El pleno decide este martes mediante voto secreto

Disputan seis magistrados la presidencia del TSJDF

Una mujer entre ellos Presentan programas de trabajo

SUSANA GONZALEZ G.

Inédita por el número de candidatos que compiten, la elección del próximo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) para un periodo de cuatro años deberá resolverse mañana martes con el voto secreto de los 66 magistrados que integran el pleno del organismo, quienes representan a las diez salas civiles, las nueve penales y las tres familiares del máximo órgano de justicia de la capital y el más grande del país por el número de casos que atiende anualmente.

Seis son los magistrados que aspiran sustituir a Juan Luis González Alcántara y Carrancá, quien el pasado viernes presentó su último informe de actividades, y como marca el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, todos tienen por lo menos tres años de antigüedad como magistrados.

El número de candidatos contrasta con los procesos anteriores, cuando tradicionalmente sólo había entre uno y tres, por lo que fuentes del tribunal advierten que el ambiente se ha enrarecido más que antes y en esto contribuye la votación secreta. Tantos candidatos sólo servirán para restar votos a los aspirantes más fuertes porque, aseguran, aunque la elección del presidente ya no se da por dedazo, como en los tiempos del PRI, prevalecen los intereses políticos y empresariales por el poder político y económico que se ponen en juego en los casos atendidos en juzgados y salas del tribunal.

Dos de los aspirantes pertenecen al ámbito penal y cuatro al civil; compite una mujer frente a cinco hombres y todos presentaron ante los magistrados electores las propuestas que consideran fundamentales para fortalecer y modernizar al TSJDF (a debate está, por ejemplo, la implantación de los juicios orales), cambiar la percepción negativa que prevalece entre los ciudadanos sobre la actuación de jueces y magistrados, transparentar y racionalizar el presupuesto y redefinir las funciones del Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo, que a veces parece estar por encima del mismo tribunal.

Los candidatos de esta contienda son Irma Inés Galván Monroy y José Guadalupe Carrera Domínguez, actuales presidentes de la segunda y octava salas penales, respectivamente, y ambos representantes del tribunal ante el Consejo de Información Pública; Víctor Rolando Díaz Ortiz y Juan Lara Domínguez,quienes presiden la segunda y la cuarta salas civiles; así como Oscar Cervera Rivero y Miguel Alberto Reyes Anzures, integrantes de la tercera y quinta salas en materia civil.

En los juzgados y salas del TSJDF, el nombre que más suena para sustituir a González Alcántara es el de Díaz Ortiz, en parte debido a que el número de magistrados electores del ámbito civil supera al de las salas penales, pero también por su cercanía con el actual presidente. Su currículum revela una amplia trayectoria como funcionario público del ex Departamento del Distrito Federal y entre sus propuestas destaca fortalecer la unidad del pleno del tribunal, el uso racional pero eficiente de los recursos públicos y promover reformas legales para la protección de jueces y magistrados locales contra intimidaciones de litigantes.

La magistrada Galván Monroy, quien inició su carrera en la procuraduría local y tiene más años de trayectoria y experiencia en el cargo, se ha pronunciado porque el pleno tenga una posición de superioridad frente al Consejo de la Judicatura, porque considera que la función judicial no debe estar subordinada a la administrativa, se pronuncia por homologar salarios de jueces y magistrados locales con sus homólogos federales, así como fortalecer la independencia y respeto absoluto a las sentencias que dicten, profesionalizar el personal y mejorar las condiciones de trabajo.

Carrera Domínguez considera que el TSJDF no ha ejercido todas sus facultades para que el Consejo de la Judicatura y el pleno se comuniquen plenamente, al tiempo que señala que se requiere fortalecer la imagen de su personal para recuperar la credibilidad perdida ante la ciudadanía, así como contar con un departamento jurídico eficaz para defender a sus integrantes de acusaciones de corruptelas por parte de medios y abogados litigantes.

Para Lara Domínguez, originario de Chiapas, se debe "mandar obedeciendo" y la administración de la justicia sea expedita al tiempo de difundir entre el pueblo lo positivo del tribunal para contrarrestar las noticias amarillistas de los medios. Reyes Anzures hace hincapié en mejorar las relaciones con el sindicato del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y promover un aumento de salario a los trabajadores de base, pero también prioriza el fortalecimiento del cuerpo colegiado de magistrados. A su vez Cervera Rivero, quien nació en Yucatán, considera que un plan de previsión ante el constante crecimiento de casos que se reciben en el tribunal y que requiere un plan de inversión y modernización, también se pronuncia por adoptar una política de comunicación.