Miguel Concha

Diagnóstico de la ONU sobre derechos humanos

En una sesión extraordinaria de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos -a la que pertenecen nueve secretarías de Estado y asisten como invitadas otras tres, más la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República y cinco entidades de la administración pública-, el próximo lunes el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) entregará al Ejecutivo federal un diagnóstico sobre la situación de ese rubro en México.

El diagnóstico forma parte de la segunda fase de un acuerdo de cooperación técnica del ACNUDH con el gobierno, del que son socias 17 organizaciones civiles mexicanas -entre ellas cuatro redes con presencia en toda la República-, y tiene por objeto la elaboración de un programa nacional encaminado a establecer una política de Estado en la materia.

No se trata de un estudio coyuntural, de los que hay muchos en el país, sino de un análisis estructural que identifica las causas que propician las violaciones a los derechos humanos, tomando en cuenta los instrumentos y mecanismos internacionales de protección a los mismos ratificados por México. Por ello, el diagnóstico fue verificado en un seminario por cinco expertos internacionales invitados por el ACNUDH, el 6 y 7 de noviembre. Dada su naturaleza, no está dirigido en particular contra nadie, y sus recomendaciones y propuestas están incluso llamadas a superar las posibilidades del actual sexenio. Esto no quita que las actuales autoridades deban recibirlo y ponderarlo con especial apertura, disponiéndose de inmediato a realizar los cambios que son de su competencia.

Se espera por ello que en la reunión del lunes se giren instrucciones claras, firmes y decididas al respecto, y se invite a los demás poderes del Estado a asumir sus propias responsabilidades, armonizando urgentemente nuestro marco jurídico, y reformando de inmediato nuestras instituciones de administración de justicia, para ajustarlas a los estándares internacionales.

Las obligaciones de respetar, promover y realizar los derechos humanos no son exclusivamente compromiso del Ejecutivo, sino también de los otros dos poderes del Estado. Para ello se ha procurado destacar desde su inicio 32 recomendaciones generales, respaldadas posteriormente con propuestas concretas en cada una de las partes de las que consta el diagnóstico, y tienen que ver con el sistema de justicia, la vigencia de otros derechos civiles y políticos, la política económica y social, los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, el funcionamiento de los organismos públicos y especializados en derechos humanos, y los derechos de sectores vulnerables de la población.

Su función es la de facilitar un programa de fondo, a corto, mediano y largo plazos, en el que algunos cambios vayan propiciando y exigiendo la puesta en práctica de otros. Ejemplo de ello es la recomendación general que se hace sobre el sistema de justicia, en el que se pide promover una profunda transformación que garantice el estado de derecho y que comprenda el reconocimiento del derecho de las víctimas.

Se pide también el abandono del modelo de justicia penal inquisitorio, la creación de una jurisdicción especializada para adolescentes en conflicto con la ley, incorporar una justicia penitenciaria y la reducción de la justicia militar a su ámbito propio, así como ampliar el alcance protector del juicio de amparo y unificar en el Poder Judicial de la Federación los órganos jurisdiccionales que están en el ámbito del Poder Ejecutivo, incluyendo los tribunales laborales, administrativos, agrarios y militares.

El diagnóstico recoge muchas de las demandas de organizaciones civiles y de académicos, que contribuyeron directamente en su elaboración mediante foros regionales, consultas especiales y envío de sus documentos. Un foro nacional, con participación de casi 415 representantes de 138 organizaciones de la sociedad civil en toda la República, tuvo lugar el 27 de octubre en el Museo de la Ciudad de México. Seguramente no responderá a todas las expectativas, en razón del carácter amplio, complejo y plural de la realidad nacional, pero ciertamente se trata de un instrumento único para seguir promoviendo una cultura y una organización política respetuosa de los derechos humanos en el país.

Su éxito dependerá de la voluntad con la que sea acogido por todas las autoridades, pero también de su difusión y apropiación por la sociedad. Las autoridades, los organismos públicos de derechos humanos, las organizaciones civiles y los medios de comunicación tienen en esto una enorme responsabilidad.