Hacienda cabildea con ministros, asegura Padierna

Ratifican a Castro y Castro como instructor en controversias del Ejecutivo contra la ASF

JESUS ARANDA, JOSE ANTONIO ROMAN Y ROBERTO GARDUÑO

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un voto de confianza al ministro Juventino V. Castro y Castro para que continúe como instructor en las dos controversias constitucionales que presentó el Ejecutivo federal en contra de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en las que está en juego la legalidad de cerca de 60 por ciento de los créditos "perdidos" que se convirtieron en deuda pública y pasaron al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Ayer, Castro entregó a sus colegas el proyecto de dictamen sobre la primera controversia y se prevé que incluso sea resuelto la próxima semana.

En tanto, en la Cámara de Diputados la legisladora perredista Dolores Padierna señaló que la forma de actuar de Castro y Castro ha motivado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de Luis Mancera Arrigunaga, director general de Banca de esa dependencia, haya impulsado desde hace tiempo una campaña de cabildeo y de convencimiento del resto de los ministros que deberán emitir su decisión en torno a la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional promovida por el Ejecutivo federal.

Cabe recordar que Mancera Arrigunaga, quien actúa por parte de la SHCP y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es primo hermano de quien fuera director del Fobaproa y en la actualidad director de Operaciones de Banamex (Javier Arrigunaga). Adicionalmente Luis Mancera se desempeñó hasta el 10 de mayo de 2002 como director jurídico de Avantel y fue cercano colaborador de Francisco Gil Díaz cuando este último era el director general de la telefónica que fue propiedad del grupo Banamex.

Por su parte, fuentes judiciales reconocieron que estas dos controversias relacionadas con el pago de la deuda pública y el amparo interpuesto por el anterior auditor de la ASF, Gregorio Guerrero Pozas, en contra de su destitución, y el posterior nombramiento de Arturo González de Aragón, han "politizado" el tema y afectado los "tiempos jurídicos". Esto, porque hay consenso en la SCJN sobre que el despido de Guerrero Pozas fue injustificado y, por ende, la Cámara de Diputados debe reponer el procedimiento y nombrar un tercer auditor.

Sin embargo, la adopción de esta decisión y un fallo favorable al presidente Vicente Fox en las dos controversias en las que impugnó la validez de los oficios girados por la ASF -la Cámara de Diputados también fue demandada en las controversias- daría la imagen de que el máximo tribunal "cedió" a presiones del Ejecutivo.

Carta decisiva

De acuerdo con fuentes consultadas, después de que el ministro Castro le enviara una carta a sus colegas, en la que les manifestó su inconformidad porque el Comité de Agilización y Programación de Asuntos (que encabeza el presidente de la Corte, Mariano Azuela) retrasa injustificadamente el turno de su proyecto de dictamen de la primera controversia interpuesta en abril pasado -en dicho proyecto confirmaba las facultades constitucionales de la ASF para auditar el pago de la deuda pública, pero no convalidaba que "ordenara" a la Secretaría de Hacienda y al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) la reducción de créditos que irregularmente habrían sido integrados a la deuda pública por un valor cercano a 500 mil millones de pesos, según cálculos extraoficiales-, los ministros exhortaron a Castro a que continúe siendo el instructor de ambas controversias.

Respecto a ambas controversias, funcionarios de primer nivel explicaron que aunque son similares -el Ejecutivo rechaza que la ASF tenga facultades para ordenar que se descuente el monto de la deuda pública-, el primer asunto está relacionado con la revisión del ejercicio fiscal de 2000, cuando las atribuciones de la Auditoría eran más limitadas.

En cambio, los oficios de la ASF impugnados corresponden al ejercicio fiscal 2001, y en ese año entraron en vigor reformas legales que ampliaron las facultades de la propia Auditoría. Es decir, el dictamen en ambos asuntos no sería necesariamente el mismo

A partir de los señalamientos y observaciones realizadas por el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, sobre la revisión de la cuenta pública de 2000 en torno al rescate bancario, que precisaba que en la compra de cartera de Banamex y Serfin se incluyeron indebidamente intereses moratorios, el auditor ordenó al Ejecutivo federal, particularmente a la SHCP, a la CNBV y al IPAB, que se llevaran a cabo las acciones necesarias para que se descontaran de los pagarés de Fobaproa correspondientes a Banamex por una cantidad inicial de 7 mil 176 millones de pesos.

En respuesta, el Ejecutivo presentó en su momento sendas controversias constitucionales en las que cuestiona fundamentalmente las atribuciones legales de la ASF para ordenar al Ejecutivo que efectúe el descuento respectivo a los pagarés irregulares, pese a que en sus alegatos la SHCP no negó la "falta", sino más bien lo que impugnó fueron las facultades del "acusador".