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México D.F. Miércoles 10 de diciembre de 2003

Critican especialistas el "régimen depredador" impuesto a Pemex y la CFE

Un hecho, la privatización del gas: Gershenson

PATRICIA MUÑOZ RIOS

México atraviesa por un periodo de "frustración nacional" debido a la actuación del gobierno federal y la descomposición social por los criminales índices de desempleo y pobreza, que se acentuarán más si se imponen las reformas fiscal, eléctrica y laboral, aseguró el investigador y catedrático John Saxe-Fernández, y sostuvo que los cambios constitucionales que son impulsados responden a compromisos con organismos internacionales, como el Banco Mundial.

Saxe-Fernández participó en un foro sobre el sector eléctrico organizado por La Jornada y Casa Lamm, donde Antonio Gershenson, también articulista de este diario, advirtió que en rubros como el del gas la privatización ya se concretó "con la entrega a empresas extranjeras de superficies enteras del territorio nacional que tienen reservas probadas del energético".

En el acto, el presidente de la Unión de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, David Cortez, apuntó que no ha sido necesario el cambio constitucional para llevar a cabo una "privatización silenciosa, amañada e ilegal" de diversas áreas de Pemex y para profundizar el proyecto "entreguista" de la actual administración de esta paraestatal.

Los ponentes coincidieron en que este gobierno está cometiendo un "error histórico" al considerar que la entrega de los recursos nacionales al gran capital internacional es la solución para los grandes problemas económicos, y "está tan perdido" que cree que el camino para reactivar la economía está en elevar más los gravámenes. En este sentido, Saxe-Fernández indicó que México enfrenta un "dramático cuadro" en materia política y económica, lo que ha generado una profunda frustación colectiva.

El investigador y también colaborador de este periódico apuntó que mientras México mantiene a más de la mitad de la población sumida en la pobreza extrema,casa lamm se ha constituido en el principal remitente de divisas al extranjero, superando incluso a Brasil. Y para mantenerse en este lugar, ahora pretende reformas como la del sector eléctrico, que asegurarían la transferencia de la riqueza a las trasnacionales, como sucedió con la banca.

El persistente ataque del gobierno al sector energético, siguió, se ha llevado a través de diversas vías: el estrangulamiento fiscal, el desmantelamiento crónico del sector, el traspaso de más y más operaciones al ámbito privado, el desmembramiento administrativo y la agresión contra los cuadros técnicos, entre otros.

Gershenson indicó que en el caso del gas natural, la privatización ya se concretó con la entrega de la explotación, comercialización y distribución de este energético a las empresas privadas, trasnacionales en su mayoría; con el establecimiento de los contratos de servicios múltiples; las concesiones a plazos de entre 15 y 20 años, y el abandono oficial de construcción de plantas de generación.

Actualmente 90 por ciento de las plantas en construcción y las que están comprometidas para los próximos años son de capital privado, y ha quedado demostrado que son mentiras las supuestas reducciones de tarifas, ya que en este renglón en años recientes el incremento de precios ha sido constante. La energía no ha sido más barata, está tres veces más cara de lo que se ha había previsto, expuso.

A su vez, David Cortez señaló que la innegable privatización del sector energético se ha dado a través de sustituir a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en sus áreas sustantivas y financiar su desarrollo con base en las empresas privadas internacionales y nacionales, privilegiando el "contratismo" por encima de la administración directa de los proyectos, ya que desde 1982 Petróleos Mexicanos desarrolla cada vez menos plantas con recursos propios.

Cortez hizo ver que es necesario iniciar la recuperación de la administración de esta empresa; corregir las políticas eléctrica y petrolera, supeditándolas al restablecimiento del orden constitucional; modificar el "régimen depredador" impuesto a las empresas del sector, con autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera, que les dé el margen de acción necesario para un desempeño eficiente.

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