Julio Sandoval estuvo preso casi dos años

Líder triqui demandará a los gobiernos de Ensenada y Baja California

ROSA ROJAS

Preso político acusado de "despojo agravado", Julio Sandoval Cruz, dirigente triqui del Movimiento Indígena por la Unificación y Lucha Independiente-Frente Popular Revolucionario (MIULI-FPR), fue liberado el pasado 25 de noviembre después de ganar un amparo que solicitó a la justicia federal contra la sentencia de cinco años siete meses de prisión a la que fue condenado. Ahora, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que investigue a los gobiernos municipal de Ensenada y estatal de Baja California por presuntas irregularidades en la venta de terrenos nacionales a su organización, e informó que demandará al gobierno estatal por el injusto encarcelamiento de casi dos años.

En entrevista en esta ciudad, en la que estuvieron presentes su esposa Juana Marcelina García López y su abogado Omar Garibay, el dirigente solicitó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realice una investigación en el penal de Ensenada -donde estuvo recluido desde el 12 diciembre de 2001 hasta su liberación-, "porque hay ahí muchos indígenas presos ilegalmente, algunos ni siquiera saben de qué los acusan, porque ni hablan español".

Garibay explicó que Julio Sandoval fue acusado de despojo, en la modalidad de instigador, pero no quedó acreditado el delito contra el presunto propietario de unos terrenos de Cañón Buenavista, Alvaro de la Rocha Quintero, por lo que un tribunal colegiado le concedió el amparo de la justicia federal y quedó en libertad.

Ahora Sandoval Cruz demandará, por la vía civil, al gobierno de Baja California "por haberlo mantenido preso durante casi dos años", por haberlo perseguido y por los daños moral y patrimonial que causó contra él, su familia, sus hijos y su esposa, así como contra "las organizaciones que lo estamos apoyando, porque el estado siempre dijo que Julio era un criminal, un delincuente", comentó Garibay.

Sandoval Cruz puntualizó que presentará una demanda, "porque no se vale que un gobierno busque la forma de fabricar un delito que yo no cometí y, estando en la cárcel, le hacen daño a mi familia. Considero que tengo derecho a presentar la demanda contra el gobierno para que las autoridades sepan que también los indígenas tienen derechos, y no nomás ellos".

Acerca de la investigación que solicitó a la ASF, en un escrito dirigido al titular de ese organismo, Arturo González Aragón, en nombre del pueblo autónomo Aguascalientes Cañón Buenavista, delegación Maneadero, municipio de Ensenada, Baja California, Sandoval Cruz explica que los jornaleros afiliados al MIULI habían adquirido 50 hectáreas de terrenos a la Inmobiliaria Estatal, y que los terminaron de pagar pero nunca les entregaron escrituras.

Posteriormente, iniciaron la adquisición de otros predios en el Cañón de Buenavista, pero al darse cuenta de que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) dijo que se trata de terrenos nacionales, los jornaleros se negaron a pagar a los presuntos propietarios y solicitaron a la SRA que regularizara los predios en su favor. Entonces se acusó a Julio Sandoval de despojo.

En el escrito, el dirigente señala que, con base en lo anterior, se desprende con toda claridad que los gobiernos municipal de Ensenada y estatal de Baja California construyeron una maniobra artificiosa, con mentiras y documentos falsos, para que los particulares se hicieran pasar como propietarios de los terrenos en mención, con el propósito de que con su venta "puedan robar a los trabajadores agrícolas que tienen necesidad de una vivienda digna".