesos por diversas irregularidades en el financiamiento de la campaña de Vicente Fox. A pesar de ello, el presidente de la comisión, Alonso Lujambio, sostuvo que las violaciones comprobadas no ponen en duda la legalidad de la elección del Presidente, toda vez que la legislación actual no establece como causal de nulidad violar normas de financiamiento de las campañas.

De igual forma, la Comisión de Fiscalización acordó dar vista a la Secretaría de Hacienda por posibles delitos fiscales a las empresas Alta Tecnología en Impresos, ST and K y K Beta, cuyo propietario mayoritario es Lino Korrodi, responsable de las finanzas de Amigos de Fox. La determinación de los consejeros obedeció a que en el análisis de los manejos financieros de dichas empresas se detectaron transacciones ''alejadas del objeto social de las mismas''.

De acuerdo con Lujambio, la comisión no pudo llegar a determinar si el presidente Fox conocía de estas transacciones a favor de su campaña, pero ''nuestra convicción razonable y fundada es que el ciudadano Vicente Fox estuvo en aptitud de dar a conocer al PAN y al PVEM la existencia de estas instancias que eventualmente estaban realizando erogaciones a favor de su persona'', pues él fundó la organización.

A juicio del consejero Jaime Cárdenas -quien se abstuvo en la votación por estar en desacuerdo con la falta de exhaustividad de la indagatoria-, la violación del tope de campaña, la recepción de recursos provenientes del extranjero y de empresas debieran ser causales de ''anulación'' de la elección y una multa mucho mayor, e inclusive consideró que el propio presidente Fox debería ser sancionado por todos estos hechos, más allá del ''mito'' que hay en el IFE de que no se puede castigar a personas.

Junto con José Barragán, cuestionó la falta de exhaustividad de la investigación, el monto de las sanciones involucradas y los métodos usados. Ambos consejeros optaron por reservar la discusión sobre el proyecto de resolución hasta la sesión de este viernes en el Consejo General, cuando se apruebe en definitiva la sanción a la Alianza por el Cambio.

En una sesión relativamente breve, se acordó también que los 360.9 millones de pesos que corresponden de multa al PAN serán liquidados -a partir de que resuelva eventuales recursos de inconformidad el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación- de la siguiente forma: tres meses de no percibir prerrogativa alguna y, en los meses subsiguientes, una reducción de 50 por ciento hasta que se liquide el total de la multa.

Por lo que corresponde a los 184.1 millones de pesos del PVEM, se pagarán con un mes sin recibir prerrogativas y el resto mediante la reducción de 33.8 por ciento de los recursos públicos que recibe mensualmente, hasta liquidar el monto total de la sanción.

Al justificar la determinación, aprobada por cuatro votos a favor -Lujambio, Mauricio Merino, Jacqueline Peschard y Gastón Luken- y dos abstenciones, el presidente de la comisión dijo que la multa aplicada no es menor. Se ha medido con la misma vara que a todos los partidos y ''no es minúscula, es justa'' y acorde a la gravedad de las faltas.

Interrogado sobre la legitimidad de la elección de Fox a partir de este cúmulo de irregularidades detectadas, Lujambio fue evasivo: es una pregunta que deben responder los ciudadanos, dijo. Subrayó que, en todo caso, lo que debilita al sistema democrático es la impunidad en que podría haberse incurrido, pues ''no hay nada peor para debilitar las instituciones democráticas que la impunidad, y con este acto el IFE pone un freno definitivo a este tipo de actos irregulares''.

Al respecto, Peschard señaló que la comisión actuó consistentemente con los criterios aplicados en otras irregularidades de financiamiento anteriores. ''Nos basamos en los criterios establecidos en nuestro reglamento y en las decisiones precedentes porque es muy importante no dejar puertas abiertas a la impunidad, pero también no actuar con arbitrariedad'', expuso.

Lujambio dijo que las investigaciones sobre el posible financiamiento de empresas a la Alianza por el Cambio involucraron a Fox Brothers y El Cerrito, con participación accionaria de Fox.

