Se perderían 7 mil 500 mdd por privilegiar a petroleras, explica especialista

Sacrifica plan foxista a la hacienda pública

Además de ilegal, la apertura es un mal negocio para el país, afirma Rodríguez-Padilla

ISRAEL RODRIGUEZ

La reforma fiscal propuesta por el Ejecutivo pretendía sacrificar una parte del ingreso fiscal futuro con tal de dar viabilidad económica a la apertura petrolera, afirma Víctor Rodríguez-Padilla, investigador universitario y especialista en temas energéticos, quien precisa que otro objetivo del paquete hacendario era disminuir la carga impositiva sobre los nuevos proyectos de extracción de hidrocarburos, entre los cuales se incluyen los controvertidos contratos de servicios múltiples (CSM).

Detalla que el proyecto de reforma fiscal de Vicente Fox afectaría a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la propia hacienda pública, porque se dejarían de percibir entre 6 mil y 7 mil 579 millones de dólares por las facilidades y exenciones de impuestos que se aplicarían a las empresas petroleras trasnacionales.

Rodríguez-Padilla asegura: "Las compañías petroleras internacionales que el gobierno federal ha comenzado a contratar para remplazar a Pemex en la búsqueda y extracción de hidrocarburos estarán exentas del pago del impuesto al valor agregado (IVA), gravámenes locales, aranceles, así como otras contribuciones, que correrían por cuenta de la paraestatal, y los precios unitarios usados para pagar al contratista incluyen un rubro especial destinado a cubrir esos conceptos".

El también asesor en el Senado explica: "Las compañías pagarán impuesto sobre la renta (ISR)", nos reviran altos funcionarios públicos. "Tienen razón, los contratistas tendrán que asumir ese impuesto. Sin embargo, es muy probable que paguen poco. Es conocida la generosidad con que la Secretaría de Hacienda trata a los grandes empresarios, permitiéndoles sustanciosas deducciones y exenciones, especialmente cuando la inversión se fondea con el flujo de caja, como es el caso de la explotación del gas no asociado de la cuenca de Burgos".

Y eso no es todo, agrega. El pago por derechos y aprovechamientos por la extracción de hidrocarburos, el más importante en términos recaudatorios, también estará a cargo de Pemex. No podía ser de otra manera, ya que la apertura mediante los CSM está diseñada para que el contratista pague muy pocos impuestos y lo más pesado del fardo fiscal recaiga sobre la paraestatal.

A esa asimetría fiscal en menoscabo de lo público se añade una menor recaudación sobre los nuevos flujos de producción. El especialista recuerda que el gobierno ha afirmado que con los CSM habrá mayor ingreso tributario, lo cual es estrictamente cierto. "Sin embargo, es una verdad a medias. Al explotar nuevos yacimientos y pagar Pemex, Repsol y Petrobras, entre otras, los impuestos correspondientes, la Secretaría de Hacienda registrará un flujo fiscal positivo, pero de menor cuantía que el monto que entregaría Pemex si actúa solo".

Por ejemplo, con las trasnacionales trabajando en los siete bloques de la cuenca de Burgos se tendrían impuestos adicionales por alrededor de mil 500 millones de dólares, si Pemex renuncia, como ha venido haciendo, a sus derechos exclusivos de operador petrolero nacional. Pero si paga impuestos como empresa única en la zona (60.8 por ciento del valor de las ventas), entregaría más de 9 mil millones de dólares a las arcas de la Federación. La diferencia, que asciende a 7 mil 500 millones de dólares, es el ingreso que dejará de percibir la hacienda pública.

Además de un ingreso de 14 mil 911 millones de dólares a lo largo de 20 años de explotación (Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente, No. 263), Pemex tendrá que transferir al contratista 13 mil 424 millones de dólares, es decir, 90 por ciento del ingreso, para cubrir gastos operativos, costos de capital, intereses y sustanciales márgenes de beneficio.

"El problema es que si la paraestatal paga impuestos según el régimen fiscal vigente, desembolsará 9 mil 66 millones y le quedarán 5 mil 845 millones de dólares para pagar al contratista, lo cual arroja un déficit de 7 mil 579 millones", dice.

Rodríguez-Padilla advierte que el proceso apenas comienza, porque Pemex se apresta a abrir y ofrecer otras regiones a las compañías petroleras, principalmente en Veracruz y Chiapas.

El experto señaló que con los CSM el gobierno federal obtendrá un poco más de fondos para la educación, la salud y combate a la pobreza, pero en menor cuantía de los que obtendría si respetara el marco jurídico vigente. Esa apertura no sólo es anticonstitucional, como señala contundente Juventino Castro y Castro, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Jornada 1/12/ 2003), sino un mal negocio para el país. "Significa un enorme sacrificio fiscal en beneficio de un puñado de trasnacionales".

El investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM destacó que la idea de una reforma que reduzca la presión fiscal sobre Pemex es buena. Lo malo, dijo, es que la propuesta de Vicente Fox no está diseñada para que la empresa se fortalezca, sino para que los nuevos operadores petroleros acaparen la renta nacional en proporción cada vez mayor.

"La reforma a la Ley Federal de Derechos (capítulo XII, artículos 254-261B) es un traje a la medida de los CSM y los contratos que vengan más adelante. El discurso oficial que llama a fortalecer la paraestatal es sólo una cortina de humo. La verdadera intención es otra. El pago de derechos sobre la extracción de hidrocarburos se aplicaría, de acuerdo con la iniciativa propuesta, a quienes exploten yacimientos de petróleo crudo y gas natural, Pemex entre ellos".

El también consultor de organismos internacionales alertó que hoy, mientras la discusión del impuesto al valor agregado concentra la atención de los diputados, los aliados del gobierno intentan deslizar sigilosamente la reforma fiscal de los contratos de servicios múltiples.