Sustenta México defensa de 52 condenados a muerte

Escucha La Haya pruebas de la transgresión de derechos en tribunales estadunidenses

ROSA ELVIRA VARGAS ENVIADA

La Haya, Holanda, 15 de diciembre. En estos momentos, en las pequeñas celdas sin ventanas de los corredores de la muerte de las prisiones de Estados Unidos, 52 hombres aguardan su ejecución. Cometieron crímenes y fueron hallados culpables en distintos lugares y conforme las evidencias que presentaron varios fiscales.

Pero todos tienen al menos tres elementos en común: son mexicanos; no fueron informados, sin demora, de sus derechos a la protección consular, y a todos se les condenó a morir sin haber podido recibir el beneficio de la asistencia legal que podía brindarles el país donde nacieron.

Es así de simple

Nueve de estos mexicanos eran adolescentes cuando fueron arrestados. Casi todos poseen escasa o nula educación formal y, por tanto, al momento de su aprehensión carecían de las herramientas para solicitar la asistencia consular a la que tenían derecho y que, de haberla recibido, pudo significar para ellos la diferencia entre la vida y la muerte.

Y con todo eso, con el cúmulo interminable de evidencias, alegatos, pruebas y testimonios, Estados Unidos acude a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a encarar el reclamo del gobierno de México sobre violaciones a la Convención de Viena sobre Derechos Consulares, con una estrategia de ''puedo ver la realidad directamente a los ojos, y negarla''.

Al solicitar la intervención del máximo órgano de justicia internacional creado por la Organización de Naciones Unidas en 1945, México no pretende que la CIJ determine si esos 52 mexicanos sentenciados a pena capital son culpables o inocentes. Tampoco busca someter a juicio el sistema criminal de Estados Unidos ni cambiar las reglas que operan en ese país sobre la pena de muerte.

Pero tampoco está aquí para apelar a la clemencia.

No soslaya que la vida de esas personas depende en mucho del resultado del litigio que interpuso México y sabe de antemano que el aparato jurídico estadunidense recurrirá a toda clase de argucias legales para impedir que se le obligue a reponer el proceso.

Tanto, que incluso en la presentación de la contramemoria de este caso, el equipo que comanda William H. Taft IV, consultor legal del Departamento de Estado, ha llegado al extremo de pretender que los derechos individuales consagrados por la Convención de Viena no formen parte de las garantías que se conceden a una persona sujeta a proceso penal.

En el mejor de los casos, Estados Unidos podría admitir que esa omisión sólo la habría cometido en 12 de los 52 casos. En este punto, sin embargo, el gobierno de México ha documentado y confirmado, por declaraciones del entonces responsable del área de protección consular de la cancillería, Roberto Rodríguez, que ninguno de ellos fue notificado a tiempo sobre su derecho a comunicarse con las autoridades consulares de su país.

Con apenas un par de recesos y dos horas para almorzar, México fue el primero en intervenir y utilizó con precisión, como actor demandante, las cinco horas que dispone el reglamento de audiencias de la CIJ para presentar sus alegatos.

Inició el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, consultor jurídico de la cancillería, quien además de dar el marco referencial del caso habló de la intensa relación que mantienen los dos países en el comercio, de los cruces fronterizos, de los 8 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y que satisfacen la demanda de mano de obra que no cubre el mercado local. Habló también de los 10 mil millones de dólares de remesas que aquéllos envían a sus familias en México.

ƑPor qué entonces acudimos ante la Corte?, preguntó el jurista. Enseguida aclaró que ambos países tienen un diferendo jurídico respecto a la interpretación y aplicación del artículo 36, párrafo I, inciso B, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Es precisamente sobre eso, una materia del derecho internacional, "que pedimos que esta Corte se pronuncie", expresó.

Así, el caso "Avena y otros nacionales mexicanos" pasó por el prisma argumental de juristas de diversas especialidades y nacionalidades con la clara intención de no dejar resquicios en el fallo definitivo.

Esto incluye salvar la posibilidad de que la CIJ, en aras de una salida cercana a lo que para México sería un imposible equilibrio, pretenda recomendar el uso de la clemencia de las autoridades estadunidenses en los 52 casos en litigio.

México no estaría de acuerdo con esa solución. "Estados Unidos promueve la flexibilidad y apertura del proceso de clemencia. Pero el problema con esa salida es que en la práctica significa que no todos tendrán igual acceso al mismo" y dependerá en última instancia de quien esté facultado para otorgarla.

Así, para la parte mexicana, la figura de la clemencia como alternativa del sistema judicial estadunidense para no reponer los juicios, como es la exigencia, no es más que una salida retórica. "Mientras en Arizona, por ejemplo, las autoridades están dispuestas a escuchar en audiencia las solicitudes de perdón, en Texas sencillamente se niegan siquiera a concederlas, no se reciben testimonios de testigos y el comité de clemencia ni siquiera se reúne para discutir los méritos de la petición."

Pero encima de todo, el argumento irrebatible es que la clemencia está siempre fuertemente influida por consideraciones políticas o en última instancia por la aquiescencia personal del gobernador del estado donde se dictó la pena capital.

En este contexto, el alegato principal de México es que como país fue afectado en sus derechos cuando Estados Unidos lo privó de otorgar protección consular a sus ciudadanos. Pero la parte acusada "virtualmente ignoró esto".

Ratifica enseguida que "los hechos factuales ante esta Corte son mucho más simples de lo que Estados Unidos sugiere con su llanto alarmista. Esta Corte no necesita redeterminar los hechos y darle otra vez peso a la evidencia en cada uno de los 52 casos. Debemos regresar el reloj y empezar de nuevo el proceso para que México esté en posibilidades de brindarles asistencia. La restitución debe tomar la forma de la anulación de la sentencia que resultó del proceso violatorio al artículo 36 de la Convención de Viena".

Con un equipo que incluye abogados mexicanos, estadunidenses, franceses, el trabajo de México pasó hoy su primera prueba. Sabe que sus contrarios, quienes hoy literalmente ni pestañearon, traen una batería pesada para defenderse.

Al grupo se sumó el todavía embajador en Holanda, Santiago Oñate; la asesora jurídica de Relaciones Exteriores, María del Refugio González, y asiste como observadora la senadora Silvia Hernández.

Por eso son días cruciales. Hay muchas vidas y principios en juego. "México espera que la Corte no se dejará intimidar por Estados Unidos y que hará cumplir sus obligaciones para reparar estas violaciones", dijo ante los 16 jueces uno de los abogados de la parte demandante.