México D.F. Miércoles 17 de diciembre de 2003
Caso Dolores Creel
Extraña, la actitud de la PGR: Bátiz
AGUSTIN SALGADO Y ALONSO URRUTIA
El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Bernardo Bátiz Vázquez, calificó de "extraño" que la Procuraduría General de la República (PGR) aún no haya atraído el caso sobre el robo de 22 mil dólares a Dolores Creel Miranda, encargada de la Unidad de Proyectos Especiales (UPX) del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA).
Señaló que (la PGR) "tiene todos los elementos para atraerlo, ya que la camioneta en que se transportaba la hermana del señor secretario (de Gobernación, Santiago Creel Miranda), que fue dañada, es un bien federal; el dinero que le robaron (del presupuesto asignado al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes), también es federal y el arma que se utilizó es de calibre nueve milímetros. Entonces -indicó el funcionario- hay elementos suficientes para atraerlo, pero hasta el momento no lo ha hecho", argumentó.
Por su parte, en la primera declaración sobre el asalto, Santiago Creel Miranda lamentó los hechos que pusieron en riesgo la vida de su hermana Dolores y destacó que "afortunadamente han tenido respuesta pronta y expedita de las autoridades del Distrito Federal".
Sobre el dinero del CNCA que le fue asignado a su hermana, el secretario de Gobernación evadió el tema y dijo: "eso es algo de carácter administrativo, a lo que tendrán que dar respuesta las instancias correspondientes. Yo hablo del asunto meramente personal, familiar, que es lo que me corresponde".
El procurador capitalino informó que los 22 mil dólares se iban a utilizar para la realización de un documental sobre la obra de Octavio Paz en la India: "era para viáticos y para el pago de los honorarios del fotógrafo". Precisó que la razón esgrimida por los empleados del CNCA de haber utilizado efectivo fue "la premura del viaje", que no permitía pagar con documentos bancarios.
Aclaró que únicamente el asunto del hurto es investigado por la procuraduría capitalina y la determinación de si existió alguna anomalía en la forma en que se manejaron los recursos públicos, es responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública.
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