Jorge Santibáñez Romellón

Sobrevivir en la frontera

Las leyes que rigen la movilidad poblacional en la frontera se establecen en las capitales de los países. En el caso de México y Estados Unidos estas capitales están lejos, muy lejos de las preocupaciones cotidianas de los 13 millones de personas que hoy vivimos en la frontera. Los principios que sustentan el modelo de gestión de las fronteras están asociados a la preservación de la soberanía y a la seguridad nacional. Este enfoque no debe sorprendernos, en la medida en que la soberanía descansa en el territorio y que las fronteras dan acceso a ese territorio; en estricta lógica, cuidar la soberanía es cuidar el territorio, y cuidar el territorio es cuidar la frontera. Sin embargo, los legisladores estadunidenses y mexicanos se olvidan de quienes vivimos e interactuamos en la frontera entre los dos países y establecen marcos legales y modelos de gestión de ese espacio que atentan contra el desarrollo armónico de una región fundamental para el desarrollo de ambos, quizá más para México.

Los sucesos del 11 de septiembre marcaron la región fronteriza México-Estados Unidos quizá como a ninguna otra región del mundo, reforzaron la lógica territorial de Estados Unidos, que cree y pretende hacer creer al resto del mundo que todos sus males vienen del exterior, porque "envidian nuestra manera de vivir" diría George Bush, con un simplismo que, de no ser porque realmente lo cree, sonaría a broma. En esa lógica todo lo que viene del exterior es potencialmente malo. Así las cosas, en este escenario, no debe sorprendernos el mandato del Congreso de modificar de manera sustancial el control de la frontera. En particular llevar un riguroso registro de las entradas y salidas del país, que ocurren en una abrumadora mayoría por la frontera entre los dos países.

El problema fundamental es que no hemos encontrado un modelo de gestión de la frontera que armonice y haga convivir la seguridad de nuestros vecinos y la flexibilidad de las fronteras que nos es tan necesaria. Parece que son dos conceptos que se oponen. No se trata de disponer de la tecnología que haga más rápidas o más confiables las inspecciones; se trata de entender la dinámica de la interacción fronteriza. ƑPara qué un residente de un lado de la frontera pasa al otro? Y quizá más importante aún, Ƒquién pasa de un lado a otro? A todos nos queda claro que los casi 400 millones de cruces fronterizos que año con año ocurren en la frontera México-Estados Unidos se realizan por cuestiones positivas, ligadas al desarrollo y que un porcentaje ridículamente mínimo está asociado a cuestiones negativas (narcotráfico, lavado de dinero, etcétera) y uno aún menor, prácticamente nulo, pone en riesgo la soberanía de Estados Unidos; sin embargo, la realidad es que por culpa de ese ínfimo porcentaje negativo el resto de los cruces, que son positivos, se ven bloqueados, retrasados, y así el desarrollo de la región se pierde en este aparente enfrentamiento entre seguridad y flexibilidad.

La ley mexicana obliga a que cada persona que intenta salir del territorio nacional sea registrada y muestre que posee la documentación que el país receptor requiere para autorizar su ingreso. En el sentido inverso, cada persona que ingrese al territorio nacional debe contar con un certificado médico y otra documentación, sin la cual, en teoría, no podría autorizarse su ingreso a México. Por fortuna, como ocurre con muchas leyes mexicanas, esta ley no se cumple, y en la frontera sería tanto como pedir cerca de 400 millones de certificados médicos por año y construir una infraestructura capaz de inspeccionar a un número similar de personas. ƑPara qué?

Estados Unidos debe aceptar también un margen de ilegalidad, de otra forma sus leyes son inaplicables. Por ejemplo, una parte importante de residentes de Tijuana trabajan en la región de San Diego, incluidos empleados del gobierno federal estadunidense. Estas prácticas forman parte de la cultura regional. Muchos de ellos, según las normas de Estados Unidos, deberían vivir en el lado estadunidense y no en el mexicano. Evidentemente estas personas cruzan cotidianamente al otro lado para ir a trabajar y de regreso para ir a sus hogares. Si las disposiciones derivadas del 11 de septiembre se aplicaran cabalmente, algún día, tarde que temprano, cuando se aplique el US-Visit Program, estas personas, que no pueden solicitar su inscripción en ningún programa de cruce rápido por esta pequeña "ilegalidad", serán detectadas y sancionadas. ƑDe qué sirve una ley que persigue y eventualmente castiga a trabajadores que lo único que hacen es ir a sus lugares de trabajo y a sus hogares?

Lo más preocupante es que el famoso US-Visit Program ya se anunció, ya se presentó al gobierno mexicano. Si se aplica, más allá de que incremente o no la seguridad de nuestros vecinos, perjudicará la interacción de estos 13 millones de personas, el comercio y la actividad turística de la región, pero parece que a nadie le importa y aún no sé qué se va a hacer al respecto, qué programa vamos a desarrollar para disminuir los previsibles efectos negativos; no ha habido una sola manifestación de ningún gobernador, diputado o presidente municipal fronterizo, ya no digamos del gobierno federal. Parece que no nos queda más que seguir viviendo en la ilegalidad para sobrevivir.