Gilberto López y Rivas

La cuestión vasca y el plan Ibarretxe

La cuestión vasca es una entre muchas de las asignaturas pendientes del gobierno de José María Aznar, quien ha acumulado desprestigio dentro y fuera del Estado español por su obsecuencia con la estrategia imperialista de Estados Unidos, su política represiva en el ámbito interno y su insensibilidad e incapacidad para resolver problemas como el derrame de petróleo del buque Prestige sobre las costas de Galicia.

Hay que recordar que el presidente del gobierno español apoyó al grupo golpista que intento derrocar a Hugo Chávez, ha sido cómplice incondicional de su "amigo" Bush en la ocupación neocolonial de Irak, vendió material represivo al gobierno defenestrado de Bolivia, que fue utilizado para reprimir al pueblo de ese país, y ha establecido una ruta de extradiciones ilegales con el gobierno de Vicente Fox que violentan la Consti-tución mexicana y los derechos humanos y de asilo.

Aznar arremetió contra la propuesta conocida como plan Ibarretxe, considerándola relacionada a ETA y, por tanto, terrorista, cerrando las puertas a una eventual superación del actual marco jurídico político del "problema vasco". Acorde con la posición de Aznar, el ministro de Justicia, José María Micha-villa, declaró que el plan Ibarretxe es un atentado directo contra la soberanía española y la futura Constitución de la propia Unión Europea, y anunció la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, ya que, según el ministro, se ubicaron en la propuesta 104 "vulneraciones" a la Constitución española.

Una buena parte del espectro político ha condenado el proyecto del lehendakari Juan José Ibarretxe. El secretario general del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que el plan es una "apuesta por romper la convivencia", mientras su contraparte del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, opinó que generará más división y confrontación. En contraste, Izquierda Unida acogió la iniciativa con satisfacción, asegurando que se trataba de un plan federalista y no soberanista.

En realidad, la proposición denominada oficialmente Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi busca establecer una normativa de libre asociación con España y de nación asociada con Europa. En su preámbulo establece tres pilares de acción:

a) La definición del pueblo vasco o Euskal Herria, asentado en siete territorios, actualmente articulados en tres ámbitos jurídico-políticos diferentes ubicados en dos Estados.

b) El derecho del pueblo vasco a decidir su propio futuro de conformidad con el derecho de autodeterminación de los pueblos.

c) El derecho del pueblo vasco a ser consultado.

Una vez definido el sujeto genérico de la ley -el pueblo vasco-, éste se restringe a la parte integrante de la actual Comunidad Autónoma de Euskadi, integrada por los territorios de Araba, Bizcaia y Guipúzcoa, manifestando sus ciudadanos la voluntad de formalizar un nuevo pacto político para la convivencia, "basado en la libre asociación y compatible con las posibilidades de desarrollo de un estado compuesto, plurinacional y asimétrico".

En sus primeros artículos se define a la Comunidad de Euskadi (artículo 1), su territorio (artículo 2), sus símbolos (artículo 3), ciudadanía y nacionalidad vasca (artículo 4), las relaciones con la diáspora vasca, la Comunidad Foral de Navarra y los territorios vascos de Iparralde, Francia (artículos 5, 6 y 7), la oficialidad de las lenguas euskera y castellano (artículo 8). En el artículo 12 se define el régimen de libre asociado con el Estado español, basado en el respeto y reconocimiento mutuos y sin que la aceptación de este régimen suponga una renuncia a los derechos históricos del pueblo vasco, "que podrán ser actualizados en cada momento en función de su propia voluntad democrática".

El artículo 13, que define el ejercicio democrático del derecho a decidir, asienta que "cuando en el ejercicio democrático de su libre decisión, los ciudadanos y ciudadanas vascas manifestaran, en consulta planteada al efecto, su voluntad clara e inequívoca de alterar integra o sustancialmente el modelo y régimen de relación política con el Estado español, así como las relaciones con el ámbito europeo e internacional, que se regulan en el presente Estatuto, las instituciones vascas y las del Estado (español) se entenderán comprometidas a garantizar un proceso de negociación para establecer las nuevas condiciones políticas que permitan materializar, de común acuerdo, la voluntad democrática de la sociedad vasca."

Desde la propia izquierda del pueblo vasco, el plan Ibarretxe ha sido calificado de "callejón sin salida", considerándolo un fraude por ser una solución que excluye a cuatro de los siete territorios vascos, porque la vía de la reforma estatutaria está agotada y porque "el Estado español no tiene voluntad alguna de negociar ningún estatus nuevo" (Joseba Permach-Mahaikide). Esto es cierto, pero, al menos, la cuestión vasca nuevamente se está discutiendo.