Aberración jurídica, los protocolos de extradición con España: la presidenta de Eureka

Hay irregularidades en el proceso a seis vascos presos, denuncian Ibarra y Medina

"El gobierno está cambiando detenidos por negocios", expresa la actriz

BLANCHE PETRICH

La presidenta del Comité Eureka Rosario Ibarra de Piedra, y la representante del Fideicomiso para la Infancia, Fideo, la actriz Ofelia Medina, conocieron, de primera mano, la situación jurídica de los seis vascos presos en el Reclusorio Norte, reclamados por el gobierno español como supuestos integrantes de ETA, durante una visita realizada ayer a mediodía al penal.

Juan Carlos Artola, uno de los procesados, afirmó que cualquiera que sea la resolución que dé la Secretaría de Relaciones Exteriores ante la petición de extradición de Madrid, ésta será "una decisión política porque eso es lo que somos nosotros: presos políticos".

Después de escuchar las historias de estos detenidos, arrestados en operativos distintos y sincronizados en varios puntos del país hace medio año, y constatar la vulnerablidad jurídica en la que se encuentran debido a un protocolo bilateral de extradiciones que deja a los perseguidos por el Estado español en total indefensión, las dos activistas por los derechos humanos denunciaron las irregularidades del proceso que se les sigue en el segundo juzgado de distrito.

Ibarra de Piedra calificó de aberración jurídica los protocolos del tratado de extradición que comprometen al gobierno mexicano a entregar a cualquier ciudadano español requerido por la justicia, aun sin que Madrid presente pruebas de su presunta culpabilidad. Ofelia Medina, por su parte, señaló: "El gobierno está cambiando presos por negocios. A cambio de contratos de empresas mexicanas en España, las autoridades están dispuestas a entregar a cualquiera, aun contra derecho".

Acompañadas por Begonia Lecumberri, también del Fideo, la actriz y doña Rosario se comprometieron a estar pendientes del fallo que se dicte en este caso y a movilizar acciones de solidaridad para detener las extradiciones.

María Asunción Gorrotxategi, Juan Carlos Artola, Ernesto Alberdi, Félix Salustiano García, Asier Arronategi y José María Urquijo fueron detenidos por una petición suscrita por el juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, quien los acusa de asociación ilícita e integración en banda terrorista, allegamiento de fondos con fines terroristas, blanqueo de capitales procedentes de actividades terroristas y falsedad documental. Junto con ellos fueron detenidos tres mexicanos, Pilar Sosa, Pedro Ulises Castro y Noé Camarillo. Después de 50 días de arraigo en el primer caso y 90 días en los otros dos, los tres fueron liberados sin cargos.

Los siete vascos siguen presos por los mismos cargos que fueron anulados en los primeros casos.

En el caso de lavado de dinero, las autoridades mexicanas no lograron detectar movimientos de dinero más que por 900 mil pesos, cantidad que suman las cuentas corrientes y de ahorros, los ingresos e incluso una herencia recién recibida de los nueve detenidos en su conjunto. Las demás acusaciones fueron presentadas sin cargos e incluso los abogados defensores en España y el País Vasco desconocen el expediente, ya que bajo las leyes antiterroristas, estos procesos se mantienen en secreto.

El juez segundo de distrito no aceptó como pruebas de descargo la documentación que acredita la legalidad de todas las cuentas bancarias involucradas en la acusación de Garzón, esgrimiendo el protocolo de la ley de extradición, que impide a la autoridad mexicana pedir al Estado solicitante que pruebe la existencia del delito por el que solicita la extradición. La defensa presentó un amparo contra esta negativa.

A la fecha el proceso se encuentra en fase de desahogo de pruebas. La defensa, bajo responsabilidad de la abogada Bárbara Zamora, trata de demostrar que sus clientes -todos residentes legales en México, salvo dos que tenían una situación migratoria irregular y otro más, que ya se había naturalizado mexicano- son perseguidos políticos en su país. Para demostrarlo, deben presentar el 19 de diciembre, como elemento de prueba, un documento sobre el contexto político e histórico del diferendo vasco español elaborado por el antropólogo León Felipe Echenique.

También ofrecieron pruebas de las torturas a las que son sometidos los perseguidos vascos en España, documentados por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y por la organización contra la tortura Torturaren Aldeko Taldeo (TAT).