Según sus leyes, los agresores sólo deben pagar $2 mil, estar presos 22 horas e irse del pueblo

En la comunidad de Mitzitón, Chiapas, el robo es más delito que la violación

El de Julio Pérez, el caso más reciente; afirma que lo culparon en represalia por cambiar de religión

ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL

Mitziton, Chis,. 5 de diciembre. En esta comunidad indígena perteneciente al municipio de San Cristóbal de las Casas, una violación sexual se castiga con 2 mil pesos de "gratificación", 22 horas de cárcel y el destierro. El primero de julio anterior, el tzotzil Julio Pérez Díaz presuntamente violó y embarazó a una mujer de 22 años. Sin embargo, el caso no fue denunciado en su momento ante el agente del Ministerio Público sino "resuelto" por las autoridades locales el 30 de noviembre anterior, es decir, cinco meses después.

El asunto fue ventilado públicamente el pasado 29 de noviembre, luego de que el presunto agresor fue encerrado 22 horas en la cárcel de la comunidad por negarse a pagar los 2 mil pesos para el parto de la mujer.

Sin embargo, el inculpado aseguró que no violó a la mujer, aunque reconoció que tuvo relaciones sexuales con ella, "pero de común acuerdo". En entrevista con La Jornada sostuvo que fue acusado por las autoridades de la comunidad en represalia porque hace dos semanas dejó la religión católica tradicionalista y se convirtió en evangélico presbiteriano.

La abogada Martha Figueroa Mier, del Grupo de Mujeres de San Cristóbal, manifestó que "desgraciadamente en la mayoría de comunidades indígenas la violación sexual no se considera delito grave, y en general los casos salen a la luz pública cuando tienen trasfondo político o religioso".

La tarde del domingo 30 de noviembre, las autoridades de Mitzitón informaron que el indígena había sido encarcelado el día anterior a las 19 horas y liberado a las 16 horas del domingo 30, luego de firmar un documento en el que se compromete a pagar una "gratificación" de 2 mil pesos a la mujer agraviada y a abandonar la comunidad.

El documento que Julio Pérez Díaz firmó -cuya copia está en poder de La Jornada- ante las autoridades que le propusieron el "acuerdo" para que el caso no fuera denunciado ante el agente del Ministerio Público, dice textualmente: "El C. Julio Pérez Díaz declara ante las autoridades que el primero de julio tuvo relación sexual con la señora Angela Gómez Jiménez y la embarazó, pero actualmente se niega a juntarse con ella".

Señala que "queda el acuerdo ante las autoridades del ejido que Pérez Díaz sólo paga una gratificación de 2 mil pesos para el alivio de la señora embarazada, y declara que ya no volverá a provocar problemas ni a violar a más mujeres".

Continúa: "de su propia voluntad abandonará el ejido, y sólo pide plazo de 15 días a partir del 30 de noviembre para hacerlo. Firma por su propia voluntad el C. Julio Pérez Díaz; testigo: la esposa del violador, Guadalupe Heredia Gómez".

La información fue dada a conocer por el presidente del Consejo de Vigilancia de Mitzitón, Sebastián Jiménez González, quien declaró: "El asunto lo resolvimos en la comunidad", de acuerdo con el sistema de usos y costumbres, y no se dará aviso al agente del Ministerio Público.

Otro indígena de la comunidad, que no quiso revelar su nombre ni su cargo, comentó que el "acuerdo" fue tomado junto con la familia de la indígena y con la opinión del resto de los habitantes. "A la gente no le gustó lo que hizo este hombre, por eso están de acuerdo en que se vaya de aquí; el reglamento dice que después de violar a una mujer ya no puede vivir en la comunidad", añadió.

Pérez Díaz aseveró que fue "presionado" por las autoridades para que se declarara culpable y firmara el documento cuando estaba en la cárcel comunitaria, donde pasó la noche del sábado sin cobijas a cinco grados centígrados de temperatura.

"Si no firmaba el papel que ellos hicieron me iban a golpear, había como 20 hombres rodeándome", dijo. Advirtió que no abandonará la comunidad a mediados del mes como quedó asentado en el oficio. Los 2 mil pesos ya los pagó a la mujer.

Dijo que la señora que lo acusa le puso "una trampa, porque sabe que yo estoy casado desde hace siete años y no tengo hijos con mi esposa (quien se enojó pero ya lo perdonó). Entonces ella (Gómez Jiménez) pensó que si la embarazaba yo me iba a ir con ella, pero eso no lo voy a hacer porque ha tenido muchos hombres, inclusive por eso la dejó el primer marido".

Manifestó que en la comunidad muchas personas, incluidas las autoridades, "sabían que Angela estaba embarazada desde hace meses, pero nadie había dicho nada. Comenzaron a hacerme el problema cuando se dieron cuenta de que ya soy evangélico".

Al encarcelarlo, las autoridades le dijeron que tenía que pagar una "multa" de 2 mil pesos y abandonar la comunidad, pero él propuso que se esperaran a que nazca el niño para que se determinara si es su hijo o no, pero las autoridades rechazaron el planteamiento.

Mitzitón es una comunidad ubicada a menos de 20 kilómetros de San Cristóbal de las Casas y a unos cuatro de las instalaciones de la 31 Zona Militar de Rancho Nuevo. Desde hace más de una década se ha caracterizado por problemas de intolerancia religiosa entre católicos tradicionalistas, que son mayoría, y evangélicos.

Al este respecto, Figueroa Mier afirmó que muchas veces los casos de violación, como éste, se arreglan en las comunidades, sin que sus autoridades tengan jurisdicción; ellas deben consignarlos ante el agente del Ministerio Público.

Añadió que esta situación, que en los hechos habla de dos estados de derecho, debe corregirse para que haya una delimitación clara acerca de qué delitos pueden arreglar las autoridades comunitarias y cuáles deben de consignar ante el agente del Ministerio Público. "Si se hubieran cumplido los acuerdos de San Andrés no habría estas lagunas y confusiones con los usos y costumbres", sostuvo.

Añadió que en la mayoría de las comunidades indígenas chiapanecas es más penado robarse un caballo y herramienta de trabajo, que la violación a una mujer, a la que no le respetan sus derechos.

Ejemplificó: "el adulterio se considera grave sólo si lo comete una mujer", señaló, al tiempo de aclarar que de 100 casos denunciados por violación, 97 son ciertos.