Confisca el gobierno las ediciones del semanario Pulso y el periódico El Diario

Mueren otros dos bolivianos por la represión; suman ya 86

Insisten Evo Morales y Felipe Quispe que la única salida a la crisis es la renuncia del presidente

Sánchez de Lozada anuncia un referendo consultivo sobre la exportación de gas a Estados Unidos

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 15 de octubre. Dos mineros muertos y decenas de heridos en Patacamaya, a unos cien kilómetros de La Paz, aumentaron hoy las cifras de la tragedia en Bolivia, donde una rebelión popular en-frenta desde hace días la represión del gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien es apoyado por Estados Unidos y parece dispuesto a permanecer, a sangre y fuego, en el cargo.

Al cierre de esta edición, el mandatario boliviano, en alocución televisada en la que apareció flanqueado por el ex presidente Jaime Paz Zamora -del oficialista Movimiento de Izquierda Revolucionaria- y su portavoz, Mauricio Antezana, dijo: "Nunca ha estado tanto en peligro la democracia co-mo hasta ahora".

Pero no anunció su renuncia, como se esperaba, pedido que se multiplica desde diversos sectores y puntos del país andino.

En cambio, Sánchez de Lozada anunció que tras "escuchar la voz del pueblo" su gobierno había decidido realizar modificaciones constitucionales para poder convocar a un referendo consultivo por departamento sobre la exportación del gas, tema que detonó la sublevación popular.

Advirtió que con esas medidas debería solucionarse la crisis política, pues los sectores que no las acepten estarían demostrando que en realidad sólo buscan "terminar con el régimen constitucional y la unidad nacional".

Por su parte, poco después el líder opositor y dirigente cocalero Evo Morales, y el jerarca indígena Felipe Quispe consideraron insuficiente la propuesta para convocar a un referendo sobre el futuro del gas, y dijeron que mantienen el pedido de renuncia del mandatario neoliberal.

En horas previas el gobierno de Sánchez de Lozada se había comportado casi como una dictadura: además de los 86 muertos que ha dejado la represión a la protesta que comenzó hace un mes, atacó a varios medios de comunicación, según denunciaron tanto el opositor Movimiento al Socialismo (MAS) como la agencia alternativa boliviana Econoticias.

Comportamiento dictatorial

Una edición extra del semanario Pulso fue confiscada, al igual que el periódico El Diario, que había titulado en primera plana "Los bolivianos tienen derecho a pedir la renuncia del presidente", información que se basaba en opiniones de analistas estadunidenses, uno de los cuales recordaba que ese había sido el caso del recientemente expulsado gobernador de California, Gray Davis.

Además, una radioemisora de la etnia aimara fue cerrada, y la red televisiva privada Cadena A de-nunció que sus instalaciones fueron objeto de amenazas y que los militares están colocados cerca de sus antenas de transmisión.

"Reunidos espontáneamente al anochecer de este miércoles, varios cientos de vecinos rodearon en solidaridad las oficinas y sedes de las radios y canales de televisión populares y medios alternativos, que han comenzado a ser hostigados por agentes civiles", dijo Econoticias.

"Bajo el manto de la democracia se incuba la dictadura", denunció por su parte la ex defensora del pueblo Ana María Campero, una de la docena de personalidades que iniciaron hoy una huelga de hambre para exigir la dimisión de Sánchez de Lozada.

El gobierno "está dispuesto a negociar todo menos esa exigencia, que es la ruptura de la institucionalidad" había dicho esta tarde el canciller Carlos Saavedra.

Pero lo que piden los dirigentes opositores es una salida constitucional a la crisis, que se desató cuando Goni, como se le conoce popularmente al presidente, no quiso hacer una consulta pública sobre la exportación de gas a Es-tados Unidos, operación en que las trasnacionales petroleras se llevan las ganancias.

En cambio, ordenó mano dura, lo que ha significado la muerte de al menos 86 bolivianos de las clases más pobres.

