Asegura inmueble y gira órdenes de presentación

Agota PubliXIII paciencia de la Procuraduría del DF

Incumple entrega de los primeros cheques para resarcir daños

SUSANA GONZALEZ Y AGUSTIN SALGADO

Un mes y medio después de que las quejas y denuncias penales contra la empresa Moving Publicity PubliXIII, por incumplimiento de contrato, se multiplicaron hasta sumar 240, promovidas por 2 mil 500 afectados, anoche la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) dio un giro al caso al emitir una orden de presentación contra José Luis González González y dos de sus apoderados legales, al tiempo que aseguró el edificio donde operaba, en avenida Cuauhtémoc 1202, casi esquina con Miguel Laurent, colonia Santa Cruz Atoyac.

La decisión fue tomada luego de que los abogados de PubliXIII no respetaron un acuerdo establecido con los inconformes, validado ante la Secretaría de Gobernación, mediante el cual se comprometían a entregar ayer a mediodía los primeros cheques a 40 de los cientos de clientes defraudados, en la Fiscalía para Delitos Financieros de la PGJDF.

En lugar de ello, los representantes y apoderados legales de la empresa -del despacho Sánchez Juárez Feria, contratado por González González desde el 4 de noviembre- se presentaron después de las cuatro de la tarde y ofrecieron "un cheque abono en cuenta que no puede cobrarse", indicó el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales, Renato Sales Heredia.

Guillermo Vanegas -representante de la recién creada asociación Afectrece, cuyos miembros incluso portan playeras distintivas- aseguró que además de la cuenta congelada en Bancomer por 782 mil pesos, cuyo número es el 00450942758, los abogados de PubliXIII también ofrecieron "las facturas de dos camionetas Sharan de Volkswagen, una modelo 2002 y la otra 2003, para que nosotros las vendiéramos y de esa forma se cubrieran algunos de los contratos; por supuesto que no aceptamos. Ellos calculan que cada camioneta cuesta 180 mil pesos".

Durante casi 12 horas, los inconformes coparon ayer desde las diez de la mañana la sala de espera y la entrada principal de la procuraduría, así como la banqueta frontal, en la calle Gabriel Hernández, colonia Doctores, para apoyar a sus compañeros y como medida de presión hacia la empresa y las autoridades. La cita con los abogados de PubliXIII estaba prevista para las 13 horas, pero éstos llegaron cinco horas después y una vez que los afectados se enteraron de sus ofrecimientos, bloquearon la avenida Río de la Loza desde las siete de la noche.

El nuevo incumplimiento de PubliXIII provocó también que el fiscal de delitos financieros, Jorge Camacho, asegurara el edificio de la empresa, minutos antes de las 10 de la noche, al frente de unos 50 agentes judiciales que llegaron al lugar en una veintena de patrullas de la PJ, camionetas y automóviles sin logotipo, en previsión de cualquier resistencia, pero la diligencia ministerial se llevó a cabo en calma y continuaba hasta el cierre de esta edición.

Entrevistado en el lugar, Camacho afirmó que el aseguramiento del edificio se llevó a cabo "en términos de la garantía para la reparación del daño, como atribución del Ministerio Público, según se establece en el artículo 20, inciso B, de la Constitución; noveno del Código de Procedimientos Penales y también de acuerdo con la Ley Orgánica de la PGJDF". No descartó que posteriormente se decomisen vehículos en poder y a nombre de PubliXIII, toda vez que no se pudo concretar un arreglo "en buen ánimo" entre los abogados de González González y los clientes afectados.

Sales Heredia explicó horas antes que la PGJDF tiene atribuciones para asegurar dichas propiedades sin que sea necesaria la orden de un juez, pues para hacerlo basta el artículo tercero, fracción sexta de la Ley Orgánica de la dependencia, referida a las atribuciones que tiene el Ministerio Público, respecto a la averiguación previa, en la que se establece que "en caso de considerarse necesario, se ordenará que el bien se mantenga a disposición del Ministerio Público, exigiendo el otorgamiento de garantías".

Por la noche, el subprocurador anunció que también se solicitará a un juez una orden de cateo y confirmó que PubliXIII tiene al menos 60 vehículos, pero deberá confirmarse si son de su propiedad, y con ellos poder garantizar la reparación del daño a los clientes afectados.