Tampoco prosperó la iniciativa para hacer del INEGI un ente autónomo

Rechazan PAN y elbistas obligar al Estado a garantizar el derecho a la alimentación

El rubro alimentario, satisfecho con el acceso a la salud, aduce la bancada panista

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados y el grupo de Elba Esther Gordillo se negaron ayer a respaldar la reforma constitucional aprobada en el Senado, que haría obligatorio para el Estado garantizar el acceso a la alimentación, y concedería autonomía de gestión y presupuestal al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Asimismo, como no hubo acuerdo entre las fracciones, se congelaron las minutas que concedían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de presentar iniciativas de ley, y que ampliaban a tres años a la fecha de la elección, el periodo de renuncia a los consejeros electorales que pretendan ser legisladores.

Tras una discusión de siete horas, la Comisión de Puntos Legislativos de la Cámara determinó que el paquete de cuatro minutas del Senado, que incluían reformas constitucionales, se discutirán hasta el periodo ordinario de sesiones que se inicia en marzo de 2004, por lo que ninguna de ellas se presentará al pleno durante el actual periodo extraordinario.

El mayor debate se centró en las reformas a los artículos de la Constitución que se refieren al derecho a la alimentación, y en la decisión de elevar a rango constitucional al INEGI para darle autonomía. Los panistas arguyeron que sería una medida "populista" obligar al Estado a garantizar la alimentación de los mexicanos, y sostuvieron que dentro de las obligaciones gubernamentales a la salud quedaba satisfecho el rubro alimentario.

Más que a una posición de tacañería por el PAN, el secretario de la comisión, el perredista Arturo Nahle García, consideró que en los panistas hay "una confusión", pues consideran que con la reforma se establecería "la obligación de alimentar a los mexicanos, cuando de lo que se trata es de definir la obligatoriedad del Estado a garantizar el acceso a la alimentación".

Respecto del INEGI, la oposición a concederle autonomía comenzó desde el presidente del organismo, Gilberto Calvillo Vives, quien se negó a admitir la reforma, y se mantuvo con la bancada panista. Los diputados Margarita Zavala y Germán Martínez se opusieron a que en el país haya más organismos autónomos.

Martínez abundó: "Soy de la opinión de que no se debe estar desvertebrando el Estado con órganos constitucionales autónomos (sic). Se debe responsabilizar a los órganos que ya están, y ahí sí tengo una opinión muy radical: yo no creo en los órganos constitucionales autónomos. El INEGI no puede ser un órgano constitucional autónomo así nada más.

La opinión perredista fue motivo de comentarios irónicos por parte de Nahle García, quien resaltó que hasta el momento toda la información estadística sobre los resultados gubernamentales es manipulada por el INEGI y, por tanto, se les da un uso inadecuado. "Depende de la Secretaría de Hacienda, y las cifras, números y estadísticas del instituto se manejan al gusto de su jefe, que es el titular de esa dependencia", dijo.

Respecto de los requisitos de elegibilidad para ser diputado o senador, la comisión coincidió en que la redacción aprobada por el Senado para modificar el artículo 55 constitucional "está incompleta", pues si bien se establece que no podrán ser legisladores los secretarios de Estado y subsecretarios, a menos que se separen del cargo 90 días antes de la elección, la propuesta no define nada respecto de los directores de las paraestatales; mientras que la misma prohibición queda expresamente dirigida a los ministros de la Corte, no se hace referencia a los integrantes de la Judicatura; mientras que en el caso de los consejeros, no se hacía ninguna referencia al consejero presidente del IFE.

"Había una serie de inconsistencias que serán tratadas con mayor amplitud en los próximos meses", dijo el secretario de la comisión.

Respecto de la minuta para añadir un cuarto párrafo al artículo 71 constitucional, que permita a la Corte enviar iniciativas al Legislativo, los grupos parlamentarios definieron que sería insuficiente definir que esa facultad sólo pueda ejercerla respecto de su Ley Orgánica.

Ante la diferencia de opiniones, pues el PAN consideró que era suficiente con plantear que no quedara limitado a su ley orgánica, sino a su estructura y su funcionamiento, el Partido de la Revolución Democrática expuso que debía dejarse abierta su facultad de presentar iniciativas, se admitió la propuesta del perredista Manuel Camacho Solís de diferir el análisis e incluirlo como parte de las discusiones de la reforma del Estado.