El dirigente del MAS y ex candidato presidencial, Evo Morales, advirtió que no habrá negociación hasta que renuncie el mandatario, a quien, al igual que otros dirigentes políticos, calificó de "criminal" por la represión desatada.

"Nuestra salida es constitucional", dijo el líder de los campesinos cocaleros, una de las cabezas visibles de la rebelión, cuando se alzan las voces para que el vicepresidente Carlos Mesa, distanciado de Sánchez de Lozada, asuma la presidencia de la república.

La agigantada rebelión boliviana, considerada la mayor sublevación civil de los últimos tiempos en América del Sur, exige la re-nuncia del presidente, a quien responsabilizan de casi 200 muertes de trabajadores y campesinos en lo que va de este año, represión que comenzó con las matanzas de febrero anterior.

Según el balance de la Asamblea Permanente de Derechos Hu-manos, son al menos 86 los muertos y unos 500 los heridos en este mes, recuento que incluye a los dos mineros tiroteados este miércoles por el ejército en la localidad andina de Patacamaya, cuando el grupo de trabajadores avanzaba hacia La Paz.

Los días más terribles fueron el domingo y lunes anteriores, con 69 víctimas mortales por la represión en El Alto y La Paz, epicentro de la rebelión.

Mientras avanza la marcha hacia La Paz, donde rige por tercer día un paro total, y se agrava el desabastecimiento, la rebelión se extiende en Cochabamba -donde la población intentó incendiar el palacio de la gobernación local-, Oruro, Potosí y Chuquisaca.

En la pujante Santa Cruz también hubo manifestaciones contra el gobierno y de repudio al accionar de los uniformados.

Pero también siguen llegando tropas desde el interior del país hacia la capital, como los boinas verdes del oriente del país, según denuncia Econoticias, justamente cuando voceros gubernamentales desmienten que haya militares de Estados Unidos asesorando al ejército boliviano en las zonas de represión, como acusan diversos movimientos políticos.

Sin embargo, todo Bolivia conoce de la acción de militares estadunidenses, especialmente en las zonas de Chapare.

La tensión crece entonces, cuando 20 mil campesinos, divididos en dos columnas, avanzan hacia la capital del país sudamericano; se calcula que estarían llegando entre esta noche y la mañana del jueves a la sede del Ejecutivo.

Mientras, el palacio de gobierno y las sedes ministeriales en Plaza Murillo están rodeadas por tanques y los bancos han suspendido sus operaciones en todo el país, en tanto que algunas naciones han enviado aviones para sacar a sus ciudadanos varados en el aeropuerto de El Alto.

Desde Santa Cruz, Osvaldo Chato Peredo, del MAS, dijo en comunicación telefónica con La Jornada que "mientras el presidente trata de ganar tiempo buscando el apoyo de la Organización de Estados Americanos o de la Organización de Naciones Unidas, al aducir que deben defender la democracia, nosotros los movimientos so-ciales les estamos diciendo que somos los que verdaderamente nos estamos jugando la vida por la democracia. Todo lo que se está moviendo aquí es por la defensa de la democracia, ya que ésta ha sido destrozada por el gobierno".

Continúa: "En el país no funciona nada, ni siquiera el Parlamento, y el vicepresidente Mesa no puede convocarlo como correspondería por la obstaculización del presidente. Por eso la única posibilidad de diálogo es su renuncia, para platicar con quien esté dispuesto a escuchar al pueblo de Bolivia".

En Santa Cruz se registró hoy un enorme avance en el camino del diálogo, consideró Peredo, ya que se logró hablar con la llamada "nación Camba", que se encontraba en una posición antimovimiento social, "y llegamos a una concertación. Es ésta una respuesta inesperada ya que movimientos sociales, el Comité Cívico y la Nación Camba, de la que se esperaba una posible reacción contra los campesinos que marchan hacia Santa Cruz, han logrado que esto cambie de rumbo".

Precisó que el presidente esperaba "un muerto en esa ciudad (centro de poder económico que no suele seguir las protestas andinas) para justificar la represión, ya que había grupos paramilitares dispuestos a actuar contra los marchantes, y desbaratando esta situación se produce una oportunidad histórica en el lugar".

