Los presupuestos destinados a Pemex, CFE y LFC podrían implicar su privatización, dice

Cuidado con las propuestas de Fox, recomienda Bartlett a diputados

El Presidente busca favorecer a trasnacionales, advierte Pablo Gómez Está desesperado: Camacho

VICTOR BALLINAS

El senador priísta Manuel Bartlett llamó a los diputados a que revisen con cuidado los presupuestos que el Ejecutivo destinará el próximo año a Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC), para impedir la privatización silenciosa y la legalización de los contratos de servicios múltiples (CSM) que el gobierno pretende llevar a cabo mediante la Ley Federal de Derechos, pues con esa propuesta ''el Presidente no defiende a México, sino los intereses que no son del país''.

Advirtió que si en la Cámara de Diputados no se hacen las modificaciones correspondientes a los proyectos foxistas -leyes Federal de Derechos, de Ingresos y al Presupuesto- para eliminar todos los elementos que vayan en deterioro de Pemex, del sector energético del país y que faciliten la privatización, el Senado de la República los puede regresar a la cámara de origen con las modificaciones correspondientes.

Sacrificios embolsados

El legislador priísta, quien ha sido uno de los más fuertes opositores a la privatización de Pemex y de la CFE, señaló que los diputados deben revisar con cuidado el Presupuesto, la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos, ''para evitar que los sacrificios que se hagan en materia fiscal en esas empresas terminen embolsados por las compañías trasnacionales''.

Eso, subrayó el senador, ''sería tan injusto como hacer que los contribuyentes paguen más impuestos y por otro lado se exente a las trasnacionales de cubrirlos; eso no debe ocurrir''.

Por otra parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, manifestó que en efecto, como publicó ayer La Jornada, el presidente Fox lo que busca con las reformas a la Ley Federal de Derechos ''es que sus nuevos socios, las trasnacionales, tengan el aliciente de una menor carga en pagos de derechos por explotación o extracción del gas; eso es lo que quiere hacer, pero en la Cámara de Diputados la oposición ya está trabajando para impedirlo. Sería muy grave que los diputados legalicen lo que es inconstitucional''.

Asimismo, el diputado del PRD Manuel Camacho Solís, entrevistado por este diario, dijo al respecto que ''el gobierno no quiere discutir con la oposición las reformas ni los proyectos, simplemente quiere que la Cámara de Diputados valide los CSM, que son ilegales. Como sabe que no tiene la mayoría -las dos terceras partes que se requieren para una reforma constitucional- busca que por mayoría simple, a través de una reforma, se legalice lo que es inconstitucional. Eso no va a pasar, y con ello lo que el gobierno quiere es que se repita la votación del 11 de diciembre, cuando el IVA disfrazado no pasó''.

A su vez, Gómez Alvarez aseveró: ''Esta reforma a la Ley Federal de Derechos no puede pasar; ya se están tomando en la Cámara de Diputados algunas medidas para aclarar que, en efecto, sean sólo Pemex y sus subsidiarias las que queden exentas del gravamen por el derecho de extracción, y no se hable en el texto de quienes exploten yacimientos de petróleo crudo o gas natural, como pretende Fox''.

Camacho Solís apuntó que ''esa reforma es una medida desesperada del Ejecutivo. Busca el camino más fácil al saber que no cuenta con el respaldo de los legisladores para comprometer los intereses de la nación''.

Gómez resaltó: ''Vamos a tratar de cambiar esa propuesta del Ejecutivo. Ya lo habíamos detectado, ya tenemos varios días cabildeando los legisladores de la oposición; incluso ya la semana pasada teníamos un acuerdo de redacción. Le queremos dar una salida que no pase por la disminución del pago de derechos -a las trasnacionales-, y si en la Cámara de Diputados se aprueba un mayor presupuesto para Pemex, ya no habrá necesidad de exentar el pago de derechos''.

Ya se trabaja en la Comisión de Hacienda para analizar esto, y ''existen las mejores condiciones para que la propuesta foxista no pase. Ni en la comisión y menos ante el pleno''.

