Iván Restrepo

Construyen en zona marítima federal

En 1995 el ciudadano canadiense Ron Petronko denunció ante el titular del Instituto Nacional de Ecología (INE) diversas violaciones a la legislación vigente al permitir la construcción de una enorme casa a un estadunidense en plena zona marítima federal terrestre, franja de 20 metros tierra adentro, contados a partir de donde rompen las olas del mar, y que es propiedad federal. Agregaba que la erosión de las playas, ocasionada por el calentamiento global y los efectos que dejó en Quintana Roo el huracán Gilberto, obligaban a tomar medidas extremas para evitar daños a la franja costera. El entonces titular del INE, Gabriel Quadri, prometió investigar la denuncia y la turnó a su vez a otras instancias de la Secretaría del Medio Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

En vez de obtener una respuesta positiva a su denuncia, la secretaría citada concedió al propietario de la casa -ubicada en el exclusivo fraccionamiento Playacar, contiguo al área urbana de Playa del Carmen-, en calidad de "conservación ecológica", una extensión de 60 metros cuadrados colindantes con el mar. En esa superficie edificó una alberca.

Petronko tenía razón al advertir los efectos de la erosión marina: la citada casa y su alberca (que nada tiene de "conservación ecológica") impiden durante varios meses del año el paso de personas por la playa. Ante diversas denuncias, alguna vez la Profepa puso sellos de clausura a la piscina y ordenó su demolición, pero nunca se llevó a cabo. Sigue ahí, protegida del agua marina por enormes sacos de arena colocados sin autorización oficial por una empresa que se dice especializada en combatir la erosión marina.

Podría el lector pensar que, una vez cometido el error anterior, las autoridades actuarían desde entonces con apego a la ley. No fue así. En la misma franja costera de poco más de un kilómetro de longitud, que corresponde a Playacar, el sexenio pasado se autorizó la construcción de más casas y diversas obras en la zona marítima federal terrestre.

Igual ha ocurrido durante el sexenio actual: un hotel-condominio, el Fisherman-Village, construido en 1996, obtuvo autorización el año pasado para levantar dos bloques más en terrenos de propiedad federal. En todos los casos las denuncias oportunas ante la autoridad competente fueron ignoradas.

Tuve oportunidad de comprobar que la manifestación de impacto ambiental presentada para la ampliación del Fisherman se aceptó como buena a 250 kilómetros de distancia, en Chetumal, sin inspección directa del área en la que se llevaría a cabo.

Al demostrar al ahora ex funcionario de la secretaría del Medio Ambiente el error que había cometido al dar el visto bueno a una construcción que invadía la zona marítima federal, alegó falta de recursos para cumplir su tarea, para desplazarse oportunamente y comprobar, in situ, si las manifestaciones de impacto ambiental que autorizaba cumplían con la normatividad vigente. Hice del conocimiento de sus superiores en México este hecho. Prometieron investigar. Ya no están.

Lo que ha ocurrido en la franja costera que delimita dicho fraccionamiento, y en muchas otras partes de la Riviera Maya (la de mayor crecimiento turístico de América Latina) se explica por algo más que falta de tiempo e infraestructura para que los funcionarios cumplan con su deber, y para lo cual se les paga.

Se trata de la corrupción existente en el sector público, que, pese a tantas promesas, el gobierno del cambio no ha podido desterrar. Prueba de ello es que ahora en el fraccionamiento Playacar se construyen tres mansiones más que invaden la zona marítima federal terrestre. En cuanto sean concluidas, los numerosos hoteles situados al sur de Playa del Carmen quedarán incomunicados por la playa con la zona urbana de dicho municipio. Además, las olas del mar, que chocan contra las enormes bardas levantadas por los dueños de una veintena de mansiones para evitar que el agua se les meta, como se dice coloquialmente, hasta la cocina, impiden el paso de los turistas y los nativos

Mientras siguen las violaciones a la legislación sobre la zona marítima federal terrestre, cabe preguntar el estado que guardan las averiguaciones que por presunta corrupción se siguen al ex subsecretario del Medio Ambiente, Raúl Arriaga.