Alvarez Garín: Sedena debe entregar "todos" los archivos sobre la guerra sucia

Carrillo Prieto podría ser sancionado si no cita a declarar a López Betancourt

El experto Clemente Valdés pide que no prescriban delitos cometidos por funcionarios

JESUS ARANDA Y ALFREDO MENDEZ

La prescripción de los delitos no debe operar cuando los responsables son funcionarios públicos que tuvieron el poder suficiente para inhibir el desarrollo de las investigaciones, sostuvo Clemente Valdés, doctor en derecho constitucional, quien propuso que los códigos penales sean reformados de modo que la prescripción se limite a litigios entre particulares.

Valdés, Raúl Alvarez Garín, Félix Hernández Gamundi y Raúl Guillén señalaron que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) tiene la obligación legal de citar a declarar al ex procurador de Guerrero Eduardo López Betancourt, para que confirme ante el Ministerio Público sus declaraciones (La Jornada 30/11/03) en las que afirmó que tuvo conocimiento de que existieron "vuelos de la muerte" durante la guerra sucia, cuando militares tiraron al mar cadáveres de campesinos disidentes en Guerrero.

En entrevistas por separado, los cuatro señalaron que si el fiscal Ignacio Carrillo Prieto no cita a declarar al ex procurador de justicia durante la administración de Rubén Figueroa, el funcionario tendría que ser sancionado por las vías administrativa y penal, debido a que el marco constitucional lo obliga a investigar de oficio cualquier declaración pública relacionada con temas de su competencia.

Por su parte, Guillén, ex asesor jurídico de la Procuraduría General de la República (PGR) y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México , agregó: "el Ministerio Público ha demostrado históricamente no cumplir sus obligaciones constitucionales. En el caso de la guerra sucia es evidente que tenía la obligación de llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar al esclarecimiento de los hechos y hasta el momento no lo ha realizado; simplemente no vemos resultados".

Entrevistado después de participar en un seminario organizado por la Fundación para el Debido Proceso Legal, Guillén indicó que López Betancourt "tiene la obligación de aportar lo que esté a su alcance -máxime si fue autoridad- para llegar al fondo del asunto".

Por su lado, Alvarez Garín, integrante del Comité del 68, llamó al presidente Vicente Fox para que ordene a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la entrega de "todos" los expedientes de la dependencia involucrados con las matanzas del 2 de octubre, el 10 de junio de 1971 y la guerra sucia, porque de lo contrario quedará en entredicho la intención presidencial de llegar al fondo de las investigaciones y de castigar a los culpables.

En conferencia de prensa en la que se presentó el libro de Valdés, La prescripción de los delitos de los gobernantes, Alvarez Garín sostuvo que la apertura los archivos de la Sedena es "absolutamente indispensable" para reconstruir la verdad histórica y legal de los hechos ocurridos a partir de 1968.

Recordó que desde abril pasado, cuando formalmente la Sedena entregó su documentación al Archivo General de la Nación (AGN), denunció que resultaba sospechoso que esos archivos no fueran completos, además de que estaban "inusualmente desorganizados".

Los hallazgos que se han hecho en el AGN, dijo Alvarez Garín, han sido casuales, como es el hecho de que en varias directrices militares se utilice la palabra "exterminio". Es importante que la Sedena entregue toda la documentación de que dispone, así como los funcionarios públicos que cínicamente hablan de que tienen "en su archivo" documentos que avalan su inocencia.

A su vez, Valdés explicó que no puede operar la prescripción de los delitos -que sostiene la defensa de personajes como Luis Echeverría- por el simple transcurso del tiempo en que se cometieron, sino que también deben tomarse en cuenta las condiciones del país, ya que hubo una época en la que era imposible que prosperara una demanda de ese tipo, porque el grupo que cometió los actos ilícitos se mantuvo todavía en el poder durante muchos años.

"No estoy en condiciones de decir si los acusados son culpables o no, pero sí considero que deben ser llevados a juicio como todo ciudadano, y que en un proceso legal se determine de forma individual si son responsables de los delitos que les imputan, y que la prescripción deje de ser usada para favorecer la impunidad", puntualizó