Las cuotas de dos millones de sindicalizados y la interlocución con el gobierno, en juego

Prisa de gremios elbistas por arrancar control de prerrogativas a la FSTSE

Los disidentes planean constituir formalmente una nueva federación de burócratas en febrero

FABIOLA MARTINEZ

Las organizaciones que renunciaron el pasado 5 de diciembre a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) realizan, a marchas forzadas, los trámites jurídicos para obtener su reconocimiento oficial y constituir formalmente -a más tardar en febrero- la nueva central de empleados públicos.

La prisa obedece, reconocieron sus promotores, a la intención de "arrancar" cuanto antes a Joel Ayala Almeida (relecto líder de la FSTSE para el periodo 2004-2007) el poder discrecional que detenta sobre las cuotas de casi 2 millones de burócratas, así como el manejo de los créditos hipotecarios para derechohabientes en este sector; la representación sectorial en el ISSSTE, prerrogativas en las revisiones salariales y, sobre todo, la interlocución única con el gobierno foxista.

Sin embargo, el proceso se prevé ágil pero no por fast track, porque en principio el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) les negará el registro correspondiente bajo el argumento de que la ley que regula las relaciones laborales de los trabajadores al servicio del Estado sólo permite la existencia de una federación de empleados públicos.

Fuentes del consejo del TFCA revelaron que los interesados podrán acudir a la protección de la justicia federal, donde ya hay antecedentes de dictámenes en contra de algunos preceptos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional.

"En cuanto llegue la solicitud (al TFCA) tendríamos que negar el registro, aunque es seguro que un juzgado les otorgue rápidamente el amparo correspondiente, cuya resolución acataríamos", comentaron las fuentes consultadas.

Y es que los abogados de las organizaciones opositoras, encabezadas por los sindicatos magisterial, del gobierno capitalino y de las secretarías de Agricultura, Comunicaciones y Desarrollo Social, entre otras, han encomendado a sus equipos de asuntos jurídicos la rápida elaboración de los documentos básicos de la central en ciernes.

En el anteproyecto de los estatutos destaca una presidencia colegiada "con facultades acotadas", que deberá garantizar el carácter "apartidista" de la nueva central, aun cuando la ruptura en la federación de burócratas coincidió con la destitución de Elba Esther Gordillo, líder moral del magisterio, gremio que desde el año 2000 pugna por llevar a uno de los suyos al control de la FSTSE.

El nombre tentativo de la nueva central es Federación Sindical de Servidores Públicos, aunque también se maneja Federación Nacional Democrática Sindical. En los lineamientos generales destaca el respeto a la autonomía de cada sindicato miembro y la realización periódica de reuniones.

También se redacta un programa de acción y un "código de ética" que deberá ser revisado a más tardar la última semana de enero en sesión plenaria de las 21 organizaciones disidentes.

La prisa es extrema, por lo que han contratado también la asesoría de dos bufetes externos que preparan el litigio, sustentado también en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la libertad sindical.

Los abogados saben claramente que los dictámenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a este sector de trabajadores fueron emitidos en favor de la integración de uno o más sindicatos por cada dependencia, así como para la relección de dirigentes, pero no en torno a la integración de dos federaciones, toda vez que la escisión alentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no tiene precedente en los poco más de 40 años de vida de la FSTSE.

Por lo pronto, sigue la disputa por la representación del mayor número de sindicatos. Por ejemplo, en la semana que concluye un grupo en el INEGI, apoyado por Ayala, refrendó su permanencia en la FSTSE, aunque la secretaria general del sindicato de ese instituto, Areli Hernández (toma de nota número RSI/92, promoción 25175/25457 del 16 de mayo de 2003) participa activamente en los trabajos para la creación de la nueva central. Una situación similar ocurre en los sindicatos de Hacienda, Gobierno del Distrito Federal y Profeco, al igual que con las corrientes opositoras en el sindicato de Salud y Pesca.

Así, mientras ambos grupos insisten en que los objetivos que persiguen no son políticos, las autoridades judiciales deberán resolver si conceden registro y asientos en las representaciones oficiales de burócratas a quienes rompieron con la FSTSE, ahora centro de una rebatiña de afiliados.