De lo anterior no se llegaron a comprobar transacciones para financiar la campaña presidencial foxista en 2000. En todo caso, afirmó que la Comisión de Fiscalización del IFE sancionó las operaciones corroboradas y no aquellas que durante el periodo de investigación se llegaron a especular.

Se corroboró asimismo que participaron 54 empresas y 291 personas físicas en el financiamiento irregular de la campaña de Fox, las cuales aportaron 90 por ciento de los recursos no reportados; el resto de este dinero ilícito lo aportaron las tres empresas de Lino Korrodi. Se estableció que para tal efecto se abrieron 25 cuentas en 12 estados, mediante las cuales se captó el financiamiento proveniente de Amigos de Fox, además de una cuenta más en Bancomer, donde se captaron los recursos del Fideicomiso para el Desarrollo y la Democracia.

Investigación exhaustiva...

Interrogado sobre la reducida sanción aplicada por la aportación de recursos del extranjero -356 mil 580 pesos-, Lujambio explicó que esto se hizo en función del monto reducido de los recursos involucrados. De haber sido mayor, se hubiera actuado de manera diferente, pero aun así se aplicó una multa 3.5 veces mayor a los 11 mil dólares que recibió la Alianza por el Cambio.

Mauricio Merino reivindicó la exhaustividad de la investigación realizada por la comisión, toda vez que se agotaron las acciones en las tres vertientes: las personas físicas o morales que pudieron estar involucrados; los resultados se basaron en agotar la documentación requerida, pues la decisión no se basó en testimonios y se abarcó el periodo fijado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, desde que Fox fue postulado como candidato.

El proyecto de resolución aprobado por los consejeros subraya que en este financiamiento irregular de la campaña presidencial, que lo colocó en ''ilegítima ventaja'', se consideró particularmente grave que operara un ''sistema de financiamiento paralelo a favor de Fox''. Hubo un sistema de transferencias de recursos entre personas físicas y morales que ''operó de manera regular y constante''.

Advertencia a partidos que reciban recursos ilícitos

En el razonamiento sobre las sanciones aplicadas en cada una de las irregularidades detectadas, la Comisión de Fiscalización señaló que la legislación mexicana estableció la prohibición del financiamiento del exterior y de las empresas para impedir cualquier tipo de injerencia de las esferas del poder público, ''de los intereses de particulares de las empresas mercantiles y de las personas que vivan o trabajen en el exterior''.

Finalmente, según el referido proyecto, ninguno de estos intereses debe influir en el quehacer democrático del país, pues el resultado sería ''contraproducente e incompatible con la propia actividad democrática''.

Todo ello para subrayar que cualquier partido político que reciba recursos adicionales a los expresamente reconocidos por la ley se coloca en una posición de ilegítima ventaja, y justificar así las multas aplicadas.
 

Pedirá al IFE que ''cuando menos'' se suspenda temporalmente el registro al PAN

Legitimada, posibilidad de que extranjeros financien campañas en México, dice el PRI

El partido blanquiazul califica de ''injusta'' la sanción determinada por la Comisión de Fiscalización a la Alianza por el Cambio Niega haber usado recursos indebidos en 2000

ENRIQUE MENDEZ Y CIRO PEREZ

Mientras el Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuestionó el dictamen de la Comisión de Fiscalización del Instituto federal Electoral (IFE) y advirtió que recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que ''cuando menos'' se suspenda temporalmente el registro al Partido Acción Nacional (PAN) por el caso Amigos de Fox, el partido blanquiazul calificó de injusta la resolución del órgano electoral.

Tras conocer la sanción impuesta anoche, el Revolucionario Institucional consideró que la multa de 360 millones 971 mil 39 pesos al PAN por las irregularidades en los gastos de campaña del hoy presidente Vicente Fox Quesada en las elecciones de 2000 en realidad ''legitimó la posibilidad de que extranjeros financien campañas políticas en México''.