Por su parte, Bartlett llamó a los legisladores de PRI, PRD, PT, PVEM y Convergencia ''a no aprobar el Presupuesto de Egresos sin una exhaustiva revisión, sobre todo en materia energética, porque el gobierno permanentemente está bajo sospecha, ya que su intención desde diciembre de 2000 es la privatización de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, y como sabe que no va a ser posible sacarla adelante con reformas a la Constitución, entonces lo quiere hacer mediante reformas a leyes secundarias''.

Luego de hacer una revisión a las reformas que el Ejecutivo propone a la Ley Federal de Derechos, Bartlett resaltó que ''en la propuesta del gobierno no hay beneficios para el país, las trasnacionales se llevan la renta del país y no se busca el reforzamiento de Pemex, CFE y LFC, sino su abierta privatización''. Por ello pidió a los diputados analizar con cuidado esas propuestas gubernamentales.

El legislador manifestó que al presidente Vicente Fox ''no le interesan los pobres de este país ni las clases populares. Para él, lo que existen son sus intereses y su fuerte vinculación con las empresas trasnacionales. Con la Ley Federal de Derechos el Presidente no defiende a México, sino los intereses extranjeros''.

Refirió que el Ejecutivo ''de nueva cuenta, demagógicamente, dice que se busca utilizar a los pobres para criticar sus planteamientos. Esa es una posición reaccionaria de Fox, porque oculta al pueblo que el IVA está planteado y que le hará daño a las clases populares. Hay que recordar que en su campaña presidencial decía: 'lo que les vamos a quitar de IVA se los vamos a regresar copeteado'. Esa devolución copeteada a los pobres no ha llegado a tres años de gobierno''.

El priísta abundó: ''El cambio tiene un sentido que no se alcanza a percibir, no hay una nueva política fiscal para Pemex y, sin embargo, ahora se impulsan y se busca legalizar los inconstitucionales contratos de servicios múltiples, que estarán a cargo de empresas extranjeras, que se llevarán la renta del país. No se favorece a las empresas nacionales como Pemex, CFE y Luz y Fuerza, sino a trasnacionales".

Bartlett destacó que ''una vez que se derrotó el intento antidemocrático de Fox sobre la reforma fiscal, el Presidente injuria al Congreso y el secretario de Gobernación, Santiago Creel, sale con una serie de bravuconerías. Que entiendan que los diputados votaron libremente en contra de lo que el gobierno quería. Ahora andan buscando que si Elba Esther Gordillo, que si los gobernadores no cumplieron; lo que deben entender es que los legisladores no son empleados de los gobernadores''.

Por su parte, el coordinador de los senadores del PRD, Jesús Ortega, en entrevista por separado coincidió en que es necesario que los diputados revisen con cuidado la Ley Federal de Derechos, porque ''mediante las reformas que ahí se proponen el Ejecutivo quiere legalizar los CSM, que son inconstitucionales. Quieren privatizar el sector energético mediante cambios a leyes secundarias. Hay que frenar eso''.

El perredista destacó que ''no se pueden aprobar incrementos de impuestos a los contribuyentes y exentar de su pago a las empresas trasnacionales. El gobierno no puede continuar con su lógica y su política de que para atraer capitales extranjeros hay que exentarlos de contribuciones y permitirles que paguen salarios bajos. De esa forma México nunca podrá ser competitivo'', consideró.

Leyes, al cuarto para las doce

Ortega resaltó que "precisamente para que no haya tiempo de revisar las reformas a diversas leyes, el Ejecutivo las envía al cuarto para las doce, con el objeto de que se aprueben sin un adecuado examen. Ahora sí, como se dice vulgarmente, en letras pequeñas se busca ocultar lo que las reformas afectan o afectarán. Por ello es necesario que los diputados analicen con cuidado los documentos''.

Inclusive, Ortega Martínez abundó, ''la ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos es lo que debe estar listo a más tardar el 31 de diciembre, pero las otras leyes que el Ejecutivo envía, como la Ley Federal de Derechos y otras que le interesan salgan antes de concluir el periodo ordinario o extraordinario, podrían no aprobarse y analizarse en un periodo posterior, quizá en marzo y abril''.