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México D.F. Lunes 15 de diciembre de 2003

El gobierno busca revertir sentencias de 52 mexicanos; se violaron sus derechos, dice

Comienza en La Haya proceso contra ejecuciones de connacionales en EU

ROSA ELVIRA VARGAS ENVIADA

La Haya, Holanda, 14 de diciembre. La representación mexicana abrirá mañana, lunes, las audiencias públicas de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda interpuesta contra Estados Unidos por la violación de los derechos consulares de 52 mexicanos sentenciados a la pena capital por los tribunales estadunidenses.

Cada país dispondrá de un día completo para presentar sus alegatos, mientras que el jueves y el viernes se utilizarán para presentar las réplicas a los argumentos planteados por la contraparte.

No existe fecha para que la CIJ dicte sentencia y de ahí la importancia de los argumentos previos enviados por escrito a los 15 jueces que la conforman (más el designado como juez ad hoc, el ex canciller mexicano Bernardo Sepúlveda) y de la fase que empezará mañana.

Se trata del llamado procedimiento oral, "donde cada una de las partes tratará de convencer de la validez de sus argumentos".

De ese modo, México entra a una fase crucial en su empeño por hacer valer el derecho internacional, al que se encuentran supeditadas la mayoría de las naciones del mundo, y que en este caso se refiere a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y de la cual Estados Unidos es signatario.

Acordada en 1963, la convención señala en su articulo 36 que todo extranjero tiene derecho a la notificación y acceso a su consulado en el país donde fuere detenido.

México argumenta que este precepto no se respetó en ninguno de los juicios que condujeron a la pena capital a 52 mexicanos, y asegura que de haberse notificado a tiempo y la representación consular hubiera procedido en forma oportuna, muy probablemente el sentido de la sentencia habría sido otro.

En este contexto, a lo largo de cinco horas, la CIJ recibirá en audiencia pública los alegatos de la representación jurídica mexicana en lo que se conoce aquí como el caso Avena.

Encabezado por el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, el equipo de abogados que conformó el gobierno mexicano confía en la solidez de sus argumentos para demostrar que los connacionales sentenciados a muerte no recibieron la asistencia jurídica a que tenían derecho y por tanto su proceso deberá reponerse.

A su vez, el equipo estadunidense será encabezado por William Taft IV, descendiente del ex presidente del mismo nombre y quien se desempeña como consultor jurídico del Departamento de Estado.

El caso Avena ha resultado de tal importancia para la CIJ que incluso se determinó darle celeridad antes que a otros de mayor antigüedad.

México presentó su querella el 9 de enero de este año y para el 5 de febrero la corte había dictado las medidas precautorias correspondientes por medio de las cuales Estados Unidos no podría consumar ninguna ejecución hasta que se resuelva el juicio.

Así ha ocurrido y de hecho para México esto constituye un triunfo inicial, puesto que en los dos antecedentes similares, un juicio interpuesto por Paraguay y otro, presentado por Alemania, la CIJ tuvo poco margen para dictar sentencia y ambos casos se consumaron.

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