Basado en convenios internacionales el gobierno justifica la presencia de agentes de EU

"Debía cumplirse" el operativo de la FBI en aeropuertos, dice Cerisola

Ojalá el foxismo defendiera igual acuerdos firmados en derechos humanos, dice diputada a Creel

MIREYA CUELLAR Y RENATO DAVALOS

Si el gobierno no hubiera aceptado las revisiones y medidas de seguridad aeroportuaria que Estados Unidos le "notificó" que "deberían cumplirse" -y que causaron molestia a quienes en diciembre pasado visitaron ese país-, "simple y sencillamente" los aviones mexicanos no habrían tenido permiso de aterrizar "en suelo estadunidense". Así explicó ayer el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Pedro Cerisola, la reciente presencia de agentes estadunidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Informó que fueron 15 los agentes acreditados por Estados Unidos para el "intercambio de información": verificaban pasaportes cuando, por ejemplo, había sospecha de que fueran falsos. Cerisola no pudo recordar con precisión la fecha en que los agentes concluyeron actividades en la terminal aérea. Dijo que llegaron el 23 de diciembre y se fueron el 2 o 3 de enero.

En una comparecencia conjunta de tres secretarios, el de la SCT, el de Gobernación, Santiago Creel, y el de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, el gobierno federal dio ayer al Congreso una explicación -"extemporánea" para la oposición- sobre la actuación de agentes de la Oficina Federal de Investigaciones el fin de año pasado en aeropuertos mexicanos.

Comunicaciones

Cerisola describió con algunos detalles cómo se sucedieron las cosas. El día 21 de diciembre se comunicó con él su homólogo estadunidense para decirle que ese país entraba en "alerta naranja", y le notificó la serie de medidas de seguridad que "deberían cumplirse" para que las aeronaves mexicanas pudieran entrar en Estados Unidos. Posteriormente la cancillería recibió un comunicado oficial y después hubo una llamada de Washington a Santiago Creel.

Confirmó que en una ocasión el vuelo 490 de Aeroméxico -México-Los Angeles- tuvo que regresar y que fue particularmente atendido porque Estados Unidos "nos informó que tenían reportes de inteligencia de que una aeronave mexicana podría ser utilizada para cometer actos terroristas; una nave que iba a Los Angeles y era de Aeroméxico".

Intentó aclarar que los extranjeros nunca revisaron directamente a los pasajeros nacionales, pero dijo que cuando los primeros sospechaban alguna irregularidad, lo comunicaban al personal mexicano para que actuara.

Aclaró que si algún ciudadano decidía no someterse a las revisiones, estaba en su derecho de no aceptarlas y, por tanto, no viajar. Como gobierno, precisó, México sólo hubiera tenido la alternativa de cancelar todos los vuelos.

El saldo del operativo de esos días fue: dos maletas (abandonadas) que dieron prueba positiva con explosivos; una en Acapulco y otra en Tijuana. Se decomisó un paquete de juegos pirotécnicos en un equipaje de mano en Guadalajara y 32 cartuchos de arma de fuego en Mérida, en un vuelo a Houston.

La información del secretario de Comunicaciones echó abajo el discurso político de Creel, quien en todo momento pretendió hacer creer a los legisladores que la decisión de declarar la "alerta naranja" había sido tomada por el Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria, en el que participan dependencias federales como Gobernación, SCT, Defensa y la Procuraduría General de la República.

Cerisola reconoció -cuando le requirieron la versión estenográfica de la reunión en que se tomó la supuesta decisión- que en realidad no hubo tal reunión, pues ante la llamada de los estadunidenses sólo hubo comunicación telefónica entre los secretarios.

Los diputados y senadores de PRI, PVEM, PT y PRD quisieron acorralar a Creel. Le pidieron que dijera "la verdad" sobre quién había ordenado los detalles del operativo. Como su respuesta fue que dicho comité "sesionó y resolvió precisamente sobre la alerta número tres", la diputada Ileana García Laguna mostró al pleno una copia de la orden emitida por el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos, con fecha 28 de diciembre, "donde se establecen todas las acciones que ustedes permitieron que agentes de Estados Unidos hicieran en nuestro territorio. Aquí está el documento, señor secretario".

