Decisión unánime; la enviará al Ejecutivo local para su promulgación

Aprueba la ALDF reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

El consejo en la materia será un órgano autónomo, con tres representantes ciudadanos

RAUL LLANOS Y GABRIELA ROMERO

Por unanimidad, los diputados de PRD, PRI, PAN, PVEM y México Posible aprobaron ayer las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal, que será enviada al jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, para su promulgación y entrada en vigor.

Hace 30 meses, el entonces diputado independiente José Luis Buendía Hegewish presentó en la tribuna de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) la iniciativa de esa ley, que fue publicada de manera parcial hace poco más de medio año, tras una serie de controversias constitucionales, discusiones e impugnaciones, pero ayer, finalmente, concluyó el proceso legislativo.

Esto fue posible gracias a un acuerdo logrado entre las distintas fracciones parlamentarias, que pudieron destrabar puntos polémicos, como el carácter autónomo del Consejo de Transparencia, el número de los consejeros ciudadanos y los sueldos que devengarían. Hoy sólo queda pendiente que se discuta en la Comisión de Presupuesto otorgarle mayores recursos a los propuestos por el mandatario capitalino, de 12 mil 750 millones de pesos, cerca de 50 por ciento debajo de lo planteado en el presupuesto de 2003.

Los diputados Mauricio López, del PRI; Obdulio Avila Mayo, del PAN; Teresa Delgado, de México Posible, y Arturo Escobar, del PVEM, expresaron que a pesar de ser una "ley limitada", es un primer paso para consolidar la Ley de Transparencia, y reconocieron que se tomaron en cuenta sus opiniones. A su vez, Alberto Trejo y Víctor Varela, del PRD, consideraron que con la votación obtenida -57 votos a favor, de 66 posibles- se termina un periodo "azaroso y tortuoso", y pidieron un voto de confianza para "dejar que nazca esta ley y después empiece a caminar".

De esta manera, se acordó que el Consejo de Transparencia tenga carácter de órgano autónomo, que los representantes ciudadanos sean tres y no siete -entre quienes estarán Odette Rivas y María Elena Pérez Jaen, que ya habían sido electas- y que tengan un sueldo cercano a los 60 mil pesos.

La referida ley contempla, entre otras cosas, que las entidades de gobierno publiquen todos sus bienes con valor superior a 15 mil pesos y que se puedan conocer los resultados de las auditorías realizadas a las instancias públicas. Asimismo, prohíbe que sean públicados los datos personales en juicios o procedimientos; se faculta al Consejo de Información a investigar, cuando las dependencias nieguen información, y podrá revocar o modificar resoluciones de éstas.

Avanzan cambios a la ley de la CMH

En otro orden de ideas, los diputados que integran las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Prácticas Parlamentarias, aprobaron en lo general el dictamen de reformas a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) de la Asamblea Legislativa, mediante las cuales se amplía de uno a dos años el periodo en la presidencia del órgano tripartita.

En el dictamen sobresale la incorporación de la figura de secretario técnico, el cual estará bajo la autoridad del órgano superior de dirección; y la desaparición de la Contraloría Interna de la Contaduría Mayor, por lo que sus funciones pasan a la contraloría, y la reducción de los plazos para la entrega de la cuenta pública.

Asimismo, la contaduría podrá integrar y remitir los dictámenes y expedientes técnicos correspondientes a efecto de que las faltas de tipo administrativo se envíen a la Contraloría General del GDF y a las instancias de control de los órganos autónomos, para que apliquen la sanción correspondiente. En los casos de responsabilidad penal, interpondrá ante el Ministerio Público denuncias de hechos.

En tanto, las comisiones unidas de Educación y Cultura rechazaron el proyecto de dictamen de ley de la Secretaría de Educación y Cultura.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Francisco Chiguil, adelantó que a partir del próximo año todos los órganos autónomos estarán obligados a presentar un informe trimestral de avance de la cuenta pública, como lo hace el gobierno capitalino.