Entre sus objetivos, cansar a la sociedad civil, dicen ONG

"Guerra integral de desgaste" en zona rebelde de Chiapas

Oficialmente no existe, pero afecta a miles de indígenas

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de las Casas, Chis., 20 de enero. Así como avanza sin tregua la guerra de baja intensidad (GBI) en los territorios rebeldes, también avanzan los estudios y las interpretaciones sobre dicha forma de guerra encubierta, que oficialmente "no existe", pero forma parte de la vida cotidiana de miles de comunidades indígenas en Chiapas.

En estos días se generaliza el concepto de guerra integral de desgaste (GID) entre los activistas y defensores de derechos humanos pues, a su juicio, describe mejor lo que ocurre en el caso específico del conflicto chiapaneco. Un pequeño manual de la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, de reciente y modesta edición, respaldado por varios centros y comités de derechos humanos que trabajan en la entidad, define "guerra integral" como aquella "que usa elementos militares, políticos, económicos, sicológicos, propagandísticos, sociales y culturales, y busca afectar todos los ámbitos de la vida".

Esta definición se completa con "desgaste", cuyo "objetivo a largo plazo es cansar a la población civil, base de apoyo, para que deje su lucha". El concepto sólo actualiza la clasificación original de los manuales de guerra irregular, tanto del Pentágono estadunidense como del Ejército federal.

Descrita tradicionalmente como de baja, mediana y alta intensidad desde la guerra de Vietnam y a lo largo de las desdichadas revoluciones centroamericanas, la GBI ha consistido en una estrategia "que no se trata de enfrentamientos y balazos -aunque también los puede haber-, sino de muchos elementos. Su lema es 'dejar sin agua al pez'. El 'pez' es la guerrilla, y el 'agua' la población civil base de apoyo". (Guerra de baja intensidad o guerra integral de desgaste, folleto de la Red de Defensores Comunitarios, San Cristóbal de las Casas, 2003).

"ƑQué busca la GID en Chiapas?", se pregunta dicho manual: "Pues quitar el apoyo al EZLN e impedir el desarrollo de la autonomía de los pueblos organizados". Ello se fundamenta en lo que se menciona como objetivos centrales de la GID (o GBI). Primero, "romper la organización de la población civil base de apoyo. A esto se llama romper el tejido social. En otras palabras, dividir a las comunidades". Y segundo, disminuir "el costo político para el gobierno y el Ejército; así se esconden a la opinión pública nacional e internacional las consecuencias que sufre la población por la guerra".

ƑExiste una estrategia de GID en Chiapas?, se pregunta el pequeño manual, dirigido a observadores civiles y defensores de derechos humanos en las comunidades, y la respuesta es afirmativa. "La población civil tiene un lugar importante en esta estrategia y hacia ella se dirige el control y el hostigamiento que incluyen acciones militares-paramilitares, de espionaje y contrainsurgencia, judiciales y propagandísticas".

La militarización "afecta la vida de las comunidades", mientras la paramilitarización ("usada donde se ha aplicado la GBI") consiste en "armar y entrenar grupos civiles para atacar a la población civil". Los grupos paramilitares "sirven para hacer el 'trabajo sucio' de asesinar, amenazar y controlar a la población civil, y cuidar la imagen de Ejército, aunque está bien documentado que éste forma, entrena, financia, arma y protege a grupos paramilitares".

La paramilitarización, prosigue el citado manual, "al mismo tiempo sirve para legitimar la presencia del Ejército federal, argumentando que los indígenas se matan entre ellos y el Ejército está aquí para evitarlo, como dijeron cuando ocurrió la masacre de Acteal".

Contra lo sostenido habitualmente en las versiones gubernamentales, tanto federales como locales, este manual afirma que los proyectos o "apoyos" del gobierno se utilizan para romper el tejido social. "El gobierno usa recursos públicos para dividir a las comuniudades con 'apoyos'. Peor aún, en muchos casos los gobiernos municipales se encargan de canalizar recursos públicos para los grupos paramilitares. El mejor ejemplo en este sentido es el grupo Paz y Justicia que opera en la zona norte".

Para ilustrar el empleo "contrainsurgente" de ciertas inversiones públicas, se cita una denuncia de la junta de buen gobierno zapatista de los Altos, referida al municipio autónomo 16 de Febrero (Simojovel) en algún momento del año pasado. Las autoridades autónomas daban a conocer que en las comunidades San Antonio Nuevo León, Zacatón Santa Teresa, Guadalupe Tepeyac y ejido San Andrés Duraznal se "obliga a la población a recibir apoyos del gobierno y firmar documentos sin saber de qué se trata. Al no aceptar apoyos y no firmar (los campesinos), son hostigados, amenazados con despojarlos de sus tierras y expulsarlos de la comunidad por parte de los priístas".

Como dato adicional, el manual menciona que "a fines de 1998 llegaron a 21 mil las personas desplazadas en Chiapas, la mayoría en la zona norte y los Altos". En 2004, permanecen en exilio, en los territorios mencionados, cerca de 10 mil personas.

Para describir la propaganda al servicio de la GID, el manual cita un párrafo del ya clásico libro El tercer vínculo (Editorial Joaquín Mortiz, México, 1996), de Carlos Fazio: "El ocultamiento sistemático de la realidad es una de las características de la guerra sicológica, que busca imponer la verdad oficial distorsionando o falseando datos, o bien inventando otros... Esta 'historia' oficial se impone a través de un despliegue propagandístico intenso y muy agresivo, al que se le respalda incluso poniendo en juego todo el peso de los más altos cargos oficiales".

El nuevo manual de derechos humanos ofrece finalmente una metodología para enfrentar la GID mediante reportes y denuncias que sean impecables y transmitan tanto los hechos que se denuncien como la voz de las comunidades afectadas.