El Ejecutivo tiene la facultad de dejarlo sin efecto, afirma Eduardo Bours

Por decreto otorgó López Nogales pensión vitalicia a 37 funcionarios

Entre los beneficiados está el ex procurador Miguel Angel Cortés, consuegro del ex gobernador

CRISTOBAL GARCIA BERNAL CORRESPONSAL

Hermosillo, Son., 14 de octubre. Mediante decreto, el gobierno recién concluido de Armando López Nogales favoreció con una pensión vitalicia que fluctúa entre 6 mil pesos y 28 mil mensuales a por lo menos cinco ex secretarios y otros 32 ex funcionarios y empleados, reveló una auditoría practicada por la Contraloría General de Sonora.

El contralor estatal, Arnoldo Soto Soto, informó que la dependencia realiza una revisión minuciosa, caso por caso, para determinar los criterios de "merecimiento" de este beneficio que el ahora ex gobernador López Nogales comenzó a decretar en los últimos tres meses de su administración, que concluyó el 13 de septiembre.

Entre los beneficiados destacan el consuegro de López Nogales, el entonces procurador de Justicia, Miguel Angel Cortés Ibarra; el ex secretario de Educación, Víctor Galindo Sánchez; el ex contralor, Héctor Guillermo Balderrama Noriega; el ex secretario de Gobierno, Genaro Encinas Ezré, y el ex secretario de Fomento Ganadero, Leocadio Aguayo Aguilar.

Soto Soto aclaró que las pensiones no son ilegales, por lo que no puede haber imputación directa contra el ex gobernador. Sin embargo, se analiza si se cumplió con el procedimiento que establece la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas de la Administración Pública Estatal.

"En estos momentos (las pensiones vitalicias) son cuestionables por las condiciones financieras que atraviesa el estado, por lo que se analiza cada uno de los expedientes que seguro están en la carpeta del proceso (de) entrega (y) recepción que concluyó este lunes", apuntó.

El contralor afirmó que todas las dependencias están siendo auditadas a través de la documentación recibida y serán los responsables de cada área quienes reporten si detectan alguna irregularidad de cualquier tipo.

Nada se ocultará: Robinson

Por su parte, el gobernador Eduardo Robinson Bours Castelo manifestó que no "ocultará información" a los sonorenses sobre las irregularidades que la Contraloría detecte a la administración de su antecesor.

Entre las 37 pensiones vitalicias a funcionarios de la pasada administración estatal -que abarcan desde secretarios hasta un fotógrafo de la dirección general de comunicación social-, en total suma cerca de medio millón de pesos la cantidad que debe erogarse mensualmente en los pagos referidos.

Bours Castelo sostuvo que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de dejar sin efecto decretos que emitan otros gobernadores y, en el caso de los pagos vitalicios, llegará hasta el grado de anular la decisión emitida por López Nogales.

Aseguró que en caso de que surjan nuevas irregularidades en el proceso de entrega y recepción serán dadas a conocer mediante los medios de comunicación, para que la ciudadanía conozca en detalle los resultados del caso.

Indicó que la Dirección Jurídica del Ejecutivo está analizando el expediente para cancelar todas aquellas jubilaciones que no cumplan con los requerimientos que marca la ley.

A su vez, el secretario de Gobierno, Bulmaro Pacheco Moreno, sostuvo que "no hay cacería de brujas ni tampoco se andan destapando cloacas, simplemente se cumple con lo que establece la ley en materia de control del gasto público y se cumple con los requisitos de análisis del proceso de entrega (y) recepción del pasado sexenio".

Subsidian al PRD en Sonora

Durante los pasados 10 años, el PRD en Sonora ha recibido 100 mil pesos mensuales provenientes del erario estatal bajo el concepto de ingresos extraordinarios, reveló el consejero perredista Conrado Rivera Durazo.

Anunció que un grupo de consejeros solicitará en los próximos días la intervención de la Comisión Nacional de Fiscalización del Comité Ejecutivo Nacional del partido del sol azteca para que investigue esta irregularidad.

Explicó que 50 por ciento de estos recursos del gobierno del estado ingresa al partido como dinero en efectivo y el resto en especie, mediante boletos de avión, cuartos de hotel y otros rubros que requiera la dirigencia del partido.

Es una acción ilegal de la directiva estatal porque los estatutos internos del partido establecen que los financiamientos deben provenir de las prerrogativas del Comité Ejecutivo Nacional, el Consejo Estatal Electoral y las cuotas de la militancia, concluyó.