Se acordó entonces que había que evitar cualquier enfrentamiento, "y esto es un golpe que mañana recibirá Goni, pues proponemos un encuentro entre todos con los campesinos que están marchando", señaló Peredo, quien esta noche se trasladó al encuentro de los manifestantes, quienes estaban a 30 kilómetros de Santa Cruz .

La Nación Camba corresponde a una propuesta étnica similar a la del líder aimara Felipe Quispe, pero referido a la nación Kolla, "un remanente de familias tradicionales, terratenientes productores que tenían un discurso diferente y aparecían como una variante neofascista", explica Peredo.

Por otro lado, recordó que este día una enfermera del Hospital Obrero de La Paz denunció que las cifras de víctimas son aún más altas que las que se dan oficialmente, y que podrían ser más de cien los muertos en el trágico fin de semana.

La renuncia de Sánchez de Lozada, dijo Peredo, es "la única posibilidad de concertar una política sobre el gas, ya que el decreto reciente de suspender el tema hasta diciembre próximo es sólo una postergación del problema".

Agregó que nadie puede armar un referendo, un plebiscito, "así es que finalmente él mismo va a decidir, y ya el Club de París acordó un crédito, mientras por el lado chileno se han desminado cinco kilómetros por donde pasaría el gasoducto", para trasladar desde un puerto de ese país el gas hacia Estados Unidos.

La protesta también se hizo fuerte este día en Cochabamba, la tercera ciudad del país, que estaba paralizada, y según Econoticias "el pueblo disputaba, con piedras y palos, el control de las calles".

La huelga que ya tiene la capital del país andino y El Alto, así como Cochabamba, se extiende a Potosí y Oruro.

Aunque en La Paz y El Alto no hubo mayores enfrentamientos, toda la atención está puesta en las marchas campesinas que avanzan hacia el centro para demandar la renuncia presidencial.

Entre ellos están los mineros de Huanuni, los cocaleros de las Yungas y campesinos de distintas regiones, y "las clases medias, azoradas por la cruel matanza, se han solidarizado con los más pobres".

"El presidente parece irremediablemente perdido, aunque aún no lo sabe. Sus ministros, autoritarios como él, salen de tanto en tanto a la palestra y leen una lista de presidentes que (lo) apoyan", dijo Peredo.

Por su parte, un documento del grupo Sociólogos de Bolivia señaló que Sánchez de Lozada, "que no quiere dejar el gobierno a pesar de que la voluntad popular real se está expresando en las calles y carreteras del país, es un empresario ligado profundamente a Estados Unidos, país en que vivió la mayor parte de su vida, hasta el punto de que no habla correctamente el español".

Añadió que el mandatario "fue mascarón de proa del Fondo Monetario Internacional e impuso duros ajustes en un país que fue víctima de intereses extranjeros a través de su historia, los que impidieron a su población vivir con dignidad".

Sánchez de Lozada intenta inscribir la enorme rebelión popular, que desborda a las dirigencias, como una acción de "sediciosos", mientras Estados Unidos y otros países denuncian que peligra la institucionalidad cuando el "gobierno está parado sobre una montaña de muertos", dice el texto.

Aunque del mandatario se alejan hasta dirigentes oficialistas que no quieren ser arrastrados por su eventual caída, el mensaje de esta noche mostró que no está dispuesto a dejar el poder. El país está parado, naciones vecinas recomiendan no viajar a Bolivia porque hay una decisión a corto plazo, y las consecuencias podrían ser muy graves y golpear a toda la región.

Organismos humanitarios rechazan la "criminalización" de las protestas sociales

Condena la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la violencia en Bolivia

Niega EU que su política antidrogas haya sido el detonante; diálogo civilizado, pide el Papa

DPA, AFP Y PL

Washington, 15 de octubre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó hoy "enérgicamente" la violencia en Bolivia, que ha dejado más de 80 muertos en un mes de protestas populares, y recordó que el Estado "tiene el deber de mantener y restablecer el orden público" en el contexto del respeto de los derechos humanos.

