En ambos casos surgen nombres de jefes policiacos o familias poderosas del estado

Denuncian relación entre el feminicidio y las desapariciones forzadas en Juárez

Autoridades no toman en cuenta pistas aportadas por ONG y familiares de las víctimas

JENARO VILLAMIL ENVIADO

Ciudad Juarez, Chih., 15 de octubre. Un auténtico "hoyo negro" de impunidad, muertes y encubrimientos se ha abierto en los diez años recientes en esta ciudad fronteriza: junto con los casos de 370 mujeres asesinadas, de los cuales entre 80 y 90 obedecen a un patrón de dos o más homicidas seriales, existen expedientes abiertos y vinculados por pistas similares de 750 desaparecidos, la mayoría varones, cuyos casos las autoridades policiacas han minimizado por considerarlos "gente vinculada al narco", y 511 ejecutados durante el mismo periodo por las distintas vendettas entre grupos criminales que dominan el tráfico de drogas, de personas, de automóviles y todo tipo de contrabando en esta ciudad que se ha vuelto una plaza "sobrecalentada" por el crimen.

Los feminicidios y las desapariciones tienen un ingrediente fundamental: no ha sido sentenciado niguno de los responsables, los expedientes presentan irregularidades que los propios familiares han señalado una y otra vez. Por si fuera poco, los crímenes y desapariciones de hombres y mujeres se han expandido de Ciudad Juárez hacia la capital del estado, Chihuahua. La organización Justicia para Nuestras Hijas tiene documentados los casos de nueve desaparecidas de 2000 a la fecha.

Menos conocidos que los expedientes del feminicidio de mujeres, los casos de los 750 desaparecidos constituyen una auténtica olla de presión que conduce a sospechosos comunes: comandantes de los cuerpos policiacos vinculados con los cárteles, familias poderosas cuyos nombres son pronunciados en todo Ciudad Juárez como protectores o cómplices, y responsables políticos que han desfilado en las administraciones del panista Francisco Barrio y del priísta Patricio Martínez. Casi todos los conocedores de los casos pronuncian sus nombres, pero nadie se atreve a mencionarlos directamente por el clima de temor y de hostigamiento que se ha apoderado de esta ciudad.

Lauren Magaña, vicepresidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas, organización con integrantes tanto en El Paso, Texas, como en Ciudad Juárez, lo afirma claramente: "si hubiera un buen investigador podrían plantearse líneas comunes" entre el feminicidio y los desaparecidos. "En nuestros casos nos aíslan. No tienen la menor intención de resolverlos". Tal parece, reflexiona, "que los derechos de los varones desaparecidos terminaron donde comenzaron los de las mujeres asesinadas. ƑPor qué?"

Una opinión similar expresa Patricia Garibay, integrante de la misma asociación, creada en 1997 por Jaime Arbella: "yo con la cara en alto les digo a los investigadores que mi hermano desaparecido en 1998 era narco, y qué. ƑAcaso ellos no tienen también derechos humanos? Mi bandera siempre ha sido conjuntar en una misma causa la de los desaparecidos, las muchachas asesinadas y las ejecuciones, porque vamos tras el mismo objetivo. Son los mismos personajes quienes están detrás de todo. Este, además, es un problema binacional". En los expedientes de la asociación existen 38 ciudadanos estadunidenses que desaparecieron en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez.

Problema legal

El problema de las desapariciones y los homicidios de mujeres se agrava porque en Chihuahua la desaparición forzosa no es considerado un delito grave que se persiga de oficio. La gran mayoría de las jóvenes cuyos cuerpos luego han aparecido descuartizados en distintos lotes y campos del desierto y de las avenidas de Ciudad Juárez primero fueron reportadas como desaparecidas. Nunca se han investigado a tiempo.

Las autoridades, coinciden distintos familiares de las víctimas, siempre han minimizado los reportes de desapariciones: "se fue con el novio", "ella se lo buscó" o "su hijo es narco", son las frases más comunes. Mientras, ni uno solo de los expedientes se resuelve.

Pistas comunes

Por si fuera poco, la mecánica y los nombres de los implicados coinciden en unos y otros. Tan sólo por mencionar un ejemplo está el caso de doña Evangelina Arce, cuya hija Silvia fue reportada como desaparecida en 1998. La última vez que la vieron fue en el restaurante Pachangas. Sin embargo, ella ha recibido información confidencial de que su cuerpo se encuentra enterrado en un sitio conocido como El Búnker, una casa de seguridad que presuntamente perteneció a Amado Carrillo Fuentes y que se encuentra en la calle Rayo de Luna, entre las avenidas Gómez Morín y Manuel J. Clouthier de esta ciudad.

El Búnker es también mencionado por Lauren Magaña y Patricia Garibay, integrantes de la agrupación de desaparecidos. Ambas afirman que, según distintos testimonios, en esa casa existen cuerpos enterrados de varios desaparecidos y no han sido investigados por las autoridades. La explicación oficial, señalan, es que sin orden judicial no se puede hacer la exhumación de cadáveres, ya que se cometería un delito que puede costar 40 años de cárcel. Como éstas, existen otras casas de seguridad y ranchos de capos del narco en donde se presume que pueden estar enterrados varios cuerpos.

