En nueve años el gobierno destinó 284 mil 505.3 millones de pesos sólo a intereses

Al rescate de bancos, 3 veces más recursos que a infraestructura

Ese monto equivale a la mitad de la inversión que requieren Pemex y la Comisión Federal de Electricidad en los próximos 10 años para modernizarse y garantizar el abasto de energía

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

La transferencia de fondos públicos para financiar el costo del rescate bancario prácticamente triplicó en el año anterior los recursos destinados por el Estado para desarrollar obras de infraestructura, en un hecho que revela la carga que la operación de salvamento de las instituciones de crédito, que el actual gobierno se niega a investigar, imprime sobre el desarrollo del país.

La canalización de menos recursos públicos a la inversión física que al rescate financiero ocurre desde el momento mismo en que el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo decidió comprometer dinero de los contribuyentes para evitar la quiebra del sistema financiero, el que posteriormente y después de haber sido saneado, fue entregado a inversionistas extranjeros.

Entre 1995 y hasta diciembre de 2003 el gobierno ha destinado 284 mil 505.6 millones de pesos para cubrir a los banqueros el interés derivado del rescate de las instituciones financieras, de acuerdo con información del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta cantidad superó en 70 por ciento el monto de recursos públicos canalizados durante el mismo periodo a financiar la inversión física gubernamental, que en ese lapso alcanzó 165 mil 697.9 millones de pesos.

Sólo en 2003, la partida presupuestal para cubrir el costo de los intereses del rescate bancario, que es pagado sin que disminuya el capital de la deuda asumida por el Estado, ascendió a 30 mil 410.88 millones de pesos. En ese mismo año el gobierno federal destinó a inversión física 12 mil 472.86 millones de pesos.

Los recursos pagados por los contribuyentes mexicanos en estos nueve años al rescate bancario equivalen a la mitad de la inversión requerida en la siguiente década por Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad para lograr su modernización y garantizar el abasto de energía. Las propuestas para privatizar esta industria tienen su argumento principal en la carencia de recursos públicos para atender las necesidades de inversión en ambas paraestatales.

Aun con la transferencia de recursos públicos a la banca para pagar el costo del rescate financiero, la deuda asumida por la administración del ex presidente Zedillo y que actualmente es objeto de polémica sobre su legitimidad no ha disminuido.

En 1998, cuando prácticamente habían concluido las operaciones de saneamiento de los bancos con recursos públicos, la deuda por estas operaciones alcanzó 518 mil millones de pesos. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano de fiscalización del Congreso, los pasivos llegaron en noviembre a un billón de pesos y cerraron el año en un billón 12 mil millones de pesos. Esta cantidad supera inclusive el saldo de la deuda externa pública, que según la SHCP es de 78 mil 477.1 millones de dólares, unos 855 mil 400.39 millones de pesos.

Desde mediados del año pasado el rescate bancario que siguió a la crisis desatada por la devaluación de diciembre de 1994 ha sido objeto de polémica. Primero, cuando la ASF detectó que cuatro instituciones (Banamex, Bancomer, Bital y Banorte) habrían recibido beneficios de manera irregular, señalamiento que los cuatro bancos rechazaron. La Auditoría Superior recomendó una nueva auditoría, pero los bancos iniciaron un proceso legal para evitarla.

Después, el IPAB dio a conocer que no realizará el intercambio de pagarés Fobaproa hasta que los cuatro bancos no se sometan a una revisión. El intercambio es indispensable si las instituciones desean que los papeles que recibieron durante el gobierno del ex presidente Zedillo, avalados por el Fobaproa pero no por el Congreso, sean intercambiados por bonos IPAB, que tendrían el respaldo del instituto.

Actualmente la junta de gobierno del IPAB es básicamente afín al gobierno federal.

El domingo pasado La Jornada publicó que la SHCP negocia en secreto con Banamex, Bancomer, Bital y Banorte un acuerdo para cargar a los contribuyentes más de 109 mil millones de pesos que las cuatro instituciones habrían recibido como apoyos irregulares durante el rescate financiero.

Otros reportes apuntan a que el monto podría alcanzar hasta 167 mil millones de pesos y que la aprobación por parte del IPAB de esta maniobra estaría prácticamente lista, dada la afinidad de los integrantes de la junta de gobierno del instituto con el secretario de Hacienda, Francisco Gil, quien antes de ocupar el actual cargo fue un alto ejecutivo del corporativo propietario de Banamex.