Trabajadores sindicalizados ocupaban el inmueble desde noviembre; hay 95 detenidos

Desalojan más de 100 policías el comité de agua de Tapachula

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje declaró ilegal el movimiento por "incumplir la normatividad"

RODOLFO VILLALBA Y JUAN BALBOA CORRESPONSALES

Tapachula, Chis., 7 de enero. Más de 100 policías del estado recuperaron esta madrugada las instalaciones del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap) y detuvieron a 95 trabajadores sindicalizados que ocupaban el inmueble desde el 12 de noviembre, cuando empezaron un paro de labores.

El procurador de Justicia del estado, Mariano Herrán Salvatti, informó que a las 5:30 horas, policías de Seguridad Pública y de la Agencia Estatal de Información rescataron las oficinas administrativas, el área de capacitación, la planta potabilizadora y los pozos de distribución que se encontraban en poder de los empleados.

En el operativo, agregó Herrán Salvatti, se aseguraron 10 tanques de 10 kilogramos de gas-cloro, se restableció el estado de derecho y se entregaron las instalaciones del Coapatap al ayuntamiento.

Herrán Salvatti dijo que el problema había rebasado el orden constitucional y de gobernabilidad, y que luego de las indagaciones que realizó la Secretaría General de Gobierno se procedió al desalojo, durante el cual fueron detenidos 95 trabajadores, quienes fueron presentados ante el Ministerio Público por el delito de despojo y los que resulten.

Apenas ayer, más de 100 trabajadores del Coapatap marcharon por la ciudad para exigir una auditoría a la dependencia, la renuncia de la encargada de recursos materiales y la cancelación de las demandas penales en su contra.

Durante el recorrido se apoderaron violentamente del palacio municipal, donde retuvieron a la regidora Isabel Mérida; al secretario municipal, Rafael Sommers González; al subdirector de Recursos Humanos, Carlos Manchinelly; al director de Obras Públicas; Carlos Pereyra Salazar, y al coordinador de asesores, Segundo Vicente Marín, así como a otros siete trabajadores.

A todos ellos los amarraron y exhibieron en el centro de la población, pero después de ocho horas los liberaron y abandonaron la alcaldía, al enterarse de que efectivos de Seguridad Pública del estado los desalojarían.

Sin embargo, mantuvieron tomadas las instalaciones del Coapatap, las cuales estaban en su poder desde el 12 de noviembre, lo que provocó desde entonces desabasto de agua a más de 50 mil familias de la zona urbana de la ciudad, la segunda en importancia del estado. Los trabajadores sindicalizados empezaron su paro laboral con 10 demandas, pero no dieron aviso de su queja ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por no cumplir con algunas normativas, por lo que ésta declaró ilegal el movimiento.

No obstante, ocho días después representantes de los empleados y de los gobiernos estatal y municipales instalaron una mesa de diálogo donde se resolvieron siete puntos del pliego y los mismos trabajadores firmaron el acuerdo en el que se comprometían a suministrar agua a la ciudad.

Sin embargo, no cumplieron su promesa con el pretexto de que el gobierno se negaba al pago de salarios caídos y dejaron sin el líquido a colonias del sur de la ciudad, por lo que el ayuntamiento empezó una querella por la ocupación de las instalaciones y la planta potabilizadora del organismo.

Así, en las primeras horas de este miércoles efectivos policiacos del estado recuperaron las instalaciones.

De los detenidos, cuatro tienen orden de aprehensión y los 91 restantes están en calidad de presentados y rinden su declaración ministerial.

El alcalde Manuel Pano Becerra indicó que se restableció el servicio de agua potable a toda la población y que los efectivos policiacos resguardan las instalaciones recuperadas.

Señaló que a partir de hoy empezará una nueva relación laboral con los trabajadores al servicio del Coapatap para revisar las condiciones contractuales mediante reglas claras que eviten que personas ajenas a los intereses de la sociedad, de los trabajadores y del mismo organismo los afecten.

De los detenidos, señaló que muchos fueron obligados a permanecer en el movimiento, por lo que se hará una revisión profunda de cada uno de sus expedientes laborales para analizar y determinar quién puede continuar en la empresa, "porque hay buenos empleados, y con toda seguridad los tomaremos en cuenta".