Otros organismos humanitarios se sumaron a las críticas por el "desproporcionado uso de la fuerza" del ejército y la policía contra los manifestantes al grado de "criminalizar" las protestas sociales, en lo que constituyen las primeras condenas a la represión del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada contra sus opositores.

Por su parte, el papa Juan Pablo II hizo un llamado a poner fin a la violencia en el país andino, al señalar que las noticias que tiene son de que hay una gran crisis que ha dejado muertos y heridos, y que eso es "sumamente preocupante".

Abogó el jefe de la Iglesia católica en favor de un "diálogo civilizado", de soluciones "equitativas" y de respeto a la legalidad, orando por las partes, y expresó su "solidaridad espiritual con los que sufren".

La CIDH expresó en un comunicado en la capital estadunidense que "hace un llamado urgente al cese de hostilidades y a preservar la democracia y el estado de derecho en los términos de la Convención Americana so-bre Derechos Humanos y de la Carta De-mocrática Interamericana".

Por ello, insistió en un diálogo y demandó respetar el sistema democrático para hallar una salida a la difícil situación que atraviesa el país.

A su vez, Human Rights Watch llamó al gobierno de Bolivia a prohibir a las fuerzas de seguridad utilizar armas letales contra los manifestantes, a menos que sea absolutamente necesario para proteger vidas.

Añadió el organismo humanitario que para evitar consecuencias trágicas el gobierno debe ordenar al ejército "moderación".

Asimismo, instó al presidente Sánchez de Lozada a iniciar de inmediato una investigación imparcial sobre las circunstancias en que decenas de manifestantes han perdido la vida, porque "con la escalada de violencia Bolivia está al borde de la catástrofe", dijo el director del organismo para América, José Miguel Vivanco.

Pero la Federación Internacional de Derechos Humanos fue más allá al condenar "sin reservas" al gobierno de Sánchez de Lozada por lo que calificó "la criminalización de la protesta social" y el "uso desproporcionado de la fuerza" contra la sociedad civil.

Puntualizó que "la utilización desproporcionada de la fuerza por parte del gobierno boliviano no constituye desgraciadamente un acto aislado", al recordar la represión de anteriores manifestaciones pacíficas, en enero y febrero pasados, que entonces se saldaron también con varias decenas de muertos y heridos, además de que también llamó a entablar un diálogo serio y transparente entre las partes.

Otra de las condenas por la "sangrienta represión" del régimen boliviano provino del Partido Comunista Francés, que expresó su solidaridad con "las fuerzas democráticas y el movimiento popular que exigen, en particular, que el pueblo boliviano controle sus recursos naturales, cuando la inmensa mayoría de la población se ve reducida a sobrevivir en pobreza extrema".

Por su parte, Washington rechazó que su política antidrogas haya contribuido al ma-lestar de los campesinos, que se oponen a la exportación del gas natural, luego que algunos críticos señalaron que el cultivo de hoja de coca en Bolivia es ancestral y proviene de la cultura de su pueblo, mucho antes de que Estados Unidos existiera como nación.

En tanto, fuentes de la cancillería española negaron la versión de un diario madrileño según el cual España se habría ofrecido a sustituir a Bolivia como sede de la cumbre iberoamericana, prevista para celebrarse en La Paz el 14 y 15 de noviembre.

Mientras que una fuente gubernamental española dijo que Bolivia debería aprovechar sus enormes reservas de gas para las que hay un enorme mercado como el de California, el grupo petrolero español Repsol-YPF aseguró que sigue adelante con su proyecto de exportación de gas boliviano, pues aún tiene un plazo hasta el periodo 2008-2009 para concretar el plan.

Al mismo tiempo, este día se suscitaron marchas de solidaridad en Argentina con las protestas bolivianas en calles céntricas de Buenos Aires y la colombiana Barranquilla, así como en repudio a los actos de represión que han sufrido los bolivianos a manos de las fuerzas combinadas de seguridad y del ejército.