Carlos Martínez García

Talleres de tolerancia

El pluralismo religioso está consolidado en todo el país, aunque su desarrollo es desigual en las distintas regiones de la nación. Mientras este hecho irrefutable sigue extendiéndose, subsisten actitudes intolerantes hacia quienes han decidido creer de manera distinta a la religiosidad mayoritaria. No cabe duda que el nuestro es un país que ha tenido importantes avances en el respeto a las minorías de todo tipo. Sin embargo, éstas siguen padeciendo intolerancia y discriminación cotidianamente.

En los últimos años he tenido la oportunidad de participar como expositor en buen número de talleres sobre diversidad religiosa y tolerancia. Las invitaciones han llegado de distintas instancias: gobiernos estatales, universidades, organismos de-fensores de los derechos humanos y asociaciones religiosas. La mayoría de los asistentes han sido integrantes de iglesias evangélicas, y les siguen en número los testigos de Jehová y los mormones. No han faltado feligreses de expresiones religiosas distintas al cristianismo.

La asistencia de pastores y líderes protestantes, sobre todo de corte pentecostal, ha rebasado con mucho la participación de dirigentes eclesiales católicos. Uno que otro sacerdote se ha presentado en las sesiones. La composición de los distintos auditorios muestra claramente que son las minorías las que tienen más interés en el avance de la tolerancia, por la sencilla razón de que son ellas las que están en desventaja frente a ciertas inercias culturales que privilegian a la Iglesia mayoritaria.

Determinadas acciones, que desde una perspectiva del establishment religioso aparecen como naturales, miradas del lado minoritario descubren su lógica discriminatoria. Luego entonces, para esas minorías sigue vigente la lid por demostrar su legitimidad y hacer entender a distintas instancias públicas que no están pidiendo trato especial, sino nada más que les respeten derechos que las leyes les reconocen, como a todos los ciudadanos y las ciudadanas.

Como en todo hay grados e intensidades, en el terreno de la intolerancia religiosa también hemos comprobado que las modalidades del acoso a los heterodoxos son variadas. No es necesario que haya golpes, expulsiones de indígenas protestantes, destrucción de templos por su-puestas o reales mayorías, o asesinatos de pastores (como recientemente documentó un grupo integrado por abogados evangélicos), para que sólo entonces se reconozca que existe intolerancia.

Los participantes en los talleres han ejemplificado con sus experiencias la existencia de una intolerancia sorda, en la cual no se dan hechos sangrientos, pero que opera como mecanismo de arrinconamiento de quienes son minoría. Sus testimonios incluyen negación de derechos educativos a sus hijos, pagos forzosos de cooperaciones para festividades cívico-religiosas (siempre vinculadas al catolicismo popular) so pena de recibir distintos tipos de castigos: negación de servicios como agua e imposibilidad de obtener permisos para construir centros de reunión de sus credos, trato desigual de las distintas autoridades gubernamentales, permanente asimetría en las pláticas conciliatorias con sus agresores y, en algunas comunidades pequeñas, permanente indefensión frente a la mayoría, que les impone a su arbitrio sanciones incuestionables.

En gran medida las quejas de los agraviados están dirigidas a funcionarios menores que mediatizan los conflictos, que se empeñan en reducir la cuestión a un asunto de qué parte tiene la mayoría. Actuando así, estos personajes se encargan de presionar y tratar de convencer al grupo disidente para que acepte condiciones de negociación que le son desventajosas. En no pocas ocasiones estos funcionarios, que son los encargados en primera instancia de tratar los casos, tienen cierta animadversión hacia -por citar un testimonio recurrente en los talleres- grupos que componen la amplia gama evangélica. No lo dicen abiertamente, pero con su actuar denotan que marginan la raíz del conflicto y le dan otro cariz.

Por ejemplo, en el asunto de las cooperaciones forzosas evaden reconocer que el centro de la negativa se relaciona con creencias religiosas que se expresan social y culturalmente. No es meramente una cuestión de contribuciones monetarias o en especie, sino, para los objetores, se trata de decisiones económicas que descansan en convicciones religiosas. Por lo tanto, cuando los funcionarios en cuestión dicen a los disidentes que pueden profesar la confesión que deseen, pero que el de las cooperaciones es un asunto de solidaridad con su pueblo, porque así se conservan las tradiciones y la identidad, simplemente están negando el derecho a construir otras tradiciones, identidades personales y colectivas tan legítimas como las que llaman ancestrales.

A la pluralización del campo religioso mexicano, intensa y a veces sinuosa, le debería acompañar un mayor ejercicio de comprensión por parte de quienes, en razón de su cargo, tienen la responsabilidad de proteger derechos y contribuir a ensanchar la tolerancia.