El coordinador jurídico del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priísta, Miguel Angel Yunes Linares, afirmó que al no abundar en la investigación del financiamiento ilegal a la campaña de Vicente Fox Quesada, el consejero presidente del IFE, José Woldenberg, y el presidente de dicha comisión, Alonso Lujambio, sentaron el precedente para que en el futuro ''se subasten cargos públicos a extranjeros''.

Esto significa, declaró Yunes Linares, que en procesos posteriores quien quiera hacerlo sabrá que es posible y pagará una multa por cada dólar introducido al país. Será solamente un análisis de costo-beneficio. ''La sanción debió ser ejemplar en defensa de la soberanía y de la seguridad nacional.''

Agregó que Woldenberg y Lujambio ''se salieron con la suya'' y atenuaron la sanción al PAN, y el dictamen que se aprobó anoche en el IFE ''confirma la absoluta complicidad de ambos con Acción Nacional''.

Para Yunes, tres elementos acreditan esa afirmación: no haber ampliado la investigación a 1998 y limitarla al periodo desde 1999 y la conclusión de la campaña foxista; no haber presentado una denuncia penal, aun cuando la subprocuraduría para lavado de dinero de la Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que hubo triangulación de recursos del extranjero, y ''lo más grave'', involucrar al Partido verde Ecologista de México (PVEM) en hechos que ''no son en absoluto su responsabilidad'', para atenuar la sanción al PAN.

Por su parte, Acción Nacional, en un breve comunicado señaló que en su momento entregó a la autoridad correspondiente los argumentos de defensa en torno de las acusaciones vertidas por dicha comisión, y que de acuerdo con este instituto político estos argumentos no fueron valorados debidamente por dicha instancia electoral.

''El PAN niega que en su campaña presidencial hubiese recursos indebidos'', y advierte que existen en el dictamen consideraciones extrajudiciales, además de que desde la semana pasada -puntualiza el comunicado- ''se desató un ambiente de señalamientos y de acusaciones en contra del partido por medio de la filtración de documentos en poder de dicha Comisión de Fiscalización''.

Este partido adelantó que estudiará con detenimiento el texto del dictamen emitido, y dará a conocer su parecer al respecto esta tarde.

En el mismo sentido, el Partido Verde Ecologista de México, que junto con el PAN conformó la Alianza por el Cambio que impulsó la candidatura de Vicente Fox a la Presidencia de la República, adelantó que de inmediato acudirá al tribunal correspondiente para tratar de revertir el resolutivo de la Comisión de Fiscalización del IFE, aunque advirtió que si a pesar de todo el tribunal ratifica este dictamen promoverán un juicio político en contra del consejero Alonso Lujambio Irizábal, a quien responsabilizan directamente de manipular el expediente a efecto de perjudicar a ambos partidos.

Posible demanda penal

Además, dijo, promoverá una demanda penal por daños y perjuicios en contra de quien resulte responsable por el daño que este resolutivo causa al Partido Verde, ya que la sanción a que se hizo acreedor de acuerdo con la Comisión de Fiscalización de IFE, alcanza 184 millones 198 mil 110 pesos, cantidad que representa prácticamente el ciento por ciento de las prerrogativas que este instituto político espera recibir el próximo año.

A estos más de 180 millones de pesos el PVEM tiene que sumar la deuda de 90 millones que adquirió durante el proceso electoral del pasado 6 de julio lo que, de acuerdo con la dirigencia de este partido, ''nos deja en total indefensión para enfrentar los procesos electorales que siguen''.

En el Partido Acción Nacional se considera que la actitud de la Comisión de Fiscalización rebasó los límites jurídicos, ya que por una parte pidió información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que no guarda relación con la indagatoria, como todos los documentos que tienen que ver con asociaciones conocidas como Movimiento por el Cambio y Pro Democracia, con lo que habría violado el secreto bancario, hecho que puede ser motivo de acciones de carácter penal.

Establece además que no existen datos contundentes de que hubiese recursos del extranjero, sin contar con que la multa impuesta contempla presuntos ingresos irregulares a la campaña presidencial entre septiembre y diciembre de 1999, es decir, en el lapso comprendido por la precampaña.