El domingo se decide en referendo el futuro de Ancap

Uruguayos votarán contra reformas a petrolera estatal, según encuestas

AFP

Montevideo, 4 de diciembre. De acuerdo con las últimas encuestas difundidas este jueves, la mayoría de los uruguayos apoyará el domingo, en un referendo, la derogación de la ley que autoriza a la petrolera estatal Ancap a asociarse con firmas privadas y le quita el monopolio de la refinación de crudo.

El 50 por ciento de la población, según la encuestadora Fáctum, votará por el sí a la derogación de la ley, mientras en favor de mantenerla se manifestó 27 por ciento. Un 17 por ciento se dijo indeciso, 2 por ciento no reveló su intención de voto y 4 por ciento anuncia que anulará su voto.

La encuestadora Doxa, en tanto, anticipó que los votos por el sí oscilarán entre 55 y 57 por ciento, y por el no entre 41 y 43 por ciento.

Interconsult prevé que 52 por ciento se inclinará por el sí, 31 por ciento por el no, 13 por ciento aún no define su posición y 4 por ciento anulará su voto.

El recurso de referendo fue presentado en enero de 2002, apoyado por más de 600 mil firmas, por el movimiento sindical, la coalición de izquierdas Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) y el Nuevo Espacio (centroizquierda).

Para derogar la ley, el sí precisa acumular más de 50 por ciento de los votos válidos, de un universo que supera los 2.4 millones de sufragantes.

La norma promulgada en enero de 2001 eliminó el monopolio de Ancap para la importación y refinación, y autorizó a la empresa estatal a asociarse con otras petroleras, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, en un país que carece de petróleo y depende ciento por ciento de sus importaciones de crudo.

Los defensores del proyecto sostienen que la asociación de Ancap con privados es el único camino para que sobreviva cuando desde 2005 los acuerdos del Mercosur habiliten el libre tránsito de bienes entre sus países miembros (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). También argumentan que permitirá a la población acceder al combustible que considere más barato.

Los detractores sostienen que la ley es nociva para el futuro de la empresa, pues permitirá el surgimiento de un monopolio privado. Igualmente argumentan que Uruguay virtualmente regala al sector privado un área estratégica del país, y enfatizan en que no asegura la baja de los precios de los combustibles, actualmente los más altos de la región.

Enfrentamiento entre poderes de la unión

En el ámbito de los derechos humanos, el gobierno anunció este jueves un recurso para evitar que la justicia investigue el asesinato de Elena Quinteros, perpetrado durante la dictadura militar en 1976, mientras el juez Alejandro Recarey, en abierto desafío, reveló estar dispuesto a usar la fuerza para llevar a declarar a militares testigos.

''Esta es una situación judicial que se resolverá en trámites judiciales. El Poder Ejecutivo tiene entre sus obligaciones hacer cumplir las leyes que están vigentes en el país, y apelará en su caso a todas las medidas jurídicas correspondientes", dijo el presidente Jorge Batlle.

Recarey en tanto continuará citando militares testigos del caso, sin aceptar el pedido oficial, destinado a mantener bajo silencio los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, al amparo de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, de perdón a los represores, promulgada en 1986 y refrendada popularmente en 1989.

El juez ordenó además preservar los terrenos de un cuartel (el Batallón de Infantería múmero 13) donde supuestamente estarían enterrados los restos de la maestra Quinteros, secuestrada por un comando represor en junio de 1976 en los jardines de la embajada de Venezuela, donde se había refugiado.