Le recriminó: "prometimos conducirnos con la verdad y no lo ha hecho usted así".

Creel refutó las acusaciones sobre violaciones a la Constitución o a la soberanía. Fue más allá: dijo que México tenía "la obligación ineludible" de aceptar la presencia de los agentes estadunidenses y de cumplir las "garantías específicas" solicitadas por ese país, porque hay dos tratados firmados y un convenio internacional que lo obligan.

Justificaciones

La justificación jurídica de los funcionarios giró en torno a lo mismo: dos tratados ratificados por el Senado, uno firmado hace 60 años (1944) y otro de 1973, donde se establece que "cada Estado contratante asegurará que se cumplan, en la medida de lo posible, las demandas de controles especiales de seguridad, formuladas por otros estados con respecto a un determinado vuelo o vuelos".

El Convenio sobre Aviación Civil Internacional, suscrito por 188 países (1944) y ratificado por el Senado (1946), dice en su anexo 17 que "cada Estado contratante compartirá, en la medida de lo posible, con otros estados contratantes la información sobre amenazas que se relacione con los intereses de seguridad de la aviación de dichos estados", pero que los firmantes "considerarán las solicitudes formuladas por cualquier otro Estado, para permitir que personal armado pueda viajar a bordo de aeronaves".

Otro convenio, el de la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, ratificado por los senadores (1974), fue puesto sobre la mesa por el equipo foxista. Y otro más, el del 3 de julio de 1992, emitido por Gobernación, Relaciones Exteriores y PGR, en el que se estipula la normatividad "que regula la estancia temporal de agentes extranjeros y técnicos especializados en México".

"En él -dijo- se establece con claridad que dichos agentes pueden realizar tareas de observación, enlace e intercambio de información en el territorio nacional".

Así que el gobierno en funciones, expresó Creel, lo único que hizo fue "acatar en sus términos" los convenios y acuerdos internacionales que, ratificados por el Senado, son "ley suprema de toda la Unión". Esta aclaración sería usada por la diputada perredista Ileana García Laguna para decir con sarcasmo que ojalá el foxismo defendiera con la misma intensidad la aplicación de otros convenios internacionales firmados por México, sobre todo los relacionados con los derechos humanos.

La comparecencia se desarrolló durante largo rato en un tono comedido. Tanto, que los asesores de Creel se daban tiempo para bostezar. La decisión de la diputada García Laguna de llevar hasta el asiento del secretario un ejemplar de la Constitución del país dieron paso a las risas y espantaron el tedio. La diputada le marcaba en la Carta Magna los artículos 16, 21, 39, 41 y 123, "que se violentaron" este fin de año.

¡Cuánta ignorancia!

Iban a dar las 3 de la tarde -la comparecencia inició a las 11 de la mañana- cuando Creel resbaló. Molesto porque el senador priísta de Morelos, David Jiménez, le dijo que si fuera su alumno en la Facultad de Derecho lo reprobaría -por aquello de asumir en la práctica la supremacía de acuerdos internacionales sobre la Constitución-, el titular de Gobernación (que es abogado) se quiso desquitar y exhibirlo como poco conocedor del tema al señalar que en 1919 "no había aviones", como respuesta a la mención que el priísta hizo de un acuerdo internacional de aviación de ese año.

-Perdóneme... ¡cuánta ignorancia, señor secretario! -dijo a Creel con tal tono de pena ajena el senador, que en el salón Verde de San Lázaro hubo un largo silencio coronado con el rojo intenso que inundó el rostro del funcionario.

Irritado, Creel soltó a manera de conclusión que "las molestias a los pasajeros en tránsito en el aeropuerto son fundadas y motivadas, por tanto permitidas, por tanto constitucionales y por tanto no pueden ser violaciones a los derechos humanos".

Pedro Cerisola completó el encuentro con un comentario que, por el lugar donde fue dicho, levantó un rumor de estupor: "Más allá de tratados y de la Constitución, está la seguridad de los pasajeros".

Así concluyó una rendición de cuentas "extemporánea", durante la cual los panistas no encontraron mejor argumento para defender la actitud de su gobierno que descalificar las críticas llamando a los priístas "nacionalistas trasnochados" por apoyar en los gobiernos anteriores la apertura al exterior "sin querer asumir los riesgos".