Francisco López Bárcenas

Yosotatu: entre la violencia y la indolencia

El 24 de noviembre pasado, ejidatarios de San Sebastián Nopalera, fuertemente armados y protegidos desde las altas esferas de la política por Salomón Jara Cruz y Rafael Bautista Mejía -dirigentes de la Unión Campesina Democrática de Oaxaca-, atacaron el ejido de San Pedro Yosotatu, en la Mixteca oaxaqueña, mientras la comunidad levantaba su cosecha de las pocas tierras que los invasores les dejaron desde 1998, año en que comenzaron a invadir sus tierras, legalmente tituladas. La agresión dejó un saldo de cuatro ejidatarios desaparecidos, cuyo paradero se desconoce.

El ataque fue un acto largamente anunciado por los agresores y denunciado por las víctimas, sin que ninguna autoridad estatal o federal hiciera algo por impedirlo. Los ejidatarios de San Pedro Yosotatu pasaron años ante diversas autoridades, federales y estatales, denunciando los despojos de sus tierras y las agresiones a mano armada, pero quienes los atendieron no resolvieron el problema. En las agencias del Ministerio Público quedaron las averiguaciones previas sin integrar por los delitos de despojo, daños en propiedad ajena y portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército, entre otros ilícitos; muy pocas fueron consignadas en los juzgados, que expidieron órdenes de aprehensión que nunca se ejecutaron. De igual manera, el tribunal agrario de Huajuapan de León se negó a ejecutar su propia sentencia que amparaba las tierras en favor del ejido despojado.

Lo último que hicieron fue llevar el asunto ante la Secretaría de la Reforma Agraria, pero ahí, como en otras dependencias gubernamentales, pidieron a los agraviados que plantearan alternativas de solución cuando ésta no era otra que aplicar la ley: la restitución de su derecho y castigo a los invasores para que la calma pudiera imperar en la región. Pero no lo hicieron. El Estado abdicó de su responsabilidad de brindar seguridad a sus ciudadanos que se la exigían; como consecuencia de esa omisión, se generó un clima de impunidad que envalentonó a los agresores, lo cual agravó el problema hasta llegar a la situación en que hoy se encuentra, en la cual tenemos que lamentar la desaparición de cuatro personas, cuya única culpa fue esperar que las autoridades aplicaran la ley que les garantiza su derecho a la tierra.

Ante los hechos consumados el gobierno del estado llamó a las partes a la conciliación y les pidió su cooperación para poder actuar. Rafael Bautista Mejía, suplente de diputado local y líder de la Unión Campesina Democrática, prometió retirar a su gente armada del lugar de los hechos para que la policía preventiva pudiera ingresar y resguardar el orden. Sólo que en lugar de cumplir su promesa se posesionó de las 499 hectáreas de tierras de San Pedro Yosotatu, despojándolo de todo su patrimonio y, lo más grave, impidiendo que sus habitantes pudieran ingresar al terreno y buscar a sus compañeros. La policía ministerial y personal de la Procuraduría de Justicia de Oaxaca ingresaron cinco días después de los hechos y tras un día de búsqueda sin resultados positivos se retiraron. Como si nada grave sucediera.

Para desgracia de las comunidades indígenas, estos hechos se están volviendo algo cotidiano en la Mixteca oaxaqueña. Después de la matanza de Agua Fría, muchos otros casos han sucedido en los que las autoridades sólo actúan después de que ha corrido sangre y se han perdido vidas, y una vez pasada la tormenta el caso vuelve a ser como cualquier otro. Santiago Amoltepec, San Pedro Amuzgos, San Miguel Quezaltepec y Santa María de Yaviche hablan de esta situación. En todos ellos se puede ver la mano de políticos regionales que imponen su voluntad por la violencia, seguros de la indolencia gubernamental, generando una grave situación de violación de derechos ciudadanos y de pueblos, garantizados en la legislación, pero negados en los hechos.

Estamos ante una grave situación que espera el concurso de todos, si no queremos que siga creciendo hasta convertirse en un problema social. Tenemos el deber moral de contribuir a que la violencia deje de ser el método cotidiano de solución de los conflictos. La responsabilidad final es de los tres niveles de gobierno, obligados por ley a encontrar la solución. A las autoridades, que no resolvieron el problema a tiempo, corresponde abrir caminos de entendimiento para lograrlo. Ojalá no lo olviden, pues si los agravios se acumulan pueden desatar la ira popular. Por lo pronto tienen obligación de encaminar sus esfuerzos a que las cuatro personas desaparecidas de San Pedro Yosotatu aparezcan antes de que otra cosa suceda.