Ministros de la primera sala determinaron no desechar escrito de López Obrador

El pleno de la Corte decidirá sobre las facultades del jefe de Gobierno

En tres o cuatro semanas, la resolución El mandatario solicitó investigar el caso San Juan

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y no sólo un grupo de ministros, determinará si el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, tiene facultades para solicitar la integración de una comisión que investigue el asunto del predio conocido como Paraje San Juan, ubicado en la delegación Iztapalapa.

La decisión se tomó en la primera sala por la trascendencia que ha tomado el caso, en el cual el GDF está emplazado judicialmente a pagar mil 800 millones de pesos por la expropiación del terreno citado.

Ayer, los ministros que integran la primera sala decidieron que el pleno de la Corte analice y resuelva si López Obrador tiene facultades para solicitar que el máximo tribunal investigue a la juez octava de distrito B en materia administrativa, Gabriela Rolón Montaño, y a quienes han tenido participación en el litigio, por considerar que han actuado de manera indebida al aceptar pruebas falsificadas, entre otras irregularidades.

Como se recordará, en los primeros días de octubre el titular del Poder Ejecutivo local envió una carta al presidente de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón, en la que le solicita crear una comisión que investigue el caso, La respuesta del ministro fue que la petición era improcedente porque López Obrador no tiene acreditadas legalmente esas facultades de petición.

Sin embargo, la primera sala de la SCJN decidió no desechar la petición del mandatario de la capital, por lo que, según fuentes de la Corte, los 11 ministros que integran el pleno deberán resolver en un plazo de tres a cuatro semanas si López Obrador puede solicitar, como establece el artículo 97 de la Constitución, la creación de una comisión que investigue el asunto del Paraje San Juan.

Resta importancia a documento firmado por Ortiz Pinchetti

Niega consejera jurídica que el GDF haya reconocido derechos a Arcipreste

BERTHA TERESA RAMIREZ

La Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal (GDF) reconoció la existencia de un documento fechado el 21 de febrero de 2002, en el que el ex secretario de Gobierno, José Agustín Ortiz Pinchetti, en nombre del jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, ordena a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) realizar el avalúo para determinar el monto de la indemnización por la expropiación del predio Paraje San Juan.

La titular de la oficina del GDF, María Estela Ríos, rechazó que con dicho documento el mandatario local haya reconocido al señor Enrique Arcipreste la propiedad del predio.

Explicó que el oficio al que hace referencia el reclamante de la indemnización, por medio del cual, según él, la administración capitalina lo reconoce como propietario, es un documento elaborado en el despacho a su cargo como parte del trámite que se siguió en el juicio para cumplir con lo ordenado por la juez.

Pero precisó que de ninguna manera este documento implica el reconocimiento de un derecho al señor Arcipreste, "porque el Gobierno del Distrito Federal, como autoridad administrativa, no está facultado ni puede reconocer propiedad alguna a un particular, ya que el derecho de propiedad no se acredita mediante el dicho de autoridades administrativas".

Explicó que incluso existe otro oficio fechado el 19 de febrero de 2000, con el cual el GDF solicita a la juez que llevó el caso que no se cumpla el procedimiento porque estaba en duda quién era el propietario, ya que habían recurrido a esa consejería varios particulares haciendo valer sus derechos de propiedad; no obstante, "los jueces decidieron que se reconociera exclusivamente a Enrique Arcipreste y ordenaron que nosotros iniciáramos los trámites para pagar la indemnización".

Durante la conferencia de prensa que ofreció para aclarar lo anterior, señaló que la mención de este documento no frenará el proceso que ha iniciado el gobierno capitalino en defensa de los intereses de la ciudad.

Según la consejera jurídica, el documento quedaría invalidado porque se sustenta en el supuesto de que hay una sentencia que está fundada en derecho, pero en el momento en que se determine que esa propiedad no existió, "todo esto quedaría sin materia".

Antes, en la conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador titubeó al ser interrogado en torno a la existencia de dicho documento y si lo suscribió.

Aunque primero lo negó, después admitió que existía la posibilidad de que sí lo hubiera firmado. Y explicó: "existe la posibilidad porque la Consejería Jurídica me pasa los asuntos que tengo que firmar, viene nada más una firma siempre, la de la consejera, que me da la seguridad de que puedo firmar. Pero lo voy a ver, lo voy a checar", ofreció.

Por otra parte, reveló que una de las 10 personas que integraron la asociación para cobrar la indemnización por el paraje en la actualidad es funcionario del Tribunal Agrario y es subalterno de quien fue director del Registro Público de la Propiedad de 1982 a 1988; además en dicho tribunal labora la persona que en ese entonces fue director de regularización de la tenencia de la tierra en el DF.

Mientras, Cristina Padilla, representante legal de Enrique Arcipreste del Abrego, canceló la conferencia de prensa que había programado para el viernes, ya que, dijo, teme que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de cumplimiento a la orden de presentación que existe contra su cliente.

Solicitan audiencia a Azuela sobre el Paraje San Juan

Delegados piden a la Corte investigar

Jefes delegacionales de PRD y PRI solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela, aceptar la petición del jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, de nombrar una comisión que investigue los hechos "fraudulentos" relacionados con el predio Paraje San Juan.

Antes del mediodía, los delegados de Venustiano Carranza, Ruth Zavaleta; Iztapalapa, Víctor Hugo Círigo; Alvaro Obregón, Leticia Robles; Iztacalco, Armando Quintero; Gustavo A. Madero, Octavio Flores; Coyoacán, Miguel Bortolini, y de Milpa Alta, Cuauhtémoc Martínez, llegaron a las instalaciones de la Corte, donde entregaron al secretario técnico del ministro presidente, Eber Omar Betanzos, el escrito de una cuartilla signado por 14 de los 16 jefes delegacionales y las firmas de apoyo de más de 100 mil ciudadanos.

Acompañaron a los delegados los diputados locales Lorena Villavicencio, Silvia Oliva, Lourdes Alonso y Miguel Angel Solares.

En la carta los jefes delegacionales solicitan a Azuela Güitrón que les conceda una audiencia para exponerle "las inquietudes de los ciudadanos que habitan en las distintas jurisdicciones territoriales del Distrito Federal relacionadas con este asunto".

Al salir del recinto, el delegado de Iztapalapa, Víctor Hugo Círigo, comentó que esperan que esta misma semana el ministro Azuela responda a su solicitud.

Al respecto, el secretario de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, calificó de positivo el apoyo que los jefes delegacionales han otorgado a López Obrador.

Después de la develación de la estatua del fundador de la República de Turquía, Mustafá Atatürk, Encinas comentó que los jefes delegacionales son representantes de los habitantes de la ciudad de México y su presencia en la Suprema Corte es porque convalidan un proyecto donde tuvieron que dejar atrás muchas de las facturas fraudulentas con las que se despojó de recursos a los habitantes de la ciudad, quienes también resultan afectados con la indemnización de mil 810 millones de pesos.

En tanto, el panista Fernando Aboitiz, jefe delegacional de Miguel Hidalgo, manifestó que en el caso de que el gobierno, después de agotar todos los recursos legales, tenga que pagar la indemnización, "entre todos tendremos que responder porque la Corte merece respeto". Ante la situación, dijo que estará en la mejor disposición de apoyar al jefe de Gobierno con un plan de austeridad en la demarcación a su cargo.