Diputados proponen reducir subsecretarías, bajar salarios y eliminar puestos de asesores

Aprueban en comisión plan de austeridad para el gobierno federal

Se plantea la obligación de restructurar la administración pública a partir de febrero

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el Programa Integral de Austeridad, Racionalidad y Eficiencia en el gobierno federal con el objetivo de reducir a tres el número de subsecretarías por dependencia, bajar los salarios de los funcionarios de niveles medio y superior, y desaparecer los puestos de secretarías particulares. Con esas medidas se podrían obtener, mediante ahorros, entre 5 y 7 mil millones de pesos.

Al concluir una reunión de análisis en la citada comisión, los legisladores acordaron que además de los ahorros por austeridad, la Cámara de Diputados reasignará 25 mil millones de pesos -provenientes del gasto corriente- a programas de desarrollo social e infraestructura. A esas cifras se agregarán los 13 mil millones de pesos que se contempla recaudar mediante la Ley de Ingresos, en caso de que el Senado de la República mantenga el artículo sexto transitorio para aplicar aranceles a la importación de granos. En suma, la Comisión de Presupuesto contempla dividir alrededor de 43 mil millones de pesos a los renglones sustantivos de gasto.

Pregonar con el ejemplo

El presidente de la comisión, Francisco Rojas Gutiérrez, explicó que la idea de promover el programa de austeridad obedece a que el gobierno debe pregonar con el ejemplo "y antes que cualquier petición de dinero vía impuestos a los ciudadanos está obligado a reducir el gasto corriente y restructurar la administración para hacerla más eficaz".

El objetivo, dijo el legislador, es ofrecer un gobierno más responsable, eficiente y eficaz que tenga la suficiente autoridad moral para pedir mayores aportaciones vía impuestos, por tanto, "esa idea la hemos cumplido en el tiempo y ahora tenemos un marco teórico que nos ha permitido tener un margen de maniobra para reducir gasto corriente del orden de 25 mil millones de pesos. Nos hemos dedicado a revisar partida por partida, dependencia por dependencia. Todavía no llegamos a los 25 mil millones, llevamos como 20 mil".

-¿En esto se enmarca la propuesta del plan de austeridad?

-Se enmarca en el propósito de restructurar la administración pública. El objetivo es una restructuración de la administración pública.

-¿Cuál es el plazo?

-No es inmediato, estaríamos pidiendo el plan en febrero, en ese mes se iniciaría el proyecto que evaluaríamos trimestralmente. La Comisión de Presupuesto tendrá las facultades para supervisar el cumplimiento del programa, y en su caso, pedirle a la Comisión de Vigilancia, vía la Auditoría Superior de la Federación, que haga lo correspondiente, y en su caso citar a comparecencia a los titulares de las dependencias para exigirles cuentas.

-¿Cuáles son las prioridades en la reasignación?

-Es muy claro: desarrollo social e infraestructura. Desarrollo social, porque el país requiere que sus ciudadanos tengan sus necesidades mínimas satisfechas: salud, educación, desarrollo social, combate a la pobreza, y por otro lado infraestructura, inversión y empleo, que son las dos pinzas sobre las que debemos actuar.

-¿Hay voluntad por parte del gobierno?

-Yo creo que sí, es un tema en el que todos estamos de acuerdo.

El Programa Integral de Austeridad, Racionalidad y Eficiencia, que constituye una propuesta inédita en la Cámara de Diputados, contemplaría -si se aprueba en el pleno de San Lázaro- en el artículo 30 del dictamen del Presupuesto de Egresos 2004, que las dependencias y entidades deberán cumplir las siguientes medidas de racionalidad y austeridad en el presente ejercicio fiscal, a más tardar el último día de febrero del año próximo:

Reducir de manera conjunta su gasto corriente sin afectar, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, el gasto prioritario de programas sustantivos en em-pleo, educación, salud, desarrollo social, acuerdo nacional para el campo, justicia y seguridad pública.

Las reducciones deberán establecer un programa especial de recorte de costos y compactación de estructuras administrativas; no obstante, no se afectarán por ningún motivo los derechos laborales adquiridos por los trabajadores al servicio del Estado; no se otorgarán incrementos salariales ni se crearán plazas nuevas para funcionarios de mandos medios y superiores.

Las dependencias deberán ajustar su estructura a tres subsecretarías o niveles salariales equivalentes, como máximo, salvo en los casos de excepción que se justifiquen ante la Secretaría de la Función Pública y se sometan a la opinión de la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Reducir estructuras y gastos de administración de las delegaciones, oficinas y representaciones de los estados de la República -se calcula bajar el número de plazas, de las mil 200 existentes a 700-, que tengan establecidas las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades. Realizar acciones para la compactación de estructuras y reducción al mínimo indispensable de los gastos de administración en oficialías mayores o unidades administrativas que realicen la función equivalente y coordinaciones administrativas, oficinas que lleven a cabo funciones de comunicación social y despachos de enlace.

