Fue frenada en la ALDF iniciativa de reformas a la ley de ese órgano autónomo

Genera inconformidad la elección del presidente del TCA por 7 magistrados

Funcionarios de las salas ordinarias y auxiliares proponen crear un pleno Hoy deciden

RAUL LLANOS SAMANIEGO

A contracorriente de la política democratizadora, sólo una tercera parte de los integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) decidirá hoy quién será su nuevo presidente para los próximos cuatro años y, aun cuando así lo establece su ley y reglamento internos, esto ha generado la inconformidad de varios de los 15 magistrados restantes, quienes son marginados tanto de ésta como de las decisiones que tienen que ver con las políticas del órgano autónomo.

Frente a esta situación, desde el interior del TCADF se impulsó a finales del año pasado una reforma a su ley con el objetivo de abrir esta instancia -responsable de dirimir los conflictos entre los particulares y las autoridades del Gobierno del Distrito Federal- y lograr que el tribunal "goce de una organización, administración y competencia democrática eficiente, expedita y sobre todo imparcial, situación que con la ley actual no se ha logrado".

Sin embargo, fue desde el gobierno de la ciudad, primero, y desde la Asamblea Legislativa después, donde se frenó, sin mayor explicación, el proyecto de reformar su ley, vigente desde hace ocho años.

De acuerdo con magistrados del TCADF hoy todas las decisiones se concentran en la sala superior, integrada por sólo siete magistrados, de un total de 22, distribuidos en salas ordinarias y auxiliares. Ellos deciden los destinos del tribunal, pero no hay un órgano que los vigile.

Citan, por ejemplo, un viaje que realizaron a Canadá magistrados de la Sala Superior. "Iban por dos días y se quedaron siete más, y de eso a nadie tuvieron que rendir cuentas"; mencionan, también, una misa efectuada en las instalaciones del TCADF un 12 de diciembre, y el argumento fue que "somos un órgano autónomo, y no pasó nada".

De ahí que magistrados de las salas ordinarias y auxiliares plantean que se cree el "pleno", que sería una instancia en la que participarían los 22 magistrados del tribunal. Ahí se elegiría al presidente y se tomarían las decisiones que atañen a la vida de esta instancia. Actualmente, de los siete magistrados de la sala superior, con que hagan quórum cuatro se pueden ya avalar resoluciones y acuerdos. La propuesta señala que esta última sala sería únicamente para apelaciones.

Otra de las reformas que plantean es que el presidente en turno -actualmente es Victoria Quiroz- sólo dirigirá los destinos del TCADF y no formará parte de sala alguna. Un planteamiento más es que a los magistrados los nombre el jefe de Gobierno en turno y los ratifique la Asamblea Legislativa; hoy en día el primero propone y la segunda aprueba.

Se incrementaría a 35 años la edad mínima para ser magistrado y se pediría cinco años de experiencia de práctica profesional en materia administrativa y fiscal. El retiro forzoso de los integrantes del tribunal se daría a los 75 años, y no a los 70, como ocurre a la fecha.

La reforma frenada por el gobierno de la ciudad y la mayoría perredista en la ALDF plantea crear la contraloría interna, que recibiría las quejas y denuncias presentadas por actos u omisiones de los servidores públicos no jurisdiccionales del tribunal y aplicaría las sanciones que correspondan.

Por lo pronto, hoy los magistrados Jaime Araiza, Laura Aceves, Adalberto Saldaña, Lucila Silva, Raúl Armida, César Castañeda y la saliente presidenta Victoria Quiroz definirán al nuevo presidente, y de acuerdo con algunas versiones podría recaer en el primero, aunque se habla que el delfín de la magistrada Quiroz es Laura Aceves, con quien no se vislumbran los mejores tiempos para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Cabe mencionar que en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito Federal para 2004 se pedían 394 millones 828 mil pesos para el TCADF, pero los diputados determinaron hacerle un fuerte recorte, que llegó a 176 millones de pesos, con lo que se queda en 218 millones. Fue la segunda mayor disminución del paquete económico en los órganos autónomos, después del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.