No es negociable y sólo falta que se obtengan los recursos de Hacienda, afirma

La autorización para puerto de amarre en Playa del Carmen ya está dada: Elizondo

MIRIAM POSADA GARCIA

La autorización para la construcción de un puerto de amarre (home port) en Playa del Carmen está otorgada y no es negociable, aseguró el secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, al precisar que la obra se podrá iniciar cuando los tres niveles de gobierno acuerden con la Secretaría de Hacienda la asignación de recursos que requerirá el municipio para infraestructura.

El funcionario precisó que los empresarios interesados en el puerto de amarre ya cuentan con la autorización para ello y eso no está a discusión; sin embargo, no han sido requeridos en las pláticas que sostienen la Federación, el gobierno de Quintana Roo y el municipio de Solidaridad, debido a que se trata de resolver cuestiones particulares de gobierno en las que no deben estar mezclados intereses de particulares.

Elizondo Torres explicó que la instalación de un puerto de amarre en un municipio como el de Solidaridad, donde se ubica Playa del Carmen, obliga al gobierno local a desarrollar infraestructura básica para atender a los miles de turistas que anualmente desembarcarían en este destino turístico, recursos con los que ahora no cuenta.

En este sentido, dijo, la Secretaría de Turismo, el gobierno estatal y el municipal, que encabeza Gabriel Mendicutti, están negociando con la Secretaría de Hacienda la disponibilidad de esos recursos, lo cual daría la posibilidad de que no se cobre la cuota de 30 dólares por pasajero que había propuesto el municipio.

El secretario de Turismo señaló que una vez que se haya salvado ese punto, entonces se incorporarán a las mesas los empresarios interesados en desarrollar este proyecto turístico. Asimismo anunció que en los próximos días se iniciarán pláticas para la regulación en materia de arribo de cruceros al país.

El conflicto entre el Grupo Xcaret, que adquirió la autorización para la construcción del puerto de amarre, y el presidente municipal de Solidaridad, Gabriel Mendicutti, se originó cuando éste condicionó la autorización del último permiso a que cada pasajero pagara 30 dólares por descender a territorio mexicano, con el argumento de que el municipio no cuenta con recursos suficientes para desarrollar las obras de infraestructura urbana que requiere la población, y mucho menos para atender las necesidades de los turistas que llegarán en los cruceros.