Rechaza la Comisión Política Permanente cambios a la Constitución y la privatización del sector

Quitan al CEN priísta la decisión para negociar la reforma eléctrica

Apoya que se dé autonomía de gestión a CFE y Pemex, y que se garantice su viabilidad económica

ENRIQUE MENDEZ

La Comisión Política Permanente (CPP) del PRI rechazó ayer la reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución, así como la privatización del sector eléctrico, no sólo mediante la venta de los activos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Luz y Fuerza del Centro (LFC), sino también "por la sofisticada vía de la segmentación y apertura de mercados libres que permita a particulares imponer condiciones ajenas al interés nacional".

El órgano de decisión priísta definió que el Estado debe mantener bajo su control la operación, transmisión y distribución de energía, y se expresó en favor de "modificar el marco jurídico vigente" para terminar con la simulación de las empresas privadas que ya operan en el país, y en cambio limitarles el porcentaje de generación de sus proyectos.

A la nueva propuesta de reforma planteada por el Ejecutivo hace dos semanas, el PRI respondió ayer que si bien contiene "criterios que se acercan a los principios" priístas, "persisten diferencias de fondo y exigencias insatisfechas" que no se ajustan a "los postulados y ejes rectores" de los documentos básicos del partido -donde se defiende el petróleo y la energía como sectores estratégicos que deben permanecer bajo el control de la nación-, los cuales se comprometió a respetar "cabalmente".

La única reforma jurídica que respaldó el tricolor ayer fue para garantizar la viabilidad económica de las empresas eléctricas y de Petróleos Mexicanos (Pemex), para darles autonomía de gestión y modificar el monto de su aportación fiscal, y también dio su aval a la iniciativa de los senadores -a los que reconoció su "férrea defensa" del sector- para que Pemex sea cogeneradora de la CFE.

Esos "criterios técnicos" fueron aprobados por unanimidad en la sesión extraordinaria de ayer, donde se quitó al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) la facultad de negociar una eventual reforma con el Ejecutivo federal, y se trasladó a los grupos legislativos del Senado, como cámara de origen, y de la Cámara de Diputados, "la definición exclusiva de los tiempos, los ritmos y las maneras de abordar la discusión del tema".

Los 120 consejeros que integran la CPP aprobaron ayer por unanimidad el documento Análisis y presentación de criterios para la discusión de reformas del sector eléctrico nacional, que elaboró el ex diputado federal Oscar González, en el que también se exige que cualquier acuerdo debe implicar "un efectivo beneficio para la población y los sectores productivos", a quienes han de cobrarse "tarifas justas".

Luego de la reunión, de casi cinco horas, el vocero del CEN, Carlos Jiménez Macías, planteó que a partir de esos lineamientos los legisladores del tricolor pueden definir el sentido de su voto, cuando eventualmente se someta a consideración del Congreso una reforma al sector, y acotó que deberán "responder al compromiso" de respetar los documentos básicos y la plataforma electoral priísta.

El texto, de 29 cuartillas, delimitó que los documentos básicos priístas "señalan con claridad" que "el dominio directo de los recursos naturales y del subsuelo del país corresponde originaria, inalienable e imprescriptiblemente a la nación"; que el petróleo y la energía eléctrica, como industrias estratégicas, "deben seguir siendo propiedad de la nación"; que el PRI se pronuncia por la defensa de lo establecido en los artículos 27 y 28 constitucionales y que Petróleos Mexicanos, la CFE y LFC deben ser fortalecidos y, finalmente, que los priístas buscarán modernizar el marco regulatorio de esas empresas para darles autonomía de gestión.

A lo largo de la reunión, los priístas que hablaron expresaron su respaldo al texto, y sólo el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, planteó que la consulta sobre la postura del PRI debió iniciarse en los consejos políticos estatales -a los que se envió la resolución para que la discutan- para que enviaran sus propuestas y, a partir de ellas, definir la postura nacional.

Celso Humberto Delgado, ex gobernador de Nayarit, planteó que además de los criterios se incluyera un reconocimiento pleno al general Lázaro Cárdenas del Río como creador de la CFE, así como a las instituciones que, como la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico, han formado a los ingenieros mexicanos que han trabajado en las empresas del sector.

