Si se aprueba, Hacienda debe descontar a bancos pagarés convertidos en deuda pública

Plantea ministro sobreseer controversia del Ejecutivo federal contra la ASF

Otros magistrados piden llegar al fondo y determinar las facultades del órgano auditor

JESUS ARANDA

El ministro Juventino V. Castro y Castro planteó el sobreseimiento de la controversia constitucional interpuesta por el presidente Vicente Fox Quesada contra la decisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) -órgano desconcentrado de la Cámara de Diputados- de ordenarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reducir el monto de los pagarés que irregularmente se convirtieron en deuda pública, cifra que, de acuerdo con datos extraoficiales, alcanza los 80 mil millones de pesos.

Es decir, en el caso que la mayoría de los ministros apoye el sobreseimiento de la controversia -fundamentado en la presunta extemporaneidad de la demanda del Ejecutivo federal-, las cosas quedarían "tal y como estaban al inicio" y, de esa forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convalidaría la actuación de la ASF y la legalidad de los siete oficios mediante los cuales ordenó a la SHCP "descontarle" a los bancos los montos de los créditos que irregularmente fueron reconocidos como deuda pública por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Sin embargo, trascendió que no todos los ministros comparten la opinión del proyecto de dictamen que les envió Castro y Castro la tarde del miércoles, controversia en la que también la Cámara de Diputados está demandada.

Varios ministros opinan que el asunto no se debe sobreseer, sino que la SCJN está obligada, por la trascendencia e importancia del asunto, a entrar al fondo del caso y que sólo después de ello ese cuerpo aproveche el caso para determinar cuáles son las facultades de la ASF para revisar la cuenta pública y, sobre todo, si este órgano desconcentrado de la Cámara de Diputados puede ordenarle o no a una dependencia del Ejecutivo qué hacer en caso de que la revisión de sus cuentas arroje irregularidades.

En este contexto, los ministros tendrán que definir si la actuación de la ASF invade la esfera de influencia del Ejecutivo federal. También hay quien opina que la ASF sí tiene facultades para revisar la cuenta pública, mas no tiene derecho de ordenarle a las dependencias del Ejecutivo la forma en que deben corregir las irregularidades en sus cuentas.

Una vez que Castro y Castro entregó el proyecto de dictamen, se espera que el próximo lunes, en sesión privada, los ministros tengan una primera discusión y, de ser posible, realicen una votación "preliminar".

En caso de que la mayoría coincida en términos generales con la propuesta de Castro y Castro, el asunto podría enlistarse con el propósito de ser resuelto el día siguiente o en jornadas subsecuentes.

Sin embargo, si la mayoría de ministros considera procedente la controversia presentada en abril pasado por el presidente Fox Quesada contra la orden que giró la ASF a Hacienda, para que ésta no cubriera el monto de los pagarés contenidos en siete oficios enviados los días 7 y 20 de marzo pasado, entonces tendrían que revisar el fondo del asunto y la decisión podría ser en favor del Ejecutivo federal.

Cabe señalar que, inicialmente, la consejera jurídica de la Presidencia, María Teresa Herrera Tello, solicitó a la SCJN que se suspendieran los siete oficios referidos, en los que se ponía en entredicho la legalidad de créditos que se convirtieron en deuda pública y cuyos pagarés corresponden a Banamex, Bancomer, Banorte, Bital y Banco del Atlántico.

Castro y Castro negó la suspensión al considerar que, al dejar sin efecto los oficios girados por la ASF a Hacienda, "se afectaría a instituciones fundamentales del orden jurídico". Señaló en aquel entonces que los legisladores tienen entre sus facultades la revisión de la cuenta pública para garantizar a los gobernados que los recursos son manejados debidamente y se destinan al bienestar de la población. Meses después, la segunda sala de la Corte concedió la petición del Ejecutivo.

Los oficios impugnados datan del 7 y 20 de marzo pasado, en los que el director especial de Desempeño de la ASF notificó oficialmente a Hacienda que en auditorías realizadas a la compra de cartera de las bases para la actualización de intereses del IPAB, en marzo de 2002, "se identificaron créditos que, de acuerdo con los contratos de deuda establecidos, no debieron ser incluidos'', como era el caso de préstamos en litigio, de empresas en quiebra o en suspensión de pagos e incluso intereses moratorios que fueron ilegalmente considerados "en calidad de reservas".

De esa manera, la SHCP estaba obligada a "instrumentar las acciones convenientes para que por la vía que considere procedente", se descontaran dichas cantidades de los compromisos adquiridos por la compra de cartera vencida, mediante convenios establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Grupo Financiero Banamex-Accival, Fobaproa y Banco Nacional de México.

De acuerdo con fuentes consultadas en la SCJN, el monto total de los créditos que irregularmente se habrían integrado al IPAB sería del orden de los 80 mil millones de pesos.