Por apertura de cinco pozos petroleros, habrá nuevas bases militares en la región

A 10 años del cese el fuego en Chiapas, el Ejército avanza, aumenta y actúa

Obedecería a intereses de EU el alza en la explotación de crudo en la entidad: analistas

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 16 de enero. La expansión del Ejército en Chiapas es silenciosa, invisible en la medida de lo posible, pero constante dentro y fuera de la zona de conflicto. Los tres argumentos para tal despliegue -generalmente implícitos, pues las fuentes militares hablan poco- son el zapatismo rebelde en todas las regiones indígenas del estado, la defensa de los recursos naturales y la protección de la frontera sur (que incluye tráfico de indocumentados y drogas). En los tres casos, la estrategia y la mayoría de los efectivos se orientan a funciones de contrainsurgencia.

A pesar de las protestas recientes contra la militarización y la sostenida demanda de organizaciones indígenas y centros de derechos humanos para que se retire el Ejército de las comunidades, se siguen estableciendo posiciones. Ahora que se abrirán cinco pozos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Reforma, se preparan nuevas bases castrenses en la región.

Así, por ejemplo, en el municipio de Pichucalco, gobernado por el Partido de la Revolución Democrática, se sabe que el Ejército está solicitando tierras para tomar posiciones allí en el corto plazo.

La explotación petrolera al norte del estado ha entrado en un proceso de aceleración insospechado. Según testimonios de los pobladores de diversas comunidades, ya trabajan en la fase final de exploración técnicos ingleses y franceses, de empresas extranjeras que han recibido concesiones de Pemex, aunque el interés estratégico de estos yacimientos corresponde a Washington. Analistas independientes consultados por La Jornada consideran que el súbito incremento de pozos aquí obedece a las crecientes dificultades de Estados Unidos con Venezuela, uno de sus proveedores más importantes.

Parte de la "cooperación" del gobierno mexicano con el estadunidense en el "caso Venezuela", evidenciada en la reciente cumbre de Monterrey, consistiría, según esto, en sustituir desde Chiapas el abasto venezolano.

Otra manifestación de la omnipresencia castrense es la militarización de las policías estatales y de los organismos policiacos y judiciales federales que operan en Chiapas, como la Policía Federal Preventiva y la Procuraduría General de la República.

En algunos casos los soldados realizan funciones de policía, pero las policías, todas, se han militarizado, y de manera un tanto extraoficial son comandadas desde los cuarteles del Ejército. Y con frecuencia actúan conjuntamente, borrando las distinciones entre lo judicial y lo castrense.

Porciones considerables del territorio chiapaneco se encuentran, en los hechos, más bajo jurisdicción de la séptima Región Militar que de las autoridades civiles y el gobierno de Tuxtla Gutiérrez. Esto no es nuevo; el virtual "gobierno militar" en la zona de conflicto se estableció durante el interinato como gobernador de Julio César Ruiz Ferro, y se consolidó con el interinato post Acteal de Roberto Albores Guillén. El actual gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía sencillamente ha dado continuidad a dicha sustitución del poder en las tierras de los indios.

La continuidad a la política de cuantiosa inversión pública que muchos han llamado clientelar es percibida como contrainsurgencia por millares de indígenas. En junio de 2003, el subcomandante Marcos escribía: "Si las comunidades zapatistas quisieran, serían las de mejor nivel de vida de América Latina". Puesto que sostienen su resistencia, no lo son, y todo ese dineral se invierte en aislarlos, dividirlos e intentar acabar con ellos.

La guerra y la política social de contención en Chiapas han resultado extremadamente costosas en términos económicos, pero no fueron diseñadas para resolver los problemas planteados por la insurreción indígena ni las causas que le dieron origen, sino para sitiar, acotar, en fin, combatir a los rebeldes.

En Chiapas todo es frontera

Dentro de la séptima Región Militar la principal vigilancia fronteriza se efectúa desde la 36 zona militar de Tapachula. Pero también participa la 39 zona, con sede en Toniná, pues ésta posee las posiciones fronterizas de la zona de conflicto (Amparo Aguatinta, Maravillas Tenejapa, Ixcán), que además rodean por el sur a Montes Azules; sus demás destacamentos sitian las cañadas de la selva Lacandona y la zona chol al norte de los Altos.

La vigilancia "petrolera" corre a cargo de la 31 y 38 zonas militares, en Tuxtla Gutiérrez y Tenosique (Tabasco), respectivamente. Suyas serían las nuevas posiciones cerca de Reforma, si bien ambas están directamente involucradas en el cerco a los más de 40 municipios autónomos de comunidades bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, junto con las zonas militares de Toniná y Rancho Nuevo (la cual es el comando de infantería correspondiente a la capital de estado, pero se despliega en todos los municipios tzeltales y tzotziles de los Altos, en particular San Pedro Polhó, San Andrés Sakamch'en de los Pobres y San Juan de la Libertad).

Algunos analistas consideran que en Chiapas hubo un cambio de estrategia militar a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, sin que ello significara alterar la distribución de bases y campamentos; en todo caso, se agregaron algunos.

Nuevas posiciones del Ejército en la frontera sur con Guatemala, en los linderos con Oaxaca y Tabasco. Amenaza con establecer nuevas posiciones en Tila si la gente no suspende sus protestas de rechazo. Creación de nuevos puestos de vigilancia y retenes dentro de la zona de conflicto. A 10 años del alto el fuego en Chiapas, el Ejército sigue avanzando, aumentando, actuando.