Eliminar, a partir de enero, las secretarías particulares y asesorías o puestos equivalentes de estructura en las unidades, coordinaciones y direcciones generales o equivalentes, así como en todas las unidades administrativas de menor jerarquía. Las entidades paraestatales de control directo e indirecto propondrán un programa de compactación de estructuras equivalente a los establecidos para las dependencias sin que se afecte su operación sustantiva.

De tal forma, señala el documento, "las dependencias y entidades informarán a más tardar el último día hábil de febrero, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los ajustes en los términos de la presente fracción, a efecto de que dicha comisión emita su opinión al respecto. Asimismo, se reportarán en los informes trimestrales los avances del programa a que se refiere esta fracción".

Lucha por fondos

A la fecha, el monto total de recursos demandados a la Comisión de Hacienda asciende a 250 mil millones de pesos, y lo disponible apenas superará los 40 mil. Y es que mientras la Comisión de Presupuesto sesionaba, en un extremo de la explanada central del recinto parlamentario de San Lázaro decenas de cabilderos de las dependencias federales y de los órganos desconcentrados, universidades públicas, instituciones públicas y privadas se acercaban a los legisladores que integran la comisión con objeto de solicitarles un incremento en sus presupuestos. No obstante, se toparon con posturas nada halagüeñas, al contrario, pesimistas, dada la escasez de recursos.

El caso que llamó la atención fue el del ex diputado federal, ahora secretario técnico del IPN, José Manuel del Río Virgen, quien, en uso de su conocimiento legislativo y de sus relaciones, persiguió a los integrantes de la comisión con objeto de solicitarles un incremento adicional de los recursos presupuestales al Politécnico por un monto de mil 500 millones de pesos.

Los 25 mil millones de pesos son reasignaciones derivadas de ajustes en el gasto corriente. Provienen de reducción en servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias a entidades desconcentradas, inversión financiera. Esta fue propuesta de la Comisión de Presupuesto, que consideró que sí hay margen de maniobra, con el acuerdo de Hacienda, y se incluyó el programa de austeridad, el cual deberá ligarse al decreto.

El subsecretario de Egresos, Carlos Hurtado, reconoció que la tasa de interés real, con la que está calculado el costo financiero del IPAB, es más alta que la contemplada en los criterios de política económica, por lo se pretende un ahorro de 3 mil 300 millones de pesos.

De manera adicional, la Comisión de Presupuesto analiza la factibilidad de no incluir, dentro del saldo base del IPAB, los Programas de Capitalización y Compra de Cartera, con lo que el cálculo del saldo de ese instituto se reduciría 157 mil millones de pesos, y los recursos fiscales demandados -mediante intereses-, disminuirían 7 mil millones de pesos, con lo que la reducción global sería de 10 mil 300 millones de pesos. Si esto no hubiese ocurrido, al IPAB se le tendrían que asignar 27 mil millones de pesos.

Se estudia la posibilidad de que en el renglón de las Adefas (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores), que son diferimientos de pago del gobierno a acreedores, pueda disponerse de 4 mil millones de pesos.

Por la noche, al concluir la reunión de la Comisión de Presupuesto, el subsecretario Carlos Hurtado llegó corriendo a la oficina de Francisco Rojas para analizar los cambios en la propuesta oficial que se refiere al destino de los recursos provenientes de los excedentes del petróleo.

Sobre el tema, Gonzalo Yáñez, coordinador de la bancada petista, señaló: "el PAN intentó convencer al resto de la comisión que los excedentes se destinarán de la siguiente forma: la mitad a los estados, 25 por ciento a amortiguar deuda pública, y el 25 restante al Fondo de Estabilidad Petrolera".

Frente a la inconformidad que se suscitó, añadió Yáñez, se presentó una propuesta que otorgaría la mitad de los excedentes por la venta del petróleo los estados, 25 por ciento al fondo de estabilidad y el otro 25 a recapitalización de Pemex.

Eso "provocó que los panistas José Guadalupe Osuna y Federico Doring no aceptaran la última proposición; a ellos se sumaron Germán Martínez y Margarita Zavala. Ellos desean seguir saqueando Pemex para argumentar la necesidad de privatizarla, y nosotros deseamos lo contrario."

Piden retirar la pensión a ex presidentes

La Fundación México Crítico entregó a la Comisión de Presupuesto un documento que demanda la desaparición del párrafo quinto del artículo 40 del proyecto de Presupuesto 2004 enviado por el Ejecutivo federal, pues contempla el pago de una pensión mensual a los ex presidentes de la República, equivalente al salario de los secretarios de Estado -en su primer nivel, cercano a los 170 mil pesos-, así como aquellas correspondientes al personal de apoyo que tengan asignados.