Carlos Montemayor

Congruencia y presupuesto / I

El más conocido intelectual al servicio de la ruta ideológica de los consorcios trasnacionales estadunidenses, el profesor Samuel Huntington, de la Universidad de Harvard, señaló no hace mucho tiempo, en una reunión de los grandes poderes financieros del mundo, que debían modificarse a fondo nuestros conceptos clásicos del Estado soberano para adaptarlos a la realidad contemporánea de la globalización. El profesor Huntington, excesivamente imaginativo en sus teorías sobre el choque de las civilizaciones, aquí fue más preciso y pragmático; quiero decir, más claramente fiel a su desempeño como portavoz ideológico. Según él, los estados deben transformarse en entidades distintas, deben modificar sus conceptos de soberanía y adaptar sus legislaciones al libre avance de las multinacionales; la idea incluso de "poder del Estado" tendrá que cambiar con el impulso mismo de la economía. No es difícil inferir que para el profesor Huntington los estados del futuro deben convertirse en una especie de gerencias regionales de los consorcios trasnacionales.

Esta visión gerencial de los estados, que constituye uno de los más aparentemente sólidos axiomas del poder económico moderno, y que es al mismo tiempo el mejor ejemplo de la manipulación a la que son capaces de llegar los empleados administrativos, políticos o teóricos de las grandes trasnacionales, tiene un momento específico de inicio en el mundo y otro en México.

En el mes de julio de 1973, por iniciativa de David Rockefeller, se iniciaron las sesiones de una comisión de 200 "distinguidas" personalidades provenientes de tres regiones del mundo: Estados Unidos, Europa occidental y Japón. Esta comisión "trilateral" se propuso orientar un nuevo orden internacional no a partir de organizaciones como Naciones Unidas, sino a partir de la dinámica de una especie de oligarquía financiera internacional.

Con trabajos temáticos y reportes y reuniones anuales, a lo largo de tres décadas han logrado modificar el comportamiento mundial en puntos muy concretos. Un eje esencial fue que los proyectos debían trascender las soberanías de los estados del mundo, debían sugerirse e imponerse por sobre los viejos conceptos de las soberanías de los estados. Por este eje esencial fue posible globalizar los mercados, liberar las economías, eliminar el proteccionismo en países débiles, desregular sectores de economías regionales, determinar diversos ordenamientos para los países pobres, particularmente en su deuda externa.

Es decir, el proceso de globalización provino de una decisión cupular financiera y no de la evolución cultural y política de la humanidad. No es un proceso natural y eterno como la ley de gravedad. A lo largo de 30 años esta fuerza cupular ha tenido diferencias y coincidencias, pero ahora dos de las tres regiones, Europa y Japón, empiezan a ver con molestia que la globalización se está convirtiendo más bien en una "americanización" de la economía mundial.

Por lo que a nosotros respecta, el sometimiento dócil de México a este proyecto comenzó más de 13 años después de iniciadas las rondas trilaterales, durante el gobierno de Miguel de la Madrid. A partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con el Tratado de Libre Comercio (TLC), tal sometimiento se convirtió en la obediencia esencial más que a la globalización, a esa "americanización" de la economía mundial. A partir de las sólidas bases del sometimiento de México vía TLC, tanto Ernesto Zedillo como Vicente Fox han continuado el proceso de desmantelamiento del Estado mexicano para convertir todas las estructuras de nuestra anterior economía mixta en ganancias privadas. Tal vez Vicente Fox no ha sido tan eficaz como su antecesor Ernesto Zedillo, que fue un estupendo y esmerado empleado del poder empresarial y político estadunidense durante sus brillantes años de presidente como en su nueva época de ex presidente. Para no quedarse atrás, en varias ocasiones Vicente Fox ha querido ser el adalid del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), es decir, el impulsor de un acuerdo mediante el cual los consorcios estadunidenses puedan desmantelar los estados de todo nuestro continente.