Otras similitudes entre los casos del feminicidio y de los desaparecidos: en varios de los famosos "levantones" de mujeres y de hombres están involucradas patrullas y agentes de las policías municipal, estatal y federal. Tanto en uno y otro caso la identidad de los cuerpos que se han encontrado no se confirma plenamente.

Por si fuera poco, en los pasados meses han sido "eliminados" o desaparecido comandantes de las policías que han sido señalados como cómplices o testigos claves tanto en las muertes de mujeres como en las desapariciones. Es el caso del asesinato de los "capitanes" Portillo y Arellano, asesinados en Ciudad Juárez. "Estos capitanes sabían quiénes hacían las desapariciones en Ciudad Juárez", afirma Lauren Magaña.

A su vez, Patricia Garibay asegura que "personas que nosotros hemos mencionado en los expedientes como vinculadas a las desapariciones han sido asesinadas, como el comandante Varela". El crimen más reciente que cimbró a los familiares de las víctimas es el de Francisco Minjares, ex jefe de la unidad antisecuestros de Chihuahua, a quien las organizaciones civiles han mencionado como corresponsable tanto de los secuestros como de las desapariciones y de las muertes de mujeres. A Minjares, el ex fiscal Enrique Cocina lo trató de detener por delitos menores, como el de extorsión.

Patricia Garibay ejemplifica con el caso de su hermano, de 38 años: lo desaparecieron el 9 de enero de 1998 en el restaurante El Florida, que era del narcotraficante Rafael Muñoz Talavera. Policías municipales bloquearon las calles de Juárez y Mejía el día del "levantón" de su hermano junto con otras siete personas. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de él. Los policías implicados nunca fueron detenidos.

Otro caso es el del cuñado de Lauren Magaña, Alfonso Magaña Chávez, quien desapareció el 10 de noviembre de 1994. Era comandante de la Policía Judicial del estado. Un compañero de la corporación fue a llevarle un recado de El Tigre. Nunca lo volvieron a ver.

También desapareció el primo hermano de su esposo, el joven Eleazar Magaña, de 29 años, cuando acudía a un día de campo de la empresa maquiladora en la que trabajaba. Según Lauren Magaña, las autoridades le dijeron que Eleazar desapareció porque "era gay". "Lo acusaron de ser homosexual, porque nunca le pudieron achacar que era narco. ƑQué tiene que ver todo esto? ƑPor qué nunca han investigado?", remata Lauren entre los papeles de distintos expedientes de desaparecidos.

Ahora, el feminicidio y los desaparecidos comparten a un mismo fiscal: Rolando Alvarado, quien fue nombrado ministerio público especial para los desaparecidos en 1999, después del descubrimiento de las famosas narcofosas, que llamó la atención mundial. Alvarado es el quinto personaje desde hace ocho años encargado de investigar las desapariciones. Sustituyó a Enrique Cocina Martínez.

Lauren Magaña opina que Cocina Martínez es "el único fiscal al que se le puede agradecer algo, porque él encontró el 29 de noviembre de 1999 las narcofosas". Antes de ellos estuvieron Miguel Salido y Enrique Espinosa y Castañeda de los Monteros y el visitador Francisco Hernández.

Los cementerios clandestinos

En el caso de las mujeres y varones desaparecidos se presume que muchos han muerto, pero se encuentran enterrados en el desierto, en ranchos o en casas de seguridad que no han sido investigadas y que constituyen auténticos cementerios clandestinos esparcidos por Ciudad Juárez

El más reciente hallazgo que atrajo la atención internacional fue el de las narcofosas, en noviembre de 1999. Con ayuda de la FBI y de un equipo especial de investigadores se encontraron nueve cuerpos a las orillas de un rancho. Desde entonces no se han realizado nuevos descubrimientos y las autoridades han minimizado las pistas que han aportado tanto las madres de mujeres como la Asociación de Amigos y Familares de Desaparecidos.

"ƑPor qué no se han investigado más narcofosas? ƑPor qué el licenciado Alvarado, desde que llegó a la fiscalía especial, no ha investigado más casos?", se pregunta Patricia Garibay, quien durante la entrevista otorga pistas de muchos agentes y narcotraficantes vinculados con las desapariciones.

Para ella, como para otras personas de Ciudad Juárez que han vivido el horror, que día con día se enfrentan a llamadas extrañas o al hostigamiento, las razones son cada vez más claras: existe un círculo criminal que se escuda en la impunidad imperante para desaparecer o matar a hombres y mujeres.

Las hipótesis que circulan fuera de los círculos oficiales son coincidentes: en Juárez se matan mujeres como parte de un "código" secreto de complicidad entre estructuras criminales, se desaparecen a personas incómodas que "saben mucho" y se perdió el control que antes se tenía sobre los cárteles.

La periodista Diana Washington, del periódico El Paso Times y acreditada como una de las conocedoras de los casos, declaró en días pasados ante una estación de radio de Estados Unidos: "hay que preguntarle al gobierno mexicano Ƒqué ocultan? ƑA quiénes están encubriendo? ƑCuánto les pagan?"

En tanto, la situación se vuelve más hostil y difícil tanto para las organizaciones defensoras de los derechos humanos como para los familiares de las víctimas del feminicidio o de las desapariciones.