Tipifican como graves el hostigamiento, abuso, estupro y violación de niños y adolescentes

Aprueba el Senado sanciones más duras para delitos contra menores

La pornografía infantil será castigada con 14 años de cárcel y multa de 5 mil días de salario mínimo

ANDREA BECERRIL Y GEORGINA SALDIERNA

Después de un debate que se prolongó por más de dos horas, el Senado de la República aprobó ayer un paquete de 11 iniciativas en materia penal, por las que se elevan en 35 por ciento las penalidades para aquellos delitos cometidos en contra de niños y adolescentes, particularmente los referidos a secuestro, abuso sexual y violación.

Las reformas a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, se aprobaron con 86 votos a favor en lo general, ocho en contra y una abstención, mientras que en lo particular sólo hubo 76 votos.

La bancada del PRD y los senadores panistas Jesús Galván y Micaela Aguilar expusieron en tribuna sus objeciones a la iniciativa y trataron de que se pospusiera la discusión, pero no tuvieron éxito y ayer mismo al dictamen, que estaba en primera lectura, se le dispensó la segunda y se aprobó.

El panista Galván advirtió que el dictamen contiene muchísimas deficiencias y se centra en elevar las penas sin criterio alguno en 43 tipos penales. Se preguntó si es lógico que se le imponga un castigo de cinco años de prisión a quien prive de su libertad por cinco días a una persona, mientras que a otro, que hirió y mandó por más de 15 días a un hospital a su víctima, sólo se le sentencie a dos años de cárcel.

Consideró también que "es un verdadero dislate criminalizar conductas que nada tienen de criminal", como sancionar de cuatro a ocho años de cárcel a quien aconseje no presentar denuncia por un secuestro o bien efectúe el cambio de moneda nacional por divisas para pagar el rescate.

Sus objeciones no fueron aceptadas, como tampoco lo fueron las de la perredista María del Carmen Ramírez, quien planteó también modificaciones al articulado de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Disparidades

La priísta Martha Tamayo reconoció que hay disparidad en las penas, pero se debe hacer una relación e ir priorizando el bien jurídico tutelar, que no puede estar a discusión, ya que cada vez es mayor el número de niños y niñas que se ven afectados por acciones de corrupción, de prostitución, de pornografía y de promoción sexual. El reclamo social, dijo, exige un endurecimiento de las penas.

Igualmente el presidente de la Comisión de Justicia, Jorge Zermeño, del PAN, indicó que las inquietudes que ahí se manifestaron son válidas, pero lo fundamental es preservar los derechos de los niños y niñas y castigar con mayor severidad a quienes atentan contra ellos.

En respuesta a los cuestionamientos de su compañero de bancada Jesús Galván, señaló que no le parecía justo una descalificación general al trabajo realizado en comisiones.

Finalmente, el paquete aprobado incluye aumentar de 10 a 15 años de cárcel la pena para abuso sexual y violación de menores, cuando el delito sea cometido por familiares del agraviado. Se incluyen como delitos graves el hostigamiento, abuso, estupro y violación contra niños y adolescentes, y se castiga con pena de 18 años.

Por lo que se refiere a corrupción de menores, las penas van de 10 a 15 años de prisión y de 600 a mil 500 días de salario mínimo de multa. Si el menor se convierte en adicto o ejerce la prostitución como un hábito, su inductor será castigado con cárcel de entre 12 y 18 años, y de mil a 3 mil días de multa. La pornografía infantil, de 10 a 14 años de prisión, y de 2 mil a 5 mil días de multa.

Si el delito es cometido por un servidor público, se le impondrá una pena de hasta un tercio más de la sanción correspondiente y será destituido e inhabilitado para ejercer algún cargo.

Durante la larga sesión en la que se desahogaron 86 temas, el Senado aprobó la minuta de la Ley General de Desarrollo Social, proveniente de la Cámara de Diputados, y pasó al Ejecutivo federal para su promulgación.

En tribuna, el senador priísta Carlos Rojas precisó que con esa nueva ley -aprobada inicialmente en el Senado-, el Congreso ha realizado un verdadero esfuerzo para garantizar a la gente con mayores desventajas la solidaridad y el compromiso del Estado mexicano, lo que contrasta con "una clara tendencia del gobierno a caer en la autocomplacencia, lo que le hace suponer que tenemos un país de maravilla".

Hizo notar que la ley dará certidumbre, facilitará la coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno y alentará la participación de la sociedad en el desarrollo social. Es un ordenamiento que involucra a todos y por ello "me parece indebido que haya quien pretenda ahora apropiarse de un trabajo que surgió del esfuerzo colectivo, de las propuestas de todos los grupos legislativos.

"Es muy penoso, insistió, que ante la falta de resultados en el ejercicio gubernamental, hoy se pretenda lucrar políticamente con un trabajo realizado desde y por el Congreso".

El también priísta Héctor Astudillo Flores precisó que en abril el Senado envió a la Cámara de Diputados la Ley de Desarrollo Social, y la colegisladora le hizo cuatro enmiendas, que aceptaron ya que el nuevo ordenamiento contiene innovaciones relevantes, puesto que se definen los programas prioritarios, se establecen los derechos sociales de los mexicanos y se especifica que los recortes presupuestales no podrán recaer en programas sociales.