La ex diputada chiapaneca Marlene Herrera planteó que en el documento se agregara que también se consideran estratégicas las plantas hidráulicas y nuclear de energía eléctrica, mientras que el diputado federal Oscar Pimentel, secretario de la Comisión de Energía, sugirió eliminar las lagunas jurídicas sobre las que operan las empresas privadas que producen electricidad.

Nadie, en suma, se opuso al sentido y la redacción de la postura priísta, y el senador Ulises Ruiz Ortiz estuvo en permanente contacto con Manuel Bartlett Díaz para informarle los detalles de la reunión.

Los acuerdos

La postura del PRI se definió en nueve puntos: rechazar todo intento de privatización del sector y la segmentación de los mercados; promover una reforma jurídica que garantice la viabilidad económica de las empresas y organismos públicos estratégicos; toda reforma deberá promover el desarrollo nacional, garantizar un suministro suficiente y de calidad, impulsar el mercado interno, orientarse a la generacion de empleo y potenciar los recursos públicos para tener un marco financiero más viable.

Fortalecimiento de la rectoría del Estado, que garantice mantener bajo su control y operación las redes de transmisión y distribución, así como el despacho de la energía, que se le reserve la facultad para determinar las tarifas eléctricas, y que la Secretaría de Energía formule la planeación estratégica del sector y disponga de facultades para sancionar el incumplimiento a las disposiciones legales.

Fortalecer a las empresas públicas del sector, para que los recursos generados por su operación se canalicen a financiar sus inversiones, ampliar las facultades de la Comisión Reguladora de Energía, permitir que la CFE genere nuevas fuentes de ingreso, definir a los subsidios como política de Estado y promover la cogeneración entre Pemex y la CFE.

Conservar la responsabilidad social del Estado en la prestación del servicio público; respetar los derechos de los trabajadores y garantizar recursos suficientes para cumplir con los pasivos laborales del sector; terminar con la simulación y hacer que cualquier acuerdo en la materia implique un beneficio a la población y a las empresas en cuanto a tarifas.

"Presión de países ajenos"

Los mexicanos deben tener claro para qué y para quién son los beneficios de una reforma eléctrica, "y a mí no me ha quedado claro", afirmó María de los Angeles Moreno Uriegas, ex presidenta nacional del PRI, quien aseguró que "los estatutos básicos y las leyes se hacen para respetarse".

Indicó que si la decisión no se discute con profundidad para dejar en claro que "es para beneficiar a muchos mexicanos", y definir en manos de quién va a quedar la propiedad, "es muy probable que haya una fractura, pero no sólo en el PRI, sino en muchos lugares".

Moreno Uriegas aseguró que la postura sobre la reforma eléctrica "no la puede decidir una persona, por connotada que sea, ya que tiene que ser una discusión entre mexicanos, donde se consideren varias opciones y se decida cuál es la que más le conviene al país".

Al respecto señaló que es necesaria "una discusión sustantiva, serena y con argumentos que analicen el futuro del país, considerando sus recursos e historia, pero también su necesidad de competir en el exterior". En ese sentido reconoció que "existe presión por parte de organismos internacionales y de países ajenos al nuestro". No obstante, insistió en que existe confianza en que los senadores serán capaces de considerar con atención las diversas propuestas presentadas ante este órgano legislativo y "formular la propuesta que más convenga a México, en primer lugar, y luego al resto del mundo".

LAURA POY SOLANO

Modifican la minuta que reformaba las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas

Senadores priístas rechazan legalización de los contratos de servicios múltiples

La propuesta fue aprobada por los diputados en abril; el PAN quería revisión fast-track

ANDREA BECERRIL

Como parte de los acuerdos de los senadores del PRI para frenar todo intento del presidente Vicente Fox encaminado a privatizar el sector energético, los legisladores concluyeron ya el dictamen por el que se modifica casi en su totalidad la minuta para reformar las leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas, toda vez que constituía un intento por legitimar los contratos de servicios múltiples (CSM) que dan, además, ventajas a los inversionistas extranjeros.

Haber permitido que pasara el proyecto -aprobado en primera instancia por la Cámara de Diputados- "habría sido el inicio de la privatización total de Pemex", comentó el senador José Antonio García Torres, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.

Recordó que la minuta por la que se reforman la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y la Ley de Obras Públicas fue enviada por la Cámara de Diputados en abril pasado al Senado, donde los legisladores priístas se opusieron a su aprobación fast-track y prefirieron analizarla a fondo, incluso ya en la nueva legislatura.