Pero las administraciones de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox empezaron a dejar atrás cierto lastre, por así llamarlo, que no podía desatender Carlos Salinas de Gortari: el sector amplio de cultura, educación superior y medios. A diferencia de Zedillo y Fox, que triunfaron en términos electorales holgadamente, Salinas de Gortari emergió de un proceso electoral cuestionable. Esto lo llevó a buscar una reivindicación poselectoral en muchos terrenos; uno de ellos, el de la cultura, donde se encontraban voces críticas que podían incomodar. Durante su sexenio, los proyectos culturales oficiales gozaron, quizás como nunca antes, del esplendor presupuestal. Ahora Vicente Fox pretende internar a México en un túnel de largo y complejo recorrido pero sin salida prevista. Para explicar sus nuevas propuestas de adelgazamiento del Estado debemos apuntar otro dato básico.

Veamos. Ahora las cosas han cambiado en muchos aspectos, y no por los atentados del 11 de septiembre de 2001, sino por la inercia del proyecto cupular mismo que este año cumplió tres décadas de imponerse en la economía del mundo. Este proceso mundial ha afectado el orden cultural y educativo de manera notable. El efecto más importante es que ciertos conocimientos científicos y su generación han dejado de ser vistos como patrimonio de la humanidad, se han convertido en patentes, mercancías y secretos de empresas. Y no me refiero al mundo de las patentes medicinales, sino a nuevos campos: los de la producción de alimentos y granos, la del conocimiento y conservación de la biodiversidad, la del control y tratamiento del agua. Grandes consorcios trasnacionales avanzan con firmeza en el control de estas áreas en el mundo no como proyectos en beneficio de la humanidad, insisto, sino como un inmenso negocio a costa de clientes cautivos.

En este sentido, la reciente propuesta fiscal de Vicente Fox revela el doblegamiento de su administración a esta faceta fundamental del conocimiento visto como propiedad de patentes de multinacionales y no como acciones indispensables y mínimas de gobiernos e instituciones de educación superior en países pobres.

El pasado 6 de noviembre la administración Fox propuso, como parte de su ejercicio presupuestal para 2004, la desincorporación, liquidación, extinción o fusión de 17 organismos públicos por la escasez de recursos. De estos organismos, quiero destacar, por ahora, el Colegio de Posgraduados de la Universidad de Chapingo, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, la Comisión Nacional de Zonas Aridas, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante, Exportadora de Sal y Transportadora de Sal.

Cada uno de estos organismos, más que representar una carga presupuestal excesiva para el gobierno de Fox, constituyen un obstáculo para los negocios de trasnacionales vinculadas con la producción alimentaria, el control de suelo, de recursos forestales, de mantos acuíferos, de marina mercante y de comercio de sal. La desaparición de estos organismos adelgaza, en efecto, al Estado mexicano, pero lo adelgaza en beneficio del proceso de privatización en estas amplias áreas esenciales para la soberanía y control de nuestros propios recursos forestales, pecuarios, acuíferos y de suelo. Dejar al país sin recursos humanos de alto nivel en estas áreas esenciales para la vida productiva y económica del país significa ceder el país formalmente al "conocimiento técnico" de los consorcios trasnacionales.

El presidente Fox y su gabinete se esfuerzan en hacer la tarea correctamente y asegurar, como su antecesor en Los Pinos, su futuro trabajo en los grandes consorcios trasnacionales. Sin perder oportunidad y sin desaliento, desean aún ceder el país a los intereses de los vecinos que mal los tratan y no los ayudan a sentirse fuera del traspatio. En este proyecto de presupuesto que la Secretaría de Hacienda propuso al Congreso debemos reconocer, pues, que hay una congruencia de la administración Fox: entregar el país a las trasnacionales conforme vaya siendo posible. Si se avanza relativamente despacio en el sector energético y se ha avanzado mucho cediendo, a través del TLC, en agricultura, pueden, en cambio, desmantelar otras áreas que impiden ceder el país de manera total. Quizás Fox y su gabinete piensan que si ya existen empresas como Kellog's, Monsanto y Dupont, Ƒpara qué necesitamos entonces el Colegio de Posgraduados de la Universidad de Chapingo o el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias? Creen que el gobierno debe apartarse de todas aquellas áreas capaces de convertirse en negocios privados. Pero si así fuera, Ƒcuál sería entonces la naturaleza esencial de la administración de un Estado? ƑLa gerencia regional, como el profesor Huntington desea? Fox no aclara aún los límites del negocio privado y los compromisos reales del gobierno mexicano.