Revisan autoridades delegacionales "de manera urgente" regularizar tres

Ubicados en suelo de conservación de Tláhuac, 72 asentamientos irregulares

Preocupación de habitantes de otros predios ante la posibilidad de ser desalojados

MIRNA SERVIN VEGA

Debido al alto grado de consolidación urbana que presentan los predios Tempiluli, Ampliación la Conchita y Atotolco Chinanco, asentados irregularmente en zonas de conservación de la delegación Tláhuac, las autoridades delegacionales revisan "de manera urgente" la posible regularización de las 900 familias que habitan estos terrenos y que representan un alto riesgo social y para la conservación ecológica en caso de no atendérseles de manera expedita.

Estos son sólo tres de los 72 asentamientos irregulares que hay en Tláhuac y que dañan más de mil 200 hectáreas de suelo de conservación, de las 5 mil con que cuenta la delegación. Sin embargo, a pesar de la gravedad, las autoridades delegacionales sólo cuentan con ocho verificadores administrativos, cifra que disminuye los fines de semana cuando se da el mayor número de invasiones.

Ahora, luego de los desalojos ocurridos en septiembre, primero en una parte de Tempiluli, el día 18, y luego en el Rancho las Tablas, el día 30 -este último con un ejecutado durante los enfrentamientos violentos con los ocupantes-, los habitantes de otros predios se muestran preocupados ante la posibilidad de sufrir la destrucción de sus casas.

En los tres casos mencionados se trata de asentamientos que llevan entre 5 y 10 años de establecimiento, primero de forma temporal y luego mediante construcciones de concreto, que se han consolidado en una operación hormiga, luego de que algunos ejidatarios han loteado ilegalmente sus terrenos, explicó en entrevista el director Jurídico y de Gobierno de Tláhuac, Mario Adolfo Peña Urquieta.

La posición de la delegación no es hacer un desalojo indiscriminado de la zona, sino revisar su grado de consolidación y buscar la forma de regularizarlos, aseguró el funcionario, quien reconoce que en algunos predios se presenta ya hasta un 50 por ciento de ocupación sólida.

Peña Urquieta detalla que en Tempiluli I habitan 280 familias; en Ampliación la Conchita 120, y en Atotolco Chinanco 500 más. En los tres lugares hay o se procuran convenios de cero crecimiento a cambio de que la delegación busque que los firmantes sean sujetos de los beneficios de una regularización que evite el desalojo de sus áreas.

Sin embargo, especifica que si se tapan los canales naturales por donde el agua se ha concentrado y se permiten los asentamientos humanos, se sufrirán inundaciones y otros siniestros que ponen en riesgo a las familias, además de clausurar los vasos receptores de agua para la ciudad.

En Tempiluli y Ampliación la Conchita, refiere Peña Urquieta, los ejidatarios de Santiago Zapotitlán han fraccionando clandestinamente esos terrenos y la delegación sólo puede notificarles que la situación es irregular, hasta que cambien las normas de uso de suelo, sobre las cuales, acusa el funcionario, no se ha hecho un estudio detallado por los diputados de la Asamblea Legislativa del DF para legislar de acuerdo con las necesidades actuales de la zona.

"Los vecinos no aceptan dejar su patrimonio, solicitan la regularización. Nuestra posición es regular antes de que el problema se desborde, construir muros que delimiten las áreas naturales, desalojar lo que está disperso y reubicar en polígonos cerrados"

Este es el caso del predio Atotolco Chinanco, que ocupa 94 hectáreas objeto de negociación para su regularización por medio del Gobierno del DF y tres organizaciones de colonos y ejidatarios que buscan consensuar un proyecto que responda a las necesidades de vivienda de los habitantes y a la conservación ecológica del lugar.

Las negociaciones sobre este predio comenzaron en noviembre del año pasado, pero se vieron temporalmente suspendidas cuando las autoridades centrales cancelaron la última reunión programada para el 18 de septiembre pasado.

Situación diferente fue la del predio Rancho las Tablas, desalojado el último día de la administración de Francisco Martínez Rojo, explica el actual director Jurídico y de Gobierno, quien también trabajó en este cargo durante dicho periodo.

"Aquí la gente buscaba un terreno extra al que ya tenían. No había necesidad de vivienda ni eran ejidatarios quienes la ocupaban." Por eso, dijo, se procedió a su recuperación y no se puso en marcha un programa de vivienda para los habitantes.

Sin embargo, los desalojados niegan ser extraños al lugar y acusan a las autoridades de tener comprometidos los terrenos debido a los ofrecimientos de vivienda que hizo la nueva delegada, Fátima Mena, durante su campaña.