"Nos dimos cuenta que entre los más de cien cambios propuestos a ambas leyes por el Ejecutivo federal, el propósito real era deslizar los contratos de servicios múltiples, contra los que hemos dado la batalla, ya que en realidad se trata de contratos de riesgo con los que se concesiona a empresas extranjeras la explotación de hidrocarburos".

De ahí que, agregó el legislador, se metieron a fondo y durante los últimos meses analizaron a detalle todo el articulado, se reunieron con las cámaras industriales y las asociaciones de profesionistas involucrados y cambiaron de manera radical las iniciativas del Ejecutivo federal.

El senador García Torres precisó que en un principio sus contrapartes del PAN insistían en que la minuta se aprobara tal como venía desde la Cámara de Diputados, pero aceptaron finalmente que se revisara y hay acuerdos en algunas de las modificaciones que los priístas proponen.

Los cambios son radicales, toda vez que se eliminaron 32 artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, otros 14 quedaron fuera de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, además de que en esta última se modificaron 12 artículos más.

Entre los artículos suprimidos destacan el 26 bis y el 46 de la Ley de Adquisiciones, que permitían la contratación de terceros, que a su vez podían subcontratar de manera ilimitada obra pública. "Esto enmarcaba un poco la cuestión de las llamadas empresas líderes, es decir, el gobierno federal contrataría un consorcio, que a su vez podría subcontratar a muchas empresas más, sin rendir cuentas de ello a nadie".

Se decidió, asimismo, quitar otros ordenamientos que habrían dado ventajas a los inversionistas privados, entre ellos el permitir contratos a largo plazo para mantener el nivel de inventarios, incrementarles el monto de garantías con 5 por ciento sobre el concepto de interés y exceptuar la aplicación de penas convencionales a las operaciones de adjudicación directa.

"Aprobar esto era dar legalidad a los CSM que ha comenzado a otorgar Pemex y no podíamos permitirlo", agregó.

Detalló que se eliminó además el artículo 16 de esa ley, donde se señalaba el procedimiento de conciliación y la posibilidad de resolver las controversias por medio de un arbitraje. "Esto significaba que las empresas extranjeras podrían acudir a tribunales del exterior en caso de conflictos o de incumplimiento de contrato y ello es muy riesgoso para la soberanía nacional".

También provocó fuerte discusión con los panistas el artículo 36 de la Ley de Obras Públicas, toda vez que contempla la "subasta descendente", procedimiento que da pauta a que con tal de ganar un contrato, una empresa ofrezca precios que luego no cumpla, con lo que bajaría la calidad de la obra y la encarecería. Ello provocaría que el gobierno tuviera que interponer acciones legales contra los constructores, por lo que "consideramos que es mejor que desde un principio las cosas vayan bien ordenadas y el artículo salió".

De esa misma ley se retiró el artículo 16, que regula contratos celebrados en el extranjero; el 16 bis, por el que se creaba la Comisión Federal de Contrataciones Gubernamentales -y provoca duplicidad de funciones en la administración pública-, y el 45, que da pie a los contratos abiertos.

Entre los cambios a la Ley de Obras Públicas está el que los senadores del PRI hicieron al artículo 25, para dejar claro que la Secretaría de la Función Pública no sólo puede sino que debe participar en el comité de contratación.

En la minuta se argumenta que la Secretaría de la Función Pública no debe conocer todo lo referente a las contrataciones, porque supuestamente no tiene la capacidad ni el personal suficiente para hacerlo, "lo rechazamos, porque para eso fue creada la dependencia, su función es saber y vigilar cómo se aplica el gasto público, que las obras se contraten en las mejores condiciones para el país, a los mejores precios, con la seguridad de que las empresas que las van a realizar actúen bien. Todo ello tiene que permanecer en la ley e hicimos las modificaciones necesarias en el dictamen".

Igualmente se modificó el artículo 32 para establecer que la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las licitaciones, concursos y resoluciones en cuanto a contratos "debe ser obligatoria y no opcional", ya que la intención era dar a conocer ese tipo de información en publicaciones especializadas.

El PRI tiene el apoyo de los senadores del PRD y del Verde Ecologista pasa sacar el dictamen en comisiones y ante el pleno.