CIUDAD PERDIDA

Miguel Angel Velázquez

Los bienes terrenales de una familia de panaderos

ENTRE las muchas puertas y vericuetos del caso Paraje San Juan hay razones que de pronto se pierden en afanes necios por desvirtuarlas, sin medir siquiera los alcances del daño que sufriría la población de la ciudad en caso de que el gobierno se viera obligado a pagar las cantidades que exige el supuesto dueño del terreno en la delegación Iztapalapa.

LA PALABRA, la razón, se llama fraude. A ver si se entiende. El asunto a discutir no es si López Obrador es el bueno o malo de la película, ni si en ésta va en juego su futuro político.

AQUI LO que se discute es que por un hecho fraudulento, es decir ilegal, la ciudadanía sea castigada con el pago de una muy buena cantidad de dinero, que significa, entre otras cosas, servicios para la población.

QUIEN QUIERA suponer que sobre eso, antes que la gente, están los intereses políticos del jefe de Gobierno o de algunos panistas interesados en hacer perder el tranco al mismo funcionario, tal vez tengan razón, pero eso no es lo más importante ni lo trascendente.

POR ELLO, cuando se pretende que la firma de algún representante del gobierno significa la validación del engaño, se miente, se trata de desviar la atención del punto fundamental.

DE ESA forma es necesario repetir, para que se entienda, que el problema no es Andrés Manuel López Obrador; el problema es, aunque la nata política no quiera dejarnos ver el fondo, que este lío empieza por un ilícito, un fraude en contra de la gente.

Y ES que las cosas van mal desde el principio. Para empezar, el acto de compraventa del Paraje San Juan se efectuó en 1947 frente a un juez de paz de nombre Ignacio Munguía, según dicen los demandantes, pero el Código Civil vigente en aquel entonces advertía que cualquier transacción mayor a 500 pesos debería efectuarse frente a un notario público, cosa que no hizo el supuesto dueño.

PERO ADEMAS, según consta en algunos documentos, la firma del juez fue falsificada y también el sello que legalizaba el acta. Es más, el mismo juez da fe de una porción de la propiedad a otra persona en 1938. Se duda que este hombre hubiera dado a dos "dueños diferentes" posesión del mismo terreno. Hay que hacer notar aquí que la firma y el sello en los documentos de 1938 sí son los que se reconocen como legales y son absolutamente diferentes a los que presenta el documento del señor Arcipreste.

PERO TAMBIEN existe la sospecha fundada de que ese contrato privado de 1947 no se elaboró en ese año, sino en 1975, fecha en que se realiza la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad.

ASI SE fraguó este engaño, descubierto hace casi un año en las oficinas del gobierno de la ciudad, cuando todo hacía pensar que se trataba de un acto de justicia en favor de una familia de panaderos, oficio que ejercían los Arcipreste cuando pagaron en oro por el terreno que hoy conflictúa y marca a la justicia de este país. La pregunta es: si la familia Arcipreste era dueña de 3 millones de metros cuadrados desde 1947, Ƒpor qué se dedicaba a hornear pan en una modesta casa, en lugar de comercializar sus tierras?

Acuerdo Legislativo

AYER ESTUVIERON muy activas las legisladoras María Rojo y Alejandra Barrales. Su preocupación mayor era consensuar entre los diputados un donativo de mil pesos cada uno, es decir, 66 mil si las cuentas están bien, para entregarlos al Teletón.

Aunque la discusión sobre quién tendría que aparecer en pantalla no duró mucho, porque María Rojo declinó, la Barrales se apuntó de inmediato y se comprometió a pasar la charola con sus colegas para que la Asamblea Legislativa inscriba con rasgos de nobleza su nombre en el Teletón